Acusando que el proyecto "no contempla mecanismo alguno para resarcir este menoscabo patrimonial", un grupo de 338 pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del cuarto retiro de fondos previsionales, actualmente en el Congreso.

Según el recurso, el grupo de pensionados solicita que se archive la iniciativa legal ya que a su juicio, "sumado a los efectos del ‘primer anticipo' ya aprobado, este ‘segundo anticipo' establece condiciones más gravosas para las compañías de seguros de vida y constituiría un verdadero tiro de gracia a las rentas vitalicias". Aseguran que afectaría "a los mismos pensionados que el proyecto de ley supuestamente busca ayudar".

Además, de acuerdo al oficio consignado por El Mercurio, el proyecto amenazaría el pago de más de 600 mil rentas vitalicias, incluyendo aquellas que mes a mes reciben los 338 pensionados que interponen esta acción y los más de 1.200 que han manifestado su intención de adherirse a ella. Afirman que el cuarto retiro y segundo anticipo de rentas vitalicias "se trataría de un proyecto que importa una amenaza actual y seria al derecho de propiedad de los representados que debe ser corregido”.

"Las graves consecuencias del proyecto de ley son públicamente conocidas. Prácticamente todos los expertos y reguladores financieros de nuestro país han advertido que el ‘segundo anticipo' de rentas vitalicias dispuesto (…) erosiona la solvencia de las compañías de seguros de vida afectadas, empujando a muchas a una inminente situación de cesación de pagos y, por tanto, compromete el pago de las pensiones de todos los jubilados con rentas vitalicias en esas entidades", agrega el recurso patrocinado por el abogado Pedro Echeverría.

"La situación de incertidumbre que genera esta amenaza es fuente de constante angustia y estrés para los pensionados, perturbando, desde hace ya varios meses, el derecho a la integridad psíquica", sostiene el documento.

Cabe mencionar que la acción judicial se presentó contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera; el Senado y la Cámara de Diputados, y se basa en "la actuación arbitraria y abiertamente contraria a las garantías constitucionales consagradas en los números 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución".