Más de treinta años de historia económica pasaron por la Comisión de Hacienda del Senado desde el inicio de junio a esta parte. Y no hay ningún ex presidente de Banco Central ni ex ministro de Hacienda que haya dado su aprobación a la Reforma Tributaria a ojos cerrados. Quizás Roberto Zahler fue el más cercano a favorecer el proyecto tal como está diseñado, porque en el objetivo final –que es recaudar US$ 8.200 millones– hay un relativo consenso.
No resulta entonces fácil para el actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas, continuar con el tronco de la iniciativa de la manera en que fue ideada.
El punto de quiebre es la renta atribuida. Incluso Alejandro Foxley, que ha sido extremadamente cuidadoso en levantar planteamientos constructivos, dijo: “No quiero opinar tajantemente sobre ella. Yo tiendo, por instinto, por la experiencia que dan los años…, yo tiendo a tener la convicción de que entre más profunda sea la reforma que se propone, más simple debe ser el mecanismo para implementarla. Cuando de golpe se cambia un sistema completo con un concepto que ninguno de nosotros entendía en un principio –seamos francos–, es bueno pensarlo dos veces”.
Consenso amplio
Poco a poco, ha ido ganando el convencimiento de que es mejor aprobar la Reforma Tributaria con un acuerdo que vaya más allá de la Nueva Mayoría, pese a que la coalición gobernante tiene los votos suficientes para ganar la votación en la Cámara Alta. Así lo han señalado senadores DC como Andrés Zaldívar y Jorge Pizarro, y también Carlos Montes y Ricardo Lagos. Aunque estos últimos dos parlamentarios –del PS y PPD, respectivamente– han indicado que la búsqueda de acuerdos es válida, siempre que no se eche para atrás el proyecto de transformaciones.
El gobierno, por su parte, también sabe que este proyecto antecede a otras reformas estructurales que tiene entre sus prioridades (las otras dos son la educacional y constitucional), y si Arenas consigue concitar un apoyo amplio en torno a la forma de recaudar más impuestos, no sólo será un punto a favor de esta iniciativa sino que facilitará el camino político a las que vienen.
Esta es una semana clave, ya que el miércoles se ve en general el proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado.
En Teatinos 120 se trabaja en la fórmula mágica: cómo conseguir el mayor apoyo posible sin renunciar a los principios de fondo del proyecto. Al parecer, Renovación Nacional así lo entendió y habría entregado una propuesta a Hacienda que en algo –este domingo en La Tercera– adelantó el senador Andrés Allamand. “Cualquier acuerdo implica una recaudación de US$ 8.200 millones y el término del FUT”, dijo el político de derecha, concediéndole estos caballitos de batalla a Arenas. A cambio, planteó “que se termine, al menos en su faceta obligatoria, el concepto de renta atribuida y que exista una diferenciación favorable para el tratamiento tributario de las utilidades que se reinvierten”. Y, por último, manifestó: “Yo estoy jugado para un acuerdo que evite daños mayores y que sea de una enorme amplitud”.
La renta atribuida, una aparecida
La renta atribuida es el punto más débil del “corazón” de la Reforma Tributaria. En primer lugar, porque no estaba contemplada en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, por lo tanto, los senadores de la Nueva Mayoría tienen el espacio político para presionar por su cambio. En segundo término porque, salvo los técnicos de Hacienda, no hay quien defienda su aplicación en el sentido amplio en que pretende imponerla el proyecto de ley. En tercer lugar, es el aspecto de la Reforma Tributaria que más debate genera sobre su constitucionalidad, seguido por las mayores atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII). Y, por último, porque, pese a las garantías que ha dado el actual director del SII, Michel Jorratt, se intuye que su aplicación dista de ser simple, y se corre el peligro de desincentivar el ahorro y la inversión.
Justamente cuando Arenas se abrió a estudiar mecanismos para estimular el ahorro y la inversión, fue que los sectores empresariales y técnicos vieron abrirse una ventana para ellos.
Hay muchas formas de hacerlo y Alejandro Foxley dijo que él se inclinaría por la opción que concite más apoyo. Así de pragmático. Se ha hablado de extender la depreciación instantánea que en el proyecto se plantea por un año; no obstante que, a esta altura, se sabe que su costo es altísimo en términos de menor recaudación para el fisco, lo que la hace inviable. También se habla de un crédito tributario para la reinversión de utilidades, similar al que se da al pago de intereses por créditos tomados en el sector financiero. Esto impulsaría a las empresas a recurrir a los recursos propios. Y hay otros que plantean derechamente desintegrar el sistema, es decir, que los impuestos de primera categoría no sirvan de crédito para el global complementario. Subir el impuesto a las empresas a 25% y obligar a un impuesto adicional a los dividendos de 15%, que es más o menos lo enunciado por Manuel Marfán, ex consejero del Banco Central.
El punto de fondo es que hay que tener flexibilidad para llegar a una fórmula. Esa es la tarea del Ministerio de Hacienda para esta semana. En tanto que los parlamentarios tendrán que mostrar su voluntad política para arribar a acuerdo.
