El economista Patricio Arrau era una de las principales apuestas del empresario Julio Ponce Lerou para la etapa probatoria de la investigación que derivó en la multa de US$ 70 millones aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al presidente de SQM y controlador de las cascadas.
El socio fundador de la consultora Gerens y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, elaboró el documento pericial “Informe a propósito de la formulación de cargos por parte de la SVS a Julio Ponce Lerou en el Caso Cascadas: Análisis y opinión del consultor”, de fecha 14 de julio de 2014.
En él defiende el actuar de Ponce, justifica la lógica financiera de las operaciones cuestionadas por la SVS y sustenta los descargos presentados por el polémico empresario.
Por ello, la autoridad pone especial atención a dicho informe, el cual es citado en más de 100 ocasiones en la resolución. Y lo hace para cuestionar una y otra vez el trabajo del ex director de empresas públicas y también cercano a Andrés Velasco, advirtiéndole interpretaciones erróneas, haber citado antecedentes de informes del Banco Central que no fueron verificados y darles credibilidad, sin sustento documental, a aseveraciones de Ponce.
El proceso contra Ponce incluyó también un curioso episodio con la participación del testigo solicitado por el empresario, el ex encargado de la división banca corporativa de Banco de Chile, Juan Carlos Cavallini, quien da respuestas que ponen en duda la tesis de Ponce, al punto que su defensa pide retirarlo.
Subprime inválida
Julio Ponce insistió reiteradamente en que el origen de las transacciones con sociedades cascadas provino de la necesidad de mantener el control de SQM y, junto con ello, que la no realización de los aumentos de capital acordados en 2008 se explicó por la crisis subprime que azotó, en el mundo y el país, al sector financiero ese año.
A su juicio, el desplome de las bolsas el 2008 hacía poco recomendable colocar acciones en el mercado y, finalmente, si hubieran decidido realizar el aumento de capital acordado en abril del referido año, inscribir tal aumento de capital en la SVS obligaría a esperar al menos dos meses para que la autoridad visara el proceso.
Dado que necesitaban recursos en forma urgente para financiar el endeudamiento en que se incurrió para comprar acciones de Norte Grande y Oro Blanco entre el 12 de mayo y el 12 de junio de 2008, incluyendo principalmente las acciones que compraron al ahora ex Presidente Sebastián Piñera, decidieron vender acciones para obtener financiamiento.
Patricio Arrau respalda la argumentación de Ponce, indicando en su informe que, durante el segundo semestre de 2008 y en particular a partir de la caída de Lehman Brothers en septiembre de ese año, se desata la crisis financiera más grande desde la gran depresión de 1929. “El impacto sobre el valor de las acciones de SQM y las Sociedades Cascadas de la crisis subprime, detallado en la sección 3.1 y en el Anexo B, no hacían aconsejable la colocación de las acciones de primera emisión y por tanto esperar mejores condiciones para ello”, dijo el documento del economista.
Sin embargo, dado que la SVS ya había descartado tajantemente que la crisis subprime hubiera sido causal para postergar la inscripción del aumento de capital, lo refuta recordando que “habiéndose descartado el efecto de la crisis financiera en las Sociedades Cascada, el argumento anterior no puede ser tenido en cuenta”.
Y es que, para la autoridad, lo claro es que el motivo detrás de la postergación del aumento de capital era “la ausencia de financiamiento” de Ponce.
Láminas fantasmas
Como parte del análisis sobre el efecto de la crisis subprime, Arrau se hace respaldar con láminas que –asegura– están incorporadas en el informe Panorama Económico: Desarrollos Recientes y Perspectivas”, de fecha 3 de diciembre de 2008. Sin embargo, la SVS detecta uno de los errores más notables del trabajo de Arrau. “Se ha podido constatar que las láminas consignadas en las letras B.7 y B.8 no son parte de dicho informe que se encuentra publicado en la página web del Banco Central de Chile”, señala fríamente la SVS.
Default injustificado
Luego, la SVS analiza las explicaciones de Julio Ponce para haber renegociado las condiciones de un bono internacional en 2008. Según el empresario, esto era parte de un plan de capitalización destinado a mantener el control de SQM y, al mismo tiempo, proteger la situación financiera de Pampa Calichera –controladora de SQM–, pues de no hacerlo se pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos financieros de dicha sociedad cascada.
Apoyando la tesis de Ponce, Arrau explica que la negociación del ‘consent’ de Pampa “era necesaria para mantener la cadena de control de SQM considerando el escenario económico internacional y las restricciones de crédito que tenían las sociedades aguas arriba en la cascada. Mal puede esta renegociación ser considerada entonces que no se condice con el interés social de las Sociedades Cascadas”.
Agrega el economista que “se corría el riesgo de que PC entrara en default, lo que comprometía toda la cadena de control, incluida la participación de Julio Ponce en SQ y SQYA dada las restricciones del contrato de compraventa entre SQ y YARA”.
La SVS ataca frontalmente el informe de Arrau: “Arrau no específica cómo pudo haber entrado en default Pampa Calichera; como debería saber el perito del Sr. Julio Ponce Lerou, justamente la modificación del bono internacional de Pampa Calichera, buscaba darle mayor flexibilidad en el reparto de efectivo a esa sociedad, dado que a juicio de su administración, tenía exceso de efectivo, situación que resulta diametralmente opuesta a una posición cercana al default”.
La entidad que dirige Carlos Pavez añade, en ese sentido, que “a esa fecha, la única deuda de Pampa Calichera era el bono internacional, cuyo primer vencimiento de capital era el año 2018”.
Finalmente, la Superintendencia recuerda que en su documento Arrau explica que la viabilidad de las Cascadas dependía de la solvencia de las sociedades “aguas arriba”, debido a que si éstas entraban en default, “lo mismo podía ocurrir aguas abajo dado que los créditos de éstas, como se observó arriba, también contaban con el aval personal de JPL (Julio Ponce Lerou)”.
Es decir, según la SVS, el destino financiero de las cascadas –potencial default– resultaba el mismo que el de Ponce. “A partir de esto, se empieza a aclarar la aprensión del perito en cuanto al default de Pampa Calichera; de tal forma, sólo puede entenderse que el default que postula el Sr. Arrau para esta última, está más relacionado a la situación particular del Sr. Julio Ponce Lerou”, afirma la autoridad, deslizando el claro interés del socio de Gerens en favor de Ponce.
Para no dejar dudas acerca de lo cuestionable del informe de Arrau, la SVS señala que éste no entrega mayores antecedentes sobre por qué Ponce Lerou podría haber caído en default, “considerando además que el Sr. Arrau no tuvo acceso a la información de la situación financiera del Sr. Ponce, ya que como se ha visto el perito de este último debió estimar la deuda de Inversiones SQ e Inversiones SQYA”.
La buena fe de Arrau
La SVS lanza varios otros dardos al economista. Uno de ellos, la confianza ciega en antecedentes entregados por Ponce y que los presente como una realidad sin revisarlos ni justificarlos.
Uno de esos ejemplos se da cuando la autoridad analiza el condicionamiento que –según Ponce– le hizo el BCI para mantener la vigencia de la línea del crédito del banco, que comprara un pagaré del mismo banco con Inversiones SQYA, para lo cual la defensa no presentó, en marzo de 2009, ningún documento que lo demostrara.
Pese a la ausencia de evidencias, Arrau le da total validez a esa excusa. “En el escenario de renegociación de pasivos, los bancos, que por normativa de riesgos deben clasificar el riesgo global de la cadena de control de SQM, habría manifestado a la administración de las compañías la condición de renovación de líneas a que las deudas se concentraran lo más cerca del activo subyacente SQM lo que, en la experiencia de este informante, resulta perfectamente verosímil”, señala el informe de Arrau.
La SVS refuta sin filtro la opinión del ex presidente de empresas portuarias públicas. "De esta manera, el Sr. Arrau vuelve apelar a su opinión, para dar fe de un hecho que debería tener un correlato en un documento, es así como, la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou nuevamente se ve incapacitada de demostrarle a su propio perito un hecho de tal relevancia como éste y, como se vio previamente, lo mismo ocurrió en cuanto a la negativa de renegociar a largo plazo las deudas contraídas en el año 2008. Es así como elementos relevantes de la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou se sostienen en relatos ad hoc”, sostiene la Superintendencia.
BCI dos
La compra que hizo Oro Blanco del pagaré que tenía SQYA con BCI por US$ 70 millones da para una segunda crítica de la SVS a Arrau.
El economista explica que la compra del pagaré se hizo a una tasa de 8,6%, con vencimiento el 25 de marzo de 2010 renovable. Luego –detalla Arrau–, la compra se financió con dos créditos con el banco BCI, uno por un monto de US$26 millones a una tasa de 6,75% y otro por US$44,6 millones a una tasa de 6,09%, ambos con vencimiento el 19 de mayo de 2009, dadas las restricciones de plazo que imponía en ese entonces la banca local.
“En el apogeo de los efectos de la crisis subprime, las entidades del sistema financiero no estaban disponibles para prolongar más allá de un par de meses los créditos concedidos a OB. Asimismo, la compra de los pagarés de SQYA se justificaban en el objetivo de equilibrar la situación financiera de las empresas que forman parte de la cadena de control de SQM, optimizando las garantías disponibles y ajustándose a las condiciones impuestas por los bancos en términos de plazos y acreedor”, explica el señalado informe.
La SVS analiza con acidez la optimista visión del economista sobre dicho negocio. “Resulta inquietante la opinión del Sr. Arrau en cuanto a esta operación, para el perito de la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou lo primordial era el diferencial de tasas, no obstante que Oro Blanco debió asumir deuda adicional, con vencimiento similar a la deuda mantenida a esa fecha”, afirma.
Cavallini, el antitestigo
El ejecutivo bancario Juan Carlos Cavallini fue pedido como testigo por Julio Ponce. El objetivo era que ratificara el hecho de que en 2008, por la crisis subprime, los bancos estaban limitando el financiamiento a las empresas, lo que obligaba a las cascadas a salir a vender acciones para financiarse y pagar sus deudas.
Lo ocurrido el 18 de julio de 2014 podría quedar en los anales del caso. Ese día llegó hasta las oficinas de la SVS el que fuera en 2008 el encargado de la división banca corporativa del Banco de Chile, uno de los principales acreedores de las cascadas en aquel año.
En el contexto de su testimonio, Cavallini es consultado sobre si era verdad que, en mayo del año 2008, las condiciones del mercado permitían que el Banco de Chile otorgara créditos a corto plazo a Norte Grande y Oro Blanco, con la posibilidad de renegociarlos más adelante. La respuesta de Cavallini sorprende de inmediato, pues señala que “sí”.
Luego, la defensa de Ponce Lerou preguntó si ese escenario favorable para renegociar cambió en el segundo semestre de 2008. “Obviamente la crisis tiene un efecto, pero en este caso había una estructuración que podría haber permitido refinanciar a más largo plazo”, contestó Cavallini.
Posteriormente, le son presentados a Cavallini documentos donde se demuestra el pago de US$ 20 millones en enero de 2009 de una parte de un pagaré que vencía en agosto de 2008. Según la defensa de Ponce, la reprogramación –previo pago del abono– se hizo en agosto de 2008, pero según la SVS esto era imposible, pues para la reprogramación se requería el abono, que recién ocurrió en enero de 2009.
La SVS plantea esta duda a Cavallini pero los abogados de Ponce reaccionan cuestionando la consulta, argumentando que el documento exhibido por la Superintendencia no constaba en el expediente y que se estaba intentando sorprender a esa defensa.
En todo caso, Cavallini responde que “al leer la liquidación se ve efectivo (que el pago de enero de 2009 permitió la renegociación del pagaré), pero no me acuerdo de los hechos”.
La SVS continúa el relato de esta situación más adelante: “A partir de estas preguntas y respuestas del Sr. Cavallini, y ante errores manifiestos cometidos por la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou, esta Superintendencia intentó, infructuosamente, tratar de aclarar esa situación en base a preguntas que se pretendían realizar al Sr. Cavallini, no obstante, la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou, acusó a esta Superintendencia de querer sorprender a su testigo, sin embargo, los hechos dan cuenta que ello habría sido el propósito de dicha defensa”.
Y prosigue la SVS, indicando que “la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou mostró la liquidación de US$ 20 millones a su testigo, sólo después de haber observado el pagaré N° 98860, cuyo vencimiento original era del 25 de agosto de 2008, así el Sr. Cavallini al ver la liquidación con fecha de vencimiento 19 de mayo de 2009, interpretó que ello posibilitó un aplazamiento del pago, aunque acotó que no recordaba esa situación”.
“Al parecer, la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou no reparó en algunos detalles al momento de formular sus preguntas; así, no se explica cómo esa defensa pudo señalar que el pagaré N° 98860 (que venía el 28 de agosto de 2008) podía estar vigente a enero de 2009, si su vencimiento, a juicio de esa defensa, era agosto de 2008. Quizás al reparar esta evidente inconsistencia el testigo señaló que no recordaba tal situación”, indica la autoridad.
Asimismo, la SVS refuta a la defensa de Ponce en cuanto a que la autoridad intentaba sorprender a Cavallini. Para ello, la entidad dirigida por Carlos Pavez indica que no comprende cómo pudo interpretar la defensa de Ponce Lerou que se intentó sorprenderla, si la información relacionada al documento que se estaba exhibiendo se hallaba incluida en la formulación de cargos, que data de septiembre del año 2013, y a partir de un documento que fue presentado por Oro Blanco en noviembre de 2012, a requerimiento de al menos dos oficios reservados, y que siempre formó parte del expediente administrativo, en su parte reservada y de solo acceso a los formulados de cargos. “Es así, como la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou se sintió sorprendida a partir de una información a la que tuvo acceso con una anticipación de 10 meses”, destaca la SVS.
Ponce había pedido que testificara otro ejecutivo, Fernando Carulla, pero, luego del episodio Cavallini, desiste de llamarlo. La Superintendencia entiende lo ocurrido como un triunfo.
“Es así como, y lejos de confirmar la ‘teoría’ de la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou en cuanto a que los bancos prácticamente la obligaron a pagar las acreencias, el Sr. Cavallini da cuenta que la estructuración ‘podría haber permitido refinanciar a más largo plazo’, de tal forma no resulta cierto que las Sociedades Cascada se hayan visto obligadas a pagar sus acreencias a exigencia de los bancos”, sostiene la SVS en su resolución final.
