NdR: Esta columna de Claudio Agostini, economista y profesor de la Universidad Adolofo Ibañez, fue publicada originalmente en la revista Mensaje el 6 de diciembre. Nos pareció tan relevante que decidimos reproducirla en nuestra edición de hoy.
El Caso Cascadas explotó en la prensa en septiembre pasado cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra cuatro ejecutivos ligados a Soquimich. De ahí en adelante, hemos estado inundados de informaciones parciales y múltiples acusaciones cruzadas, lo que hace difícil seguir el hilo de los acontecimientos sin distraerse del tema de fondo: el controlador de la empresa hizo transacciones fraudulentas y poco transparentes que lo beneficiaron, perjudicando a los accionistas minoritarios.
Las sociedades cascada son sociedades controladoras de la Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (más conocida como Soquimich o SQM) y de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios, todas ellas relacionadas directa o indirectamente con Julio Ponce Lerou.
De este grupo, Soquimich es una empresa real que produce salitre, yodo, nitrato, potasio y litio. Tiene una filial llamada Soquicom, que presta el servicio de comercialización a los productos de su empresa matriz. Todo el resto de las empresas asociadas son sociedades de inversión –varias de ellas, simplemente de papel– que permitieron a Ponce Lerou levantar capital de terceros, triangular dinero y acelerar la acumulación de riqueza en sus empresas para aumentar su presencia nacional e internacional.
Como ya es sabido, la SVS formuló cargos, en una primera etapa de fiscalización, contra el mismo Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.
El enjambre de sociedades no es menor y permite, potencialmente, hacer múltiples transacciones entre ellas, las cuales –como se ha expuesto en esta investigación– no siempre perseguían el bien ni de la propia empresa ni de todos sus accionistas, y hacían más difícil detectar irregularidades entre las transacciones. Probablemente, también permiten eludir impuestos fácilmente, pero eso es algo que está fuera del ámbito de investigación de la SVS. Es así como esta entidad identificó 37 sociedades, de las cuales 5 son sociedades cascadas; 16 son sociedades de inversión vinculadas con Ponce Lerou –tanto en Chile como en el exterior– y otras 16 están relacionadas con sus socios Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc, Luis Saldías Varas y Leonidas Vial.
TRANSACCIONES FRAUDULENTAS Y POCO TRANSPARENTES
La investigación de la SVS muestra la existencia de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento en las que las sociedades cascada vendían acciones de las empresas Oro Blanco, Calichera A y SQM-B a precios bajo mercado y, además, operaban impidiendo que un gran número de inversionistas pudiera comprarlas. Para ello se hacían remates de acciones que eran anunciados con pocas horas o, incluso, minutos de anticipación, o simplemente se efectuaban órdenes directas de compra (en donde el vendedor y el comprador eran el mismo agente). Estas órdenes directas de compra se hacían sin difusión alguna a través de la corredora LarrainVial. Los compradores eran principalmente diferentes sociedades relacionadas con Ponce y Guzmán. También hay transacciones asociadas a Leonidas Vial, uno de los dueños de la corredora LarrainVial, a través de la cual se hacían las transacciones. Posteriormente, estas sociedades vendían las acciones a precios significativamente mayores a los que las habían comprado, la mayoría de las veces a precios sobre mercado (precios artificialmente altos). Las contrapartes de estas operaciones eran, mayoritariamente, las mismas sociedades cascada.
En resumen y expresado en lenguaje entendible por todo el mundo, este es un esquema fraudulento de venta y compra de acciones que consiste en que una sociedad cascada, controlada por Ponce Lerou, vende en bolsa un paquete de acciones a un precio artificialmente bajo a un palo blanco. Este palo blanco vende, luego de transcurrido poco tiempo, ese mismo paquete de acciones a otra sociedad cascada, pero en esta oportunidad lo hace a un precio artificialmente alto. Con ello se maneja artificialmente al alza el precio de las acciones. El gran ganador de la transacción es Ponce Lerou y, en menor medida, sus palos blancos. Los perdedores son los accionistas minoritarios de cada una de estas sociedades cascada. Perdedores adicionales son las AFP y las pensiones de todos los chilenos al comprar acciones artificialmente caras que no valían ese precio.
Los accionistas minoritarios han calculado, comparando los precios de compra y de venta establecidos en la investigación de la SVS, que Julio Ponce Lerou habría ganado US$ 155 millones; Roberto Guzmán, US$ 150 millones, y Leonidas Vial unos US$ 70 millones Por otro lado, la Superintendencia de Pensiones informó que los fondos de pensiones invertidos en empresas ligadas a Soquimich, hasta el 9 de octubre de 2013 llegaban a US$ 757,9 millones, es decir, al 0,46% del total de los fondos. Sin embargo, no sabemos aún la magnitud del efecto negativo final en las pensiones de todos los chilenos.
Estas operaciones fueron reiteradas en el tiempo, por lo que el monto total involucrado no es menor y llega a cerca de US$ 9.000 millones. Adicionalmente, los porcentajes de la propiedad de cada de una de las sociedades cuyas acciones se transaron tampoco es menor, por lo que sorprende que esto no haya llamado la atención de las autoridades y de los accionistas minoritarios mucho antes.
La SVS calculó que las sociedades que participaron en este esquema transaron 70,26% de las acciones de Calichera A en 2009, el 86,46% en 2010 y el 88,58% en 2011. Esas mismas sociedades transaron 73,8% de las acciones de Oro Blanco en 2009, el 34,9% en 2010 y el 10,35% en 2011. La SVS indica que “la masividad de transacciones efectuadas mediante mecanismos engañosos y su reiteración y extensión en el tiempo habrían afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores y, por tanto, la confianza y transparencia del mismo”.
ALGUNAS PREGUNTAS ABIERTAS
Aún no está todo dicho y queda mucho por avanzar en este caso. Falta información, la investigación de la SVS no ha concluido y hace poco se recibieron los descargos de los acusados. Sin embargo, hay varias preguntas abiertas para las que aún no tenemos respuesta y que hoy cuesta explicar: ¿por qué la SVS no investigó ni formuló cargos mucho antes? Mal que mal, las operaciones fraudulentas comenzaron el año 2009. ¿Por qué la SVS no formuló cargos –en la primera instancia– contra Leonidas Vial y la corredora LarrainVial, que fueron, al menos, cómplices de estas operaciones? ¿Por qué las AFP invirtieron en acciones que estaban artificialmente sobrevaloradas? A fin de cuentas, tienen un ejército de analistas bien pagados para decidir dónde invertir y estudiar la salud financiera de cada empresa en la que invierten. Lo mismo corre para las clasificadoras de riesgo que nunca clasificaron de “alto riesgo” acciones con precios artificialmente altos. Los auditores de todas estas empresas también tienen que dar explicaciones: ¿nunca se dieron cuenta de nada? ¿O, porque son pagados por la misma empresa, prefirieron no darse cuenta del problema? Finalmente, en algunos directorios de las empresas de Ponce Lerou hay connotadas personalidades del país con capacidades y méritos indiscutidos, como por ejemplo Hernán Buchi, Cristián Leay y Alejandro Ferreiro, quienes deben responder también por su rol de directores.
Una vez terminada la investigación y con toda la información sobre la mesa podemos volver a discutir sobre estas preguntas. Mientras, creo que hay lecciones importantes que rescatar.
ALGUNAS LECCIONES QUE APRENDER
Lo que parece más importante señalar, dentro de todas las complejidades de este caso, es que acá hubo un esquema premeditado para engañar, defraudar y obtener ganancias fáciles. La magnitud de las transacciones y lo reiteradas en el tiempo reflejan que esto no es casualidad ni error.
Es posible que cada una de las transacciones se haya ajustado a la letra de la ley, pero el tema de fondo va mucho más allá de si esto es legal o no. En palabras de la SVS, “es así como, si bien dichas transacciones se ajustaron formalmente a la norma que regula dichos mecanismos bursátiles, aquellas habrían sido estructuradas de manera de dar curso al esquema planificado, procurando que dichas transacciones se efectuaran entre determinadas partes concertadas, obstaculizando una posible intervención de terceros, para efectos de que tales transacciones se pudieran efectuar en los precios y condiciones que finalmente tuvieron lugar. En el contexto del esquema, la masividad de transacciones efectuadas mediante mecanismos engañosos y su reiteración y extensión en el tiempo, habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores y, por lo tanto, la confianza y transparencia del mismo”. Es así como el uso de estos mecanismos “puede entenderse como engañoso desde que, conforme a los antecedentes disponibles, se habría buscado utilizar al mercado bursátil con el objeto de dar una apariencia de normalidad a la serie de transacciones que se realizaban al amparo del esquema antes descrito, con la finalidad de evitar que el mercado tomara conocimiento de que el conjunto de dichas transacciones obedecían a estructuras concertadas y planificadas”.
Lo más relevante entonces es el engaño, la mentira, la intención de defraudar a otros y ganar plata fácil. Por eso, en lo personal, me parece éticamente vergonzoso ver a los abogados de Ponce Lerou y a sus cómplices en estas operaciones ejerciendo su defensa mediante tecnicismos legales y aludiendo al supuesto cumplimiento con la letra de la ley. Toda persona tiene derecho a una legítima defensa, sin duda alguna, y también tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero eso no justifica defender lo indefendible ni torcer la ley para hacer aparecer como inocente, limpio y bueno algo que es claramente tramposo, poco transparente e inescrupuloso.
Lamentablemente, no hemos aprendido mucho del caso La Polar. Hace mucho rato que llegó el momento de tomarse en serio los delitos de cuello y corbata y sancionarlos fuertemente, incluyendo cárcel cuando corresponda. Los estándares en Chile cambiaron hace tiempo y cambiaron para bien. Ya no es aceptable hacerse rico haciendo trampa o aprovechándose de información privilegiada. Hay “empresarios” en Chile que amasaron su fortuna comprando barato empresas públicas o accediendo a “datos” sobre qué acciones comprar en bolsa y cuándo. Esa riqueza no proviene del mérito propio sino que de la frescura y los privilegios de algunos. Chile en su camino al desarrollo debe y quiere avanzar hacia la meritocracia, por razones de justicia y por igualdad de oportunidades, y ello implica apuntar con el dedo y erradicar a los frescos e inescrupulosos. ¿Cómo hacerlo? Hay varios caminos complementarios que seguir.
El primero es aumentar fuertemente la fiscalización y las sanciones. En Chile existe una gran demanda ciudadana o, al menos, una fuerte presión pública para castigar fuertemente a quien roba una tienda o una casa, y se acusa de blandos a los jueces que no dejan presos a quienes cometen esos delitos. Sin embargo, no existe la misma presión para empresarios y ejecutivos que roban a miles de chilenos a través de acuerdos colusivos, evasión tributaria o fraudes financieros, como este. En estos casos, la presunción de inocencia se defiende a brazo partido por varias asociaciones gremiales y también varios medios de comunicación, probablemente porque los involucrados pertenecen a la elite criolla y merecen un trato distinto (y, además, sus empresas financian los medios de comunicación con publicidad). El castigo ejemplar y público sigue siendo un buen mecanismo para desincentivar este tipo de prácticas y creo que usarlo en casos de gran connotación pública, como este, puede traer grandes beneficios futuros. Una verdadera cultura de caiga quien caiga puede ser un activo país.
El segundo, y fuertemente relacionado con lo anterior, es la necesidad de tener mecanismos de regulación transparentes y estrictos. Avanzar en mecanismos de autorregulación, como se ha propuesto, no sirve. Cualquier sistema de autorregulación funciona solo si el agente económico tiene incentivos para autorregularse, es decir, si está en su propio interés hacerlo. En este caso, en cambio, siempre estará en el interés del agente económico maximizar sus utilidades y obtener ganancias en las transacciones financieras que realiza. Por eso es que no hay incentivos para autorregularse y voluntariamente inhibirse de realizar triangulaciones y transacciones al límite de la ley que puedan otorgarles utilidades. Esto solo puede impedirlo una regulación estricta, con buena fiscalización y multas altas.
El tercero es avanzar seriamente en eliminar o resolver conflictos de interés que impiden detectar a tiempo las irregularidades. Los más evidentes son los de las empresas de auditoría y las clasificadoras de riesgo, pero más relevantes son los que tienen relación con la estructura y funcionamiento de la Bolsa de Comercio, que hoy es más bien un club de amigos. Tener una institucionalidad de la Bolsa que tenga un buen gobierno corporativo, que sea capaz de actuar con independencia, es una necesidad urgente.
Finalmente, no hay fiscalización ni multa posible que reemplace la ética en hacer negocios. Puede ser más fácil o más difícil detectar y sancionar a los inescrupulosos, pero necesitamos como país que las universidades que forman futuros ejecutivos, empresarios y líderes se cuestionen seriamente el rol que tiene la ética en la formación que entregan a sus alumnos. ¿Se les enseña solo a cumplir la ley? ¿Se les enseña que los conflictos de interés no son relevantes mientras no violen la ley? ¿Se les enseña a buscar el resquicio legal como camino al éxito? ¿El alumno que encuentra un truco para hacer trampa es el gran innovador de la clase, digno de imitar, o es el tramposo que todos repudian? Creo que el deber, tanto de quienes forman niños y jóvenes en los colegios y escuelas como de quienes formamos profesionales en las universidades, es enseñar a hacer siempre lo que es correcto, a ser honesto, a no hacer trampa y a evitar el camino corto y fácil. Este es uno de los mayores desafíos que, creo, tenemos como país hoy. Si no, aunque lleguemos a tener US$ 30 mil o US$ 40 mil per cápita, seguiremos siendo un país subdesarrollado. MSJ
