En un túnel oscuro entró el Caso Cascadas (o lleno de luz, si uno fuera Julio Ponce). Cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) se aprestaba a iniciar la fase probatoria en el proceso sancionatorio contra Julio Ponce Lerou, Leonidas Vial, Aldo Motta y los otros acusados por el esquema de operaciones que habrían liderado con acciones de las sociedades que controla SQM, la justicia emitió una resolución histórica que deja el caso en el limbo.
Ayer, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones acogió la orden de no innovar solicitada por el abogado y amigo de Ponce, Roberto Guzmán Lyon, respecto de su proceso sancionatorio en la SVS.
El abogado de Guzmán, Gabriel Zaliasnik, presentó el pasado 14 de mayo un reclamo de ilegalidad en contra de un oficio de la SVS, en el cual se rechazaba un recurso de reposición de Guzmán contra la imposición de la SVS de que fuera el acusado quien rinda la prueba y los medios de los que buscaba valerse para enfrentar los cargos que le formularon el 6 de septiembre de 2013.
La resolución de la SVS fue idéntica para recursos presentados por casi todos los acusados, con excepción de Leonidas Vial.
Ayer, la Corte de Apelaciones le dijo a la SVS –a la cual aún no notifica– que debe detener el procedimiento de Guzmán hasta que se clarifique la validez del reclamo sobre el procedimiento llevado a cabo por la autoridad.
La decisión de los tribunales es histórica. No sólo por detener el procedimiento sino porque nunca antes un formulado de cargo había hecho este reclamo en la justicia, aseguran abogados de la plaza.
De paso –afirman fuentes que participan de proceso ante la SVS–, se abre una compuerta peligrosa para la entidad que dirige Carlos Pavez, pues el resto de los acusados podrían hacerse parte del recurso de Guzmán y detener así todos los procedimientos, lo que retrasaría al menos dos meses el caso y haría que se acerquen los plazos de prescripción de una parte importante de las operaciones cuestionadas por la SVS.
SVS sigue
La SVS respondió ayer que no ha sido notificada de la resolución de la Corte, pero adelantó que “aportará todos los antecedentes necesarios al Consejo de Defensa del Estado, para que este organismo pueda representarla judicialmente y ejercer las apelaciones que correspondan ante la Corte de Apelaciones de Santiago”.
Junto con eso, dejó clara su posición de seguir adelante con el proceso contra Ponce y los demás acusados. “Los otros procesos administrativos en curso seguirán su desarrollo normal, toda vez que son procedimientos independientes”, informó la autoridad.
No obstante, fuentes vinculadas a al menos tres formulados de cargo, reconocieron que el escenario abierto por la Corte es favorable y podría obligar a la SVS a detener los otros procesos.
Esto, porque el 3 de febrero pasado la SVS suspendió el procedimiento administrativo contra Ponce, Mota, Guzmán y Patricio Contesse Fica para igualar los plazos de los nuevos acusados del 30 y 31 de enero de 2014, entre los que apareció Leonidas Vial, LarrainVial, los ejecutivos de esta última, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, además de Alberto Le Blanc.
La decisión la sustentó en que “los plazos otorgados en los nuevos cargos se superponen con los plazos que restan para cerrar los procesos de las personas formuladas de cargos el 6 de septiembre, pudiendo resultar estos últimos insuficientes para que éstas puedan analizar los cargos y descargos a los mismos y hacer las presentaciones que en derecho estimen pertinentes”.
Pero la decisión más compleja la tomó la SVS cuando ya había asumido Carlos Pávez como nuevo titular de la Superintendencia en reemplazo de Fernando Coloma.
El 25 de abril, Pavez informó que levantaba la suspensión del procedimiento anunciado en febrero. “El alzamiento de la suspensión antes señalado tiene por objeto procurar que los períodos probatorios derivados de todas las formulaciones de cargo vinculados a operaciones de las Sociedades Cascada puedan efectuarse de manera simultánea o, en su defecto, que se desarrollen estando vigentes los respectivos procedimientos administrativos. Esta medida permitirá, además, que los formulados de cargos puedan seguir ejerciendo de manera adecuada su derecho de defensa y se dé curso progresivo a los procedimientos administrativos en cuestión hasta su resolución”, indicó la autoridad.
A juicio de abogados vinculados al caso, la resolución de la SVS antes mencionada no deja lugar a dudas que la entidad fiscalizadora se puso “la soga al cuello” y que ahora deberá hacer lo mismo que con Guzmán con todos los acusados, al menos del expediente uno, donde justamente se hallan todos los acusados, a excepción del fondo ex Linzor –hoy CHL–, de Citigroup, Banchile y el ex gerente de inversiones de esta última, Cristián Araya, quienes ya iniciaron el proceso probatorio en el expediente dos.
Amenaza a la institucionalidad
Cercanos al caso calificaron la decisión de la Corte como "increíble".
"¿Cuál es la señal que está dando la Corte? Que una persona con recursos puede usar instrumentos dilatorios, impidiendo así la labor de un regulador. Interfiere con el normal desempeño de un órgano administrativo", señala una de las fuentes.
Dicen que, dado que todos los fallos de la SVS son apelables, "cuál es la necesidad?", y citan como ejemplo el caso Chispas, donde los imputados esperaron hasta que fueron sancionados para apelar. "Ponce está abusando del sistema y nadie dice nada", sentencian.
Consecuencias
Fuentes del caso indican que había sorpresa en la autoridad por la decisión de la Corte, pues tiene implicancias claves, dados los plazos de prescripción de las operaciones denunciadas en el caso.
La Ley Orgánica de la SVS establece que “no podrá aplicar multa a un infractor, luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho penado o de ocurrir la omisión sancionada”.
Alguno de los hitos sobre los cuales se formularon cargos a Julio Ponce ya están caducados y algunos claves vencen este año y al inicio de 2015.
Abogados de la plaza explican que la revisión de la reclamación de Guzmán podría tardar al menos dos meses, tiempo que podría acotarse, aunque mínimamente, por la gestión que haga el CDE ante la Corte para acelerar la vista del caso.
Otros abogados, en tanto, indican que los plazos de prescripción no corren debido a la orden de no innovar.
Lo cierto es que ahora las voces apuntan a Coloma y el retraso de casi dos años en formular cargos y, luego, su negativa a acoger la solicitud de la defensa de Julio Ponce en 2013 –encabezada por Raimundo Labarca y Jorge Bofill–, de no avanzar en el procedimiento administrativo hasta que definiera todos los formulados de cargos que hubiesen formado parte del “supuesto” esquema.
“Se reclama que se esté dilatando el procedimiento administrativo para activar las prescripciones, pero resulta que fue Coloma el que formuló cargos en forma desordenada y violando el debido proceso y la presunción de inocencia”, dicen abogados del caso.
Ahora resta saber si los acusados del expediente uno pedirán a la SVS que se dé por hecho consumado la decisión de la Corte en el caso de Guzmán y se extienda la resolución a todos o que los mismos acudan a la Corte, se hagan parte del recurso y que, así, los tribunales decidan si paralizan el caso para cada uno de los involucrados.
El Caso Cascadas sigue en el limbo.
