Dirigió la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) entre 1998 y 2000, fue rector de la Universidad Central, actualmente es director del banco Ripley y desarrolla labores de consultoría en el sector financiero.
Ernesto Livacic desmenuza los efectos del escándalo de La Polar en el mundo de los negocios y la cruzada fiscalizadora que lanzaron las superintendencias, en especial la de Valores y Seguros (SVS), que dirige Fernando Coloma.
Algunos experimentados actores de la plaza describen lo que está haciendo Coloma como un cambio radical respecto de lo que se venía haciendo, lo cual además ha modificado la forma como operan empresas, directores, ejecutivos, clasificadoras, auditoras y corredoras.
Livacic cuestiona algunas ideas de Coloma y relativiza su acción fiscalizadora, critica la labor del ex titular de la Sbif, pero reconoce que ha cambiado radicalmente el desempeño de los directores de empresas por La Polar. De paso, hace criticas al proyecto del ministro de Economía, Pablo Longueira, para reducir la Tasa Máxima Convencional (TMC) y consolidar las deudas.
¿Ve una mayor proactividad de la SVS tras el caso La Polar?
Yo no tengo antecedentes suficientes como para hacer un juicio respecto de qué es lo que las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) y de Valores y Seguros (SVS) están haciendo después del tema La Polar. Ahora, creo que sin duda ese tema tuvo un impacto muy grande no sólo en el mercado, sino que en la conducta de los consumidores y la percepción del público en general respecto de algunas prácticas que a veces se dan.
En el caso de CMR y Mis Cuentas Punto Com, por ejemplo, se trata de algo que es absolutamente distinto en su lógica de lo de La Polar, pero como que se mete todo en el mismo saco. En ese caso, primero no afecta para nada a los clientes y es un problema entre empresas, pero ha habido llamados destemplados de que estas cosas deberían estar reguladas por la autoridad. En ese caso Falabella tiene todos los incentivos para ejercer un control sobre las actividades del proveedor. Aquí no hay ni fe pública ni recursos de público comprometidos. No debiera ser regulada esa relación.
¿No cree que haya habido un cambio relevante en la labor de supervisión y fiscalización de las superintendencias, en especial la SVS?
No, lo que yo sí creo es que ha habido un cambio importante en relación con el tema de transparencia y abusos, básicamente en todo lo que tiene que ver con el Sernac Financiero, ahí me parece que ha habido un cambio sustantivo. En el resto me parece que los cambios son menos perceptibles.
Pero hemos visto a la SVS revisando covenants de empresas con mayor acuciosidad, revisando sociedades cascadas, el caso de Curauma-Cruzat ¿No revelan un cambio?
Es que, por ejemplo, el tema de SQM y las sociedades aguas arriba me parece super evidente que es un tema en el cual la SVS ha estado desde hace muchos años preocupada y lo que pasa es que nunca han podido encontrar los mecanismos para actuar, pero yo creo que ha sido un tema de permanente preocupación en la SVS. En ese caso, no me parece que haya una diferencia de énfasis o preocupación.
La SVS ha exigido más preocupación de los directores de las empresas… Pero esa es una tendencia que viene desde hace muchos años y que a mí me parece buena y favorable. En el tema de gobiernos corporativos, efectivamente hay mucho que avanzar todavía. Pero es un proceso que lleva muchos años y al que siempre contribuyen situaciones de alta connotación pública como fue el caso La Polar, y afuera en casos como Enron o Madoff.
¿Del punto de vista de las empresas ha habido cambios?
A mí me parece evidente que las sanciones que aplicó la SVS en el caso La Polar por más que sean procesos aún en curso, en que se sanciona a directores que habían estado incluso un período muy corto de tiempo en el cargo, obviamente generan una reacción en las personas. Hoy día todos los directores de empresas se cuidan, y la verdad nos cuidamos mucho más de ejercer muchos más con el debido celo e independencia nuestra responsabilidad.
¿Diría que hay un antes y un después del caso La Polar?
Yo creo que sí, de todas maneras, creo que es bueno, si los reveses tiene que servir para aprender.
¿En las auditoras qué le parece el nivel de las multas? ¿Son ejemplificadoras?
Creo que el caso de los auditores es bien complejo, porque muchas veces cuesta tener una opinión independiente respecto de quién es jefe de uno. El mercado provee ejemplos a menudo de situaciones en que la base de esa relación contractual importa un cierto conflicto que no se puede abordar adecuadamente. Al final, si lo que hay es un fraude o una acción deliberada de la empresa de esconder información, es muy difícil que los auditores puedan detectar esa situación y si las detectan que puedan actuar.
¿Y los directores?
La responsabilidad de los directorios debiera todavía profundizarse más. Creo que venimos de una tradición en que los directorios han sido vistos como cargos ornamentales o decorativos y eso está lejos de lo que es la realidad del mundo de los negocios de hoy, que tienen un rol clave en las estrategias de las compañías pero por otro lado, en el control supervisión y monitoreo de las gestiones. Me parece que las empresas van a tener que asumir que la labor del director requiere de un tiempo y dedicación mucho mayor de lo que estamos acostumbrados en Chile.
Deuda consolidada
¿Ayuda el proyecto que está pensando el Gobierno para consolidar información de deuda positiva (al día)?
Dijo que ayudaría a evitar casos como La Polar. Es una falacia pensar que el sistema de consolidación de deudores en la manera como está planteado primero permite abordar el tema del sobreendeudamiento. Yo creo que eso no es así, ni menos permite detectar situaciones como La Polar.
¿Por qué?
Eso significaría que existe un ente que va a estar permanentemente haciendo revisiones y cruces de información de todas las deudas que hay en el sistema y eso es imposible de cumplir, es un organismo de inteligencia financiera el que se está planteando. Esto podría permitir que quienes evalúan dar crédito lo hagan de mejor forma, pero de ninguna forma evitar fraudes.
¿No ayuda a conocer las deudas de todos en retail y banca?
Creo que se pone la carreta antes de los bueyes. Primero debiera discutirse qué información es pública y cuál es privada. A mí no me queda claro que estén todas las deudas disponibles para que las consulte casi cualquiera, no sea una cuestión que atenta contra la privacidad de las personas. Más aún, si la persona está cumpliendo con todos sus compromisos ¿Por qué tiene que saber lo que yo debo si lo estoy pagando?
Se supone que ayudará a que teniendo información habrá mejores tasas, al menos clientes de la banca… Yo creo que eso efectivamente podría ocurrir en algunos casos; ahora, la verdad es que hoy los bancos discriminan bastante por tasas entre los deudores, en especial en créditos de menor monto. Luego, la evaluación de los créditos masivos, a diferencia de evaluación de créditos a empresas, se hace con un mecanismo distinto y que tiene que ver con características generales de los deudores y no caso a caso porque eso es excesivamente caro y resultaría inabordable para los consumidores.
Creo que el proyecto de la manera que está planteado es un mal proyecto, no genera el consenso suficiente como para que avance más. Genera un monstruo que es el Sistema de Obligaciones Económicas, que es mucho más caro que el problema que resuelve y por ende es ineficiente y además significa una pérdida del punto de vista institucional y cambia de manera dramática el enfoque de la Superintendencia.
¿Qué efecto tendrá reducir la tasa máxima a 35% como propone el ministro Pablo Longueira?
En ese caso hay que tener cuidado que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Existe la condición de que las tasas de interés sobre todo en un grupo de deudores es muy alta, tasas de 54% como ahora es relevante, pero cambios en la forma de cálculo como la que se está planteando y sobre todo fijar números arbitrarios al 30% o 35% me parece que tiene tremendo efecto en el acceso al crédito en segmentos medios y bajos.
¿Hay alternativas?
Lo que uno debiera buscar es un equilibrio entre la transparencia y normas de operación de mercado y ver la realidad de riesgo y costos que esto tiene, pero regular el precio por decreto es un error. Si el mercado existe es porque hay oferentes y demandantes.
