Una de las definiciones más aceptadas de lo que es una economía de mercado es la que lo define como «el mejor mecanismo para asignar eficientemente los recurso en una sociedad».
De acuerdo a esa definición, el mercado en el sector eléctrico ha sido un fracaso en nuestro país.
Hoy Chile tiene la energía más cara de la región y una de las más costosas del mundo. Sumen a eso el hecho que la oferta no es la suficiente para satisfacer toda la demanda. Lo irónico es que para muchos de los economistas del sector, el problema que enfrenta la industria se debe a que no hay suficiente competencia.
Un consultor que ha asesorado tanto al gobierno como a las eléctricas, admite que el sistema actual no da para más. «El mercado no está respondiendo a las demandas del país, y no podemos echarle toda la culpa a que el gobierno no tiene reglas claras. Hay cosas que no funcionan en forma eficiente en el mercado eléctrico actual que no tienen nada que ver con los tribunales, ni los ecologistas, ni con el gobierno».
Un economista que ha participado en varias comisiones de energía explica que «la reforma al sistema eléctrico chileno de los 80 sirvió de modelo para otros países. La separación de generación, transmisión y distribución, combinado con las privatizaciones resultó en una explosión de inversiones privadas y ayudó al desarrollo, pero el sistema está pidiendo a gritos cambios, porque actualmente no está produciendo suficiente demanda y la que ofrece es carísima». Según él, «el principal problema es que no hay suficiente competencia y los principales actores tienen demasiado poder sobre el mercado».
La industria es altamente concentrada. Tres empresas, AES Gener, Colbún y Endesa, tienen más del 75% del mercado generador y el 90% del mercado de contratos. En los últimos 4 años las tres han ganado US$ 6.200 millones. Un cuarta, E-CL, la principal generadora eléctrica del Norte Grande, en 2011 tuvo utilidades netas por US$ 178,6 millones.
La industria tiene un análisis diferente. El sector argumenta que el origen de este problema es una combinación de factores: la sequía, los cortes de gas desde Argentina, el alto costo del petróleo y el retraso en los proyectos de generación y transmisión.
En su informe de noviembre de 2011, la Comisión Asesora para el Desarrollo Energético (CADE) confirmó que la concentración es un factor y admitió que las empresas tienen la capacidad de manipular las plantas que están en operación e influir sobre qué lineas de transmisión son construidas. Asimismo, el CADE destacó que las compañías distribuidoras —que son las que compran la mayoría de la energía en Chile y luego la venden a los consumidores finales— usan reglas y procedimientos que obstaculizan la entrada de nuevos actores al mercado.
Con todo, el CADE concluyó que la principal causa del alto costo de la energía en Chile no es falta de competencia, sino que el alto precio del petróleo.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, no está de acuerdo y hace un análisis diferente. En un informe que preparó, Larraín plantea que un gran porcentaje del alto costo que pagamos por la energía en Chile se debe a las grandes utilidades de las empresas generadoras, y no al alto costo de operación, lo que sugiere que las generadoras abusan de su poder en el mercado. Larraín explica que «las empresas generadoras están marginando más de un 50% sobre utilidad en el sector de los consumidores residenciales, por encima del 10% aplicado sobre su costo incluida la generación, teniendo presente que dicha tasa de rentabilidad es la estipulada en la regulación para los segmentos de transmisión y distribución».
Un reciente estudio mostró que los precios de energía en Chile superan en 60% el promedio de los países de la OCDE. Además, Chile es una de las naciones que evidencia la mayor alza en el valor de la energía en 14 años. Según la Agencia Internacional de la Energía y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), desde 1998 los precios de la electricidad para los clientes residenciales chilenos se han casi cuadruplicado.
Y el problema amenaza con poner en jaque los planes de desarrollo e inversión,en particular los proyectos mineros. Este mes, el presidente de Metales Base de BHP, Peter Beaven, advirtió que los costos de la energía en Chile son tres veces más altos que en Estados Unidos y Perú.
El problema se convirtió en crisis hace unas semanas con la decisión de Colbún de suspender el estudio de línea de transmisión de HidroAysén. Actualmente hay US$ 20.000 millones de inversión en proyectos de generación de energía detenidos. A esa cifra hay que sumarle el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde de Endesa, que esta semana la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Atacama rechazó. La decisión pone en peligro el suministro eléctrico para abastecer una cartera de proyectos mineros por US$ 32.600 millones en la III Región.
El empresariado culpa al gobierno y este ha respondido con una serie de reuniones y medidas que apuntan a dar confianza al sector.
Para Rene Muga, gerente general de Generadoras de Chile, cree que el actual debate es «bueno para el país y que este debe ser un debate en forma ordenada y constructiva». Opina que el objetivo debe ser lograr una matriz energética que sea segura, sustentable y competitiva.
El nivel de desarrollo de Chile lo caracteriza aún con un consumo de electricidad creciendo a una tasa cercana al producto (PIB). De acuerdo a un estudio de la asociación que lidera Muga, el consumo de energía eléctrica se ha duplicado cada 10 años. Chile necesita doblar su capacidad generadora en la próxima década tan sólo para proveer energía a la minería, la cual tiene comprometido US$ 100.000 millones en proyectos ya aprobados, y para 2030 el país necesita casi triplicarla.
El Gobierno admite el problema y lo ve como un obstáculo para llegar al desarrollo. En la Estrategia Nacional de Energía que publicó La Moneda en febrero, el Ejecutivo afirma que «Chile se enfrenta al desafío de contar con recursos energéticos suficientes y competitivos para alcanzar el anhelado desarrollo en las próximas décadas».
Alejandro Jadresic, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex ministro de Energía ha dicho en varias ocasiones que el alto costo de la energía implica una menor actividad económica que puede ser del orden de un 3% del PIB en el largo plazo. Por lo tanto, algunos sectores industriales están dejando de ser competitivos.
Rodrigo Castillo, director de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas sostiene que el país está viviendo un “una crisis de transmisión” de altos costos y estrechez de oferta.
Un creciente número de expertos cree que habría que poner más énfasis en las energías renovables no convencionales. En el congreso está el proyecto 20/20, el cual tiene como objetivo que para el 2020 el 20% de la energía en Chile sea renovable no convencional. Ya fue aprobado en el Senado.
Una nueva versión del informe de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vuelve a señalar que las energías renovables no convencionales ya son económicamente competitivas en Chile.
Esta es una de las principales conclusiones del informe encargado por el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés) que encomendó evaluar los costos comparativos de una amplia gama de tecnologías de generación en el sector eléctrico chileno. Según éste, las opciones tradicionales “no son necesariamente las más seguras o más asequibles para el futuro”.
El documento es categórico al señalar que el proceso que vive el sector energético chileno enfrenta el doble desafío de producir la energía necesaria para que el país alcance sus metas de desarrollo energético y no tenga impactos irreversibles sobre zonas naturales frágiles, resaltando que en estos últimos años estos desafíos han ido creciendo en el debate nacional sobre la necesidad, o no, de mega represas en la Patagonia y centrales térmicas a carbón.
Los inversionistas parecen estar de acuerdo. Entre 2006 y 2011, el país atrajo US$ 4.500 millones en inversiones en energía limpia, esto es, el 5% del total de fondos comprometidos para la región. En marzo, el grupo español Ibereólica anunció planes para construir una planta termosolar de 360 MW, que requerirá una inversión cercana a los US$ 2.600 millones. Actualmente hay proyectos de inversión de energía solar de US$ 3.000 millones en el sistema de Evaluación Ambiental.
