Opinión
Aprobar la plena integración tributaria como propone este gobierno es, sin duda, una mala idea en economías pequeñas y abiertas como la chilena.
Los más importantes expertos internacionales en tributación demuestran que la integración tributaria no conlleva un aumento de la inversión ni del empleo (por ejemplo, Robin Boadway, Neil Bruce, Clemens Fuest, Bernard Huber y muchos otros). Además, esta reforma tiene un costo fiscal de gran magnitud que puede llegar a 800 millones de dólares anuales que beneficiarían principalmente a los grandes empresarios. A pesar de esto, el Gobierno sigue en una actitud recalcitrante de insistir en llevar adelante a todo costo la integración tributaria.
Algunos sectores de la oposición aparentemente estarían dispuestos a aprobar la reforma si se incrementan los impuestos personales aumentando las tasas marginales máximas de 35% a 40%, frente a lo cual el gobierno estaría llano a negociar.
Esta propuesta es también inadecuada, porque gravaría más las rentas de profesionales de alto nivel, los cuales a menudo contribuyen de manera importante al avance tecnológico del país. Más aún, al revés de lo que dicen los economistas de Gobierno, actualmente existe una clara discriminación en contra de estas rentas y a favor de las rentas del capital, las cuales pagan tasas efectivas inferiores a las del ingreso del trabajo.
Aumentar el impuesto personal, lejos de mitigar la ineficiencia causada por la reforma del Gobierno, la exacerba. Además, el potencial recaudatorio de las rentas personales es bastante menor, tal vez se podría recuperar como máximo un 20% de la recaudación fiscal perdida por la integración tributaria.
Proponemos una forma de compensación diferente, que aparte de tener el potencial de recuperar íntegramente la pérdida de recaudación causada por la integración, también compensa la inequidad tributaria que esta induce y a la vez aumenta la eficiencia económica.
La principal razón por la cual las rentas del capital pagan tasas efectivas de impuesto muy bajas es porque la base tributaria de estas rentas no son las utilidades totales de las grandes empresas, sino que solamente pagan sobre las utilidades distribuidas, que son el 30% de las ganancias totales.
Las empresas están obligadas por ley a distribuir un 30% de sus utilidades y eso es todo lo que distribuyen como dividendos. El resto es retenido en la empresa de manera indefinida, y por lo tanto no paga impuestos de segunda categoría y estos recursos pasan a engrosar el valor de la empresa.
Los socios de las grandes empresas pueden retirar más utilidades, pero no a través de dividendos, sino que simplemente como ganancias de capital al vender una parte de sus acciones en bolsa a un mayor valor.
Y aquí viene una gigantesca forma de elusión tributaria que la ley permite: las ganancias de capital de las empresas que se transan regularmente en bolsa están exentas de impuesto.
Esto permite a los accionistas pagar impuestos de segunda categoría solo sobre el 30% de las utilidades y no sobre el total de ellas. Chile es uno de los pocos países en el mundo que permite exención tributaria a las ganancias de capital, una granjería otorgada a los grandes empresarios a partir del año 2002.
Al momento de aprobarse esa ley se estimó que las pérdidas de recaudación tributaria no serían muy grandes, ya que se midió solo lo que directamente se pagaba por concepto de ese impuesto. Sin embargo, las autoridades de la época no aquilataron la real importancia del gigantesco loophole que estaban abriendo al permitir que 70% de las utilidades queden exentas del impuesto de segunda categoría de manera indefinida.
Nuestra propuesta consiste en eliminar esta granjería y restablecer un impuesto a las ganancias de capital al nivel que prevalecía hasta el año 2000. De esta manera se elimina la elusión vía utilidades retenidas, lo cual aparte de compensar plenamente la pérdida de ingresos fiscales de la reforma, contribuye a reducir la inequidad tributaria horizontal que actualmente favorece a las rentas del capital sobre las del trabajo y, por lo tanto, reduce la ineficiencia económica.
Este impuesto a las ganancias de capital generaría mayores ingresos fiscales. De acuerdo a nuestras estimaciones, la implementación de este impuesto generaría entre 700 y 800 millones de dólares, es decir, compensaría en 100% las pérdidas de ingresos tributarios de la integración.
