Opinión
Con los despidos masivos es usual que los colaboradores que permanecen en la empresa disminuyan su desempeño, lo que acrecienta el problema original. Esto se podría enfrentar con programas que fortalezcan recursos laborales para disminuir la incertidumbre y el estrés.
La protección del medio ambiente o la incorporación de nuevas tecnologías generan hoy inseguridad laboral en el país. Esto sucede con empresas que no se anticiparon a las transformaciones del entorno, como los cambios en los estilos de vida o nuevos marcos regulatorios. Razones que explicarían la crisis que viven por estos días la industria del plástico y las imprentas en Chile.
La entrada en vigencia de la normativa que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el comercio, afectaría a las grandes y pequeñas empresas de este rubro y alrededor de 3 mil personas podrían ser despedidas. Se dejarían de producir 25 mil toneladas anuales de bolsas plásticas, las que en un 60% son usadas para depositar la basura domiciliaria. Una medida que es apoyada por el 95% de los chilenos, según la Encuesta Nacional del Medio Ambiente 2018.
Por otro lado, la exigencia de la boleta electrónica, dada a conocer en el mensaje presidencial sobre la reforma tributaria, encendió la alerta en el rubro de las imprentas. Lo que se unió al regreso del fantasma de la quiebra de algunas empresas gráficas hace tres años, cuando se incorporó la factura electrónica. En el país existen unas 5 mil imprentas, pero las que se verían más golpeadas con esta iniciativa serían un 20% de ellas, principalmente micro y pequeñas empresas, que generarían unos 3 mil puestos de trabajo.
Es un hecho que la mayoría de estas empresas tendrán que hacer trasformaciones en sus modelos de negocios para anticipar en el futuro los posibles cambios que surgen de los consumidores y entes regulatorios. Fundamentalmente, porque detrás existiría un alto costo social. Al decrecer el crecimiento económico, este perjudicaría el empleo y los trabajadores tenderían a disminuir la productividad laboral.
De acuerdo a mis investigaciones DICYT de la Universidad de Santiago, en las empresas que reaccionan tardíamente ante los cambios del entorno, los grupos más afectados no solo serían los empleados despedidos por reestructuraciones de operaciones sino los que permanecen, los sobrevivientes.
Lo fundamental con los desvinculados sería la comunicación oportuna sobre las decisiones y razones del despido, así como la percepción de que el proceso fue realizado con justicia. A su vez, las empresas deberían realizar programas que incluyan beneficios para estos trabajadores como el outplacement. Esto entregaría mayores herramientas para acceder al mercado laboral o para emprender como contratistas o microempresarios.
Con los despidos masivos es usual que los colaboradores que permanecen en la empresa disminuyan su desempeño, lo que acrecienta el problema original. Esto se podría enfrentar con programas que fortalezcan recursos laborales para disminuir la incertidumbre y el estrés, como por ejemplo el capital psicológico, que consiste en cuatro factores de personalidad: autoeficacia, esperanza, resiliencia y optimismo.
Una mejora en los niveles de capital psicológico de los trabajadores, tal como lo señala la economía conductual, podría amortiguar las consecuencias negativas de la inseguridad laboral en el bienestar físico, psicológico, actitudinal y de conductas laborales.
En definitiva, entrenar el capital psicológico, desarrollaría el potencial en las personas, de manera que la inseguridad laboral dejaría de ser un constante temor entre los chilenos, sobre todo de aquellos que enfrentan por estos días el incierto futuro de las imprentas y la industria del plástico.
