El gobierno es uno de los mayores propietarios de empresas en Suecia, situándose como el principal empleador del país. De 55 compañías, 40 de ellas son de su propiedad total, mientras que en el resto posee una parte importante. De éstas, tres cotizan en Bolsa. El objetivo fundamental es que agreguen valor y, cuando sea el caso, que los servicios públicos que prestan a la población se concreten en tiempo y forma.
A su vez, las empresas familiares representan más de la mitad de la propiedad privada en ese país, donde 70% de las empresas pequeñas y 30% de las 50 más importantes corresponden a grupos familiares. Y como en todo el mundo, las empresas familiares de Suecia tienen características similares en su estructura y gestión: liderazgo y orientación estratégica, continuidad en el poder, dificultad para enfrentar la profesionalización en la conducción. Sin embargo, este factor de Estado omnipresente ha permitido que cuenten con el apoyo de múltiples programas de desarrollo y fomento desde el Ministerio de Industria, facilitando la sucesión y la transferencia de la propiedad, como demuestra la supresión del impuesto sobre sucesiones y de donaciones en 2004.
¿A qué responde esta realidad prácticamente única? De acuerdo a distintos estudios en gobierno corporativo de Suecia, que cuenta con una destacada trayectoria en este campo académico, esta concentración responde en gran medida al sostenido poder del partido social demócrata y no, como muchos creerían, a pesar de éste. Y esto se debe fundamentalmente a la coincidencia de intereses entre la ideología y las empresas familiares locales.
Hace medio siglo, los políticos socialdemócratas apostaron por empresarios empoderados, porque vieron no solo una oportunidad de influencia, sino porque, dada la estructura de las empresas familiares suecas, la llegada de capitales extranjeros tendría un alto costo para sus intereses. El sólido crecimiento de su economía hasta la década de los 70 tuvo un cambio brusco, entonces, debido a los inicios de la globalización y, en virtud de su modelo, Suecia ha podido enfrentar los vaivenes externos con empresas familiares empoderadas, instituciones públicas ágiles y eficientes, enfocadas a recibir la inversión extranjera con una base sólida en su manejo interno. Ha faltado, sin embargo, avanzar hacia una estructura estatal más liviana y con mayor eficiencia a la hora de incentivar la inversión extranjera.
No obstante, si proyectamos este sistema a la realidad chilena, vemos con claridad que los grupos empresariales familiares han estado en general a la altura de las circunstancias internas y externas, con estructuras sólidas, eficientes y capaces de adecuarse a la coyuntura económica global, con el respaldo de una institucionalidad razonablemente eficiente para acoger la inversión extranjera. Solo estamos echando de menos una alianza más concreta con el Estado, con gobiernos capaces de reconocer en las empresas familiares un potencial de enormes proyecciones para robustecer aún más nuestro modelo económico.
Según algunos estudios, 75% de las empresas familiares que operan en Chile corresponde a estructuras familiares, con una clara superioridad, también, en su nivel de retornos, ventas y utilidades, frente a las no familiares.
Quizás un desafío para el gobierno próximo a asumir está en mirar esta vez a las pymes con un sesgo un poco más profundo. Generar una institucionalidad pensada en brindar condiciones a esos emprendimientos surgidos en familia para que – más allá de políticas asistencialistas puntuales – puedan efectivamente profesionalizar su negocio. Más allá de generar el mayor porcentaje de empleo en el país, las pymes deben contar con políticas públicas que les permitan preparar a la segunda y siguientes generaciones para hacerse cargo en forma del negocio y, como en Suecia, contribuir a escalar nuestros niveles de eficiencia, profesionalismo y capacidad innovadora.
Gonzalo Jiménez
Presidente Proteus Management
Doctor in Business Administration DBA ©, University of Liverpool
