Los penales dejaron fuera del Mundial a Chile. Aunque algunos creen que Sampaoli se equivocó al no preparar los tiros desde los doce pasos, lo cierto es que algo de azar siempre influye en dicha definición.
Ese azar también puede estar presente en el caso Cascadas. Esta vez en la Corte de Apelaciones.
Desde que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Roberto Guzmán y Leonidas Vial, entre otros, los acusados han apostado a la suerte de la olla en la conformación de las Salas del tribunal de alzada que pueden revisar sus causas.
Y aunque a ratos con bajo porcentaje de aciertos, en otras ocasiones han tenido éxito y han dificultado el proceso que lleva adelante la SVS.
Guzmán
Los éxitos han venido en las últimas semanas. Roberto Guzmán Lyon logró, el 11 de junio pasado, que la Corte de Apelaciones detuviera el proceso en la SVS, acogiendo una orden de no innovar (ONI) pedida por el abogado de Guzmán, Gabriel Zaliasnik.
La votación la dio la Segunda Sala, en tanto que los votos fueron de los ministros Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Sergio Córdoba Alarcón y el abogado integrante José Luis López Reitze. Esta decisión, además, ocurrió ante un recurso de reposición de Guzmán, después que originalmente fuera rechaza la ONI pedida ante la misma Sala, pero con integrantes distintos, el 2 de junio: los ministros Mario Gómez Montoya, Humberto Provoste Bachmann y la abogada integrante Paola Herrera. En esta última votación, asimismo, se había inhabilitado el abogado integrante José Miguel Lecaros Sánchez.
La suerte de los penales derivó en que cuando la SVS, representada por el Consejo de Defensa del Estado, respondió, volvió a reunirse la Segunda Sala y volvió a cambiar su decisión. Esta vez, el 24 de junio, nuevamente se modificaba la conformación de sus miembros y, así, el fin de la ONI lo decretaban Alfredo Pfeiffer Richter y Mario Gómez, este último que ya había rechazado la orden el 2 de junio. La decisión fue, eso sí, con un voto en contra: el de Paola Herrera, la abogada integrante que con anterioridad había aprobado la ONI y quien seguirá apareciendo.
El 2 de julio, la Segunda Sala volvería a revisar un recurso de reposición de Guzmán y nuevamente lo rechazaría, con Pfeiffer y Gómez reiterando su voto y sumándose a ellos el abogado integrante Jaime Guerrero.
El turno de Ponce
Julio Ponce ha tenido momentos complicados en los tribunales por el caso Cascadas, pero, en su momento, el triunfo momentáneo de Guzmán llevó a sus abogados –Raimundo Labarca y Jorge Bofill– a acudir a la Corte de Apelaciones contra el inicio de la fase probatoria en la Superintendencia de Valores y Seguros, antes que hacerse parte del recurso para que la SVS detuviera su proceso.
El azar determinó que el 20 de junio revisara su causa la Primera Sala, la que declaró inadmisible el recurso de ilegalidad, esto con los votos de Manuel Valderrama (el mismo que había concedido ONI a Guzmán) y Dora Moncada. Votó a favor de Ponce la abogada integrante Paola Herrera.
El 25 de junio, Labarca atacó otra vez, pero ahora con éxito, pues su recurso de ilegalidad fue acogido a trámite en la Primera Sala con los votos de Valderrama, Moncada y el abogado José Luis López.
No conforme con lo anterior, la defensa del presidente de SQM acudió otra vez a la Corte el 30 de junio, pidiendo ONI contra la SVS, pero la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones la rechazó, con los votos de los ilustrísimos Jorge Dahm y Pilar Aguayo, junto al abogado integrante Eugenio Benítez.
Aldo Motta y Leonidas al aguaite
La última historia en esta seguidilla fue la de Aldo Motta. El hombre clave en la gestión de las sociedades Cascadas que controla Ponce, acudió –representado por Germán Pfeffer– a la Corte pidiendo ONI contra la resolución de la SVS que ordenaba el inicio de la etapa probatoria.
Motta acude al Tribunal Constitucional
Esta vez, Motta ganó y el voto del abogado integrante fue clave. En contra de la ONI votó Carlos Gajardo, pero aprobaron Dora Moncada y la ya conocida abogada integrante Paola Herrera.
El viernes pasado, Motta dio un paso y acudió al Tribunal Constitucional, solicitando que se detenga la vista del caso en la Corte, mientras no se determine la constitucionalidad de una norma incluida en la ley que rige a los actos de los organismos púbicos y que permite a la SVS ordenar a los imputados de cargo fijar los hechos de prueba y los medios para demostrarlos.
A él se sumó la semana pasada Leonidas Vial, quien optó por acudir a la Corte pidiendo la ONI contra el término probatorio iniciado por la SVS, debido a que ésta le obliga a fijar los hechos y medios de prueba, similar fórmula aplicada a otros acusados.
Crisis y poder
Según abogados cercanos al caso, lo que está ocurriendo en el mismo es preocupante y refleja que los tribunales son vulnerables a la capacidad económica de los acusados en sede administrativa y al conocimiento que sus abogados tengan sobre cómo funcionan las Salas.
Esto, porque es conocido el exceso de causas que debe revisar la Corte de Apelaciones a diario, lo que obliga a utilizar cada vez más abogados integrantes, los que se encuentran ejerciendo su labor a nivel privado y, al mismo tiempo, forman parte del poder que dirime en tribunales, aunque obviamente debieran abstenerse de votar si tienen conflicto de interés.
“Por eso, los abogados se ‘pasean’ con recursos por distintas Salas, esperando que le toque una donde sean acogidos sus planteamientos”, dicen.
Esta estrategia litigante la criticó públicamente el ex titular de la SVS Fernando Coloma hace dos semanas, calificándola de “inédita”. La respuesta de Bofill y Labarca no tuvo anestesia. "(Coloma) desconoce en su esencia lo que es un Estado de Derecho, pues es precisamente la institucionalidad la que otorga a los particulares el derecho a cuestionar y objetar las decisiones de la autoridad ante los tribunales y la Contraloría General de la República… Nadie puede garantizar a los ciudadanos que la autoridad no cometerá errores en sus juicios y decisiones, o que tendrá, como creemos en este caso, una segunda intencionalidad. Sin embargo, en el mundo del ex superintendente es todo al revés".
A esto, ayuda el hecho de que no existe jurisprudencia como en Estados Unidos, es decir, lo que decide una Sala no es aplicable en otra, situación que abre la puerta a una estrategia de desgaste, como es la liderada –según señalan algunos– por la defensa de los distintos acusados del caso Cascadas.
Pero además, aseguran las fuentes, algunos de los acusados cuentan con defensas de talla mayor, con la consiguiente influencia que, estiman, pueden tener en las decisiones. Por ejemplo, el abogado de Aldo Motta es Germán Pfeffer, cuyo hermano, Emilio, es abogado integrante de la Corte Suprema y ha sido candidato tanto al máximo tribunal como al Tribunal Constitucional, el mismo al que el gerente de Norte Grande y Pampa Calichera ahora acudió y del cual este martes debiera esperar una resolución.
Jorge Bofill, en tanto, es un connotado abogado, que ha sido candidato a la Fiscalía Nacional y que permanentemente juega un rol relevante en el estudio de cambios al sistema judicial.
La reconocida trayectoria como litigantes de Bofill, Pfeffer y el propio Zaliasnik, además, hace más difícil que la SVS logre zafar de tanto recurso en contra sin vulnerar los plazos de prescripción que le impone la ley para perseguir delitos financieros. Aunque otras fuentes explican que, si la Corte detiene los procesos, los plazos de prescripción también se detienen.
