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Ministerio Público se hace cargo y emplaza a SII a investigar operaciones de corredoras para que clientes VIP evadieran impuestos

Ministerio Público se hace cargo y emplaza a SII a investigar operaciones de corredoras para que clientes VIP evadieran impuestos

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Héctor Cárcamo
Por : Héctor Cárcamo Periodista El Mostrador Mercados
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La fiscalía remitió al servicio antecedentes -que originalmente reveló este medio- de transacciones de los últimos años en que corredoras compraban a nombre de empresarios papeles para deducirlos de sus patentes comerciales. Esta es la trama de una historia antigua pero acallada por sus protagonistas y las autoridades.


Por primera vez una entidad del Estado se hace cargo de lo que no ha hecho ninguna otra antes. El diario La Tercera publicó hoy un artículo en el cual revela que el Ministerio Público envió el pasado 3 de junio al Servicio de Impuestos Internos (SII) antecedentes de operaciones bursátiles de fin de año que aparentemente tendrían carácter de delito.

Estas millonarias transacciones apuntarían a evadir el pago de patentes comerciales, los impuestos que deben recibir cada año las municipalidades de las empresas que están instaladas en su comuna por los activos que mantiene en su poder. Dicho pago equivale al 0,5% de sus bienes, monto que parece menor pero que dado el patrimonio de los empresarios implica el desembolso de grandes sumas de dinero.

El Ministerio Público señala al SII que los antecedentes que le hacen llegar “podrían tener carácter de delito”. Hasta ahora, según La Tercera, el SII no ha respondido.

Esta es la primera vez que alguna entidad pública tiene una actuación pública en que evidencia cuestionamientos a estas operaciones. En febrero de este año la fiscalía ya había pedido información a la Bolsa de Comercio de Santiago que elaboró un informe con estas operaciones.

El origen del caso

El Mostrador Mercados reveló estas operaciones hace un año en dos artículos que puede ser vistos aquí y aquí.

En ese momento se le consultó al Servicio de Impuestos Internos y hasta hoy no ha habido respuesta.

La superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en tanto, dijo que siempre revisa las operaciones del mercado y anunció que pidió a la Bolsa que elaborara un informe al respecto. Lo cierto es que la Bolsa comenzó a investigar a partir de la información que El Mostrador Mercados le hizo llegar de estas operaciones.

Justamente, este medio reveló el 29 de enero de este año un informe reservado de la Bolsa de Comercio de Santiago donde se confirmaban indicios claros de estas operaciones, pero la SVS hasta ahora no ha mostrado ningún resultado, un año después de nuestras revelaciones.

El Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio, que está encargado de revisar el cumplimiento de la normativa bursátil ha venido revisando el informe de la Bolsa y en los próximos días debiera emitir su informe. Sin embargo, el presidente de este Comité, Lisandro Serrano, dijo claramente que estas operaciones eran conocidas en el mercado, aunque cuestionó que fueran ilegales y habló más bien de falta de ética en el mercado.

Incluso el municipio de Las Condes, cuando fue consultado en su momento hace un año dijo que dado que era tema de impuestos lo que correspondía era que el SII investigara, desligándose de perseguir responsabilidades y buscar resarcirse de la aparente evasión de patentes comerciales.

Consultado nuevamente, respondió que están “atentos a eventuales delitos que puedan determinar las instituciones que están investigando estas situaciones».

De acuerdo a lo que este diario publicó en su momento, las operaciones que realizaban las corredoras de bolsa para clientes de alto patrimonio y también en algunos casos para directores y socios de sus propias corredoras, sumaron más de US$ 1.000 millones y vienen haciéndose por años.

Aun más, entre las corredoras involucradas está además de la Penta, Larrain Vial -la misma sancionada en el caso Cascadas-, Banchile -también involucrada en dicho caso- Bice -del grupo Matte- y BTG Pactual, que antes se llamaba Celfin Capital y cuyos dueños (cuando se hicieron dichas operaciones) eran el acgtual presidente de la Bolsa de Comercio, Juan Andrés Camus y Jorge Errázuriz, empresario de derecha.

La cadena para evadir, el rol de las AFP y el link con Cascadas

La cadena operaba así. Un cliente, empresario normalmente de alto patrimonio, compraba los últimos días de cada año a través de una corredora de bolsa acciones a terceros. Luego, el primer o segundo día del siguiente año las acciones eran transadas de vuelta al dueño original. Como las acciones -en la primera operación- tenían pagados sus impuestos, éstos se usaban para descontar el pago de las patentes comerciales del empresario que adquirió los papeles.

Y esto, según lo reporteado con diversas fuentes que conocieron y en algunos casos participaron de estos negocios, se hacía con operaciones que nunca tuvieron el objetivo de traspasar el activo, sino sólo simular –formalmente- dicho traspaso.

Por eso, el ex gerente de inversiones de Banchile, Cristián Araya señala -como refiere hoy La Tercera– que se trata de una forma de operar idéntica a la que se usó en el llamado “esquema” del Caso Cascadas, donde él está siendo investigado por el Ministerio Público.

En esta causa, por la que la SVS sancionó por un total de más de US$ 160 millones de multas a Julio Ponce, Leonidas Vial, Larrain Vial, Roberto Guzmán, Aldo Motta y el propio Araya, entre otros, la autoridad afirma que se hacían operaciones que simulaban un objetivo de traspaso de activos (acciones) para luego realizar la operación de vuelta, horas, días, semanas o meses después.

En el caso de las operaciones por las que hoy el Ministerio Público le pide al SII que investigue, se trata de cadenas de transacciones con menos de 5 días de distancia entre la ´de ida y la de vuelta.

Pero además, el caso involucra también a las AFP ya que, según las fuentes consultadas por este medio, una parte mayoritaria de las acciones usadas por las corredoras eran arrendadas a las gestoras privadas.

De hecho, el propio Hugo Bravo, el ejecutor de las evasiones de impuestos del grupo Penta que investiga el Ministerio Público, declaró que Cuprum ayudaba en ello a la corredora de Bolsa de Penta arrendándole acciones, cuando Penta era dueña de dicha administradora.

Sobre este tema, hasta ahora, la superintendencia de Pensiones no se ha pronunciado. Algunas AFP señalan en forma confidencial que arriendan acciones permanentemente, que ello se planifica con mucha anticipación y que no es efectivo que fueran parte de esta trenza de operaciones para evadir impuestos municipales.

Hoy, aseguran desde todos los actores del mercado, estas operaciones o no se realizan o se realizan poco. Eso mismo refrendó el titular de la SVS, Carlos Pavez. “Este último año ya nos deja bastante más tranquilos, en el sentido de que ese foco que ha causado inquietud en algunos inversionistas, ya prácticamente no existe”, dijo ante la comisión investigadora por el caso Penta de la Cámara de Diputados.

Las otras operaciones irregulares

Cristian Araya denunció ante la Fiscalía, según La Tercera, que la SVS sólo se empecinó en operaciones de las corredoras para el Caso Cascadas, pero que nunca ha puesto atención a una larga lista de operaciones con características similares.

Esto es, transacciones con pocas posibilidades de ser intervenidas por terceros y donde necesariamente debió haber acuerdo fuera de la bolsa para hacerlas sin que intervengan terceros, todas ellas, reclama Araya,“inexplicablemente no fueron cuestionadas por la SVS”.

En su declaración aborda cinco casos: transacciones con el papel Camanchaca del 3 de noviembre de 2011; con papeles del banco Santander del 27 de febrero de 2013; con acciones de SAAM -la filial de Sudamericana de Vapores, del grupo Luksic- del 6 de septiembre de 2013; con papeles de Sonda del 2 de marzo de 2015, y del 20 de noviembre de 2012 con títulos de la constructora Pazcorp.

El Mostrador Mercados hizo público el caso de la última de estas cinco operaciones, con papeles de Paz donde tuvo participación el entonces presidente de Consorcio, Juan Bilbao, hoy fuera de dicha empresa luego que la SEC (simil de SVS en Estados Unidos) lo demandara por uso de información privilegiada en la compra de acciones de la cadena de laboratorios CFR (Recalcine) entre marzo y mayo de 2014, cuando estaba informado en forma reservada de una oferta de la cadena Abbot para adquirir la compañía controlada por su amigo Alejandro Weinstein y de la cual Bilbao era director.

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