Carlos ‘Choclo’ Délano y Carlos Eugenio Lavín enfrentan su momento más complejo. A sabiendas de que en los próximos días el fiscal Carlos Gajardo solicitaría audiencia para formalizarlos por delitos vinculados a la evasión de impuestos, ayer anunciaron varias medidas a nivel del grupo.
Primero, ambos controladores de uno de los mayores grupos empresariales anunciaron su salida del directorio de cuatro filiales del grupo: las aseguradoras Penta Vida (seguros de vida), Penta Security (seguros generales, donde es socio del grupo Security), Banco Penta y el holding de salud Banmédica.
La medida fue acompañada del anuncio, por parte del conglomerado del cual penden sus compañías, Empresas Penta (único directorio donde se mantendrán), respecto a que pagarán al Estado 1.191 millones de pesos (unos US$ 2 millones).
Estos dineros corresponden a los impuestos que el SII determinó que habían evadido a través del uso de boletas de honorarios emitidas por sus parejas para aumentar los gastos de sociedades ligadas al grupo y reducir, así, el pago de tributos y que suman –según indicaron– $ 532 millones, los que ascienden a los US$ 2 millones con intereses, reajustes y multas.
Por estas causales el SII presentó una denuncia criminal ante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público a fines de agosto pasado. También el SII denunció, el 8 de octubre, a representantes de Empresas Penta e Inversiones Penta III Ltda. por el uso de boletas y facturas falsas para reducir la base imponible del impuesto a la renta que debían pagar.
Si bien el SII indicó, en su momento, que el perjuicio provocado por el uso de boletas falsas por parte de las parejas de Lavín y Délano provocó un daño al fisco superior a los $ 400 millones, ayer Penta indicó que los impuestos reclamados por el Servicio suman $ 532 millones.
Empresas Penta señaló que pagan estos impuestos “pese a que se trata de un caso que aún se discute y se encuentra en una fase investigativa”, indicando que lo hacen como “una muestra de buena fe y de colaboración con la investigación en curso”.
Respecto a las renuncias a los directorios, Délano y Lavín explicaron que lo que buscan es que los directores de las diferentes empresas del grupo “dediquen el tiempo necesario para cumplir sus funciones y tareas al interior de cada compañía y, a la vez, permite que podamos tener la disponibilidad de tiempo necesaria para concentrarnos en la denuncia del SII”.
Formalizaciones
Lo cierto es que el anuncio de ambos empresarios llega en momentos claves para el escándalo que afecta al grupo Penta desde hace ya cuatro meses, cuando el SII hizo la primera denuncia contra los dueños del grupo.
Desde entonces, las oficinas del grupo han sido allanadas, sus computadores requisados y ambos personajes han concurrido a la Fiscalía a prestar declaraciones.
Aunque Empresas Penta y sus dueños han negado haber cometido delitos, diversas fuentes, que conocen y participan del proceso, señalan que es un hecho de la causa que Gajardo iniciará en los próximos días la solicitud de audiencias para formalizar a los distintos implicados en el caso y los controladores. Y en la lista los primeros afectados serían Penta y sus controladores.
Dichas formalizaciones, además, serían el escenario previo a profundizar en la llamada arista política del caso, donde algunos de los candidatos a parlamentarios y presidenciales estarían involucrados por haber presentado boletas por servicios no prestados.
Pero no es el único escenario complejo para los Carlos.
Este jueves, por la mañana, ambos deberán concurrir a una audiencia preparatoria en la demanda laboral que presentó el ex colaborador de ambos empresarios y ex gerente general de Penta, Hugo Bravo.
Enfrentado a la investigación de Gajardo, Bravo comenzó a entregar a la Fiscalía información sobre diversas fórmulas utilizadas por el grupo para aportar a campañas políticas que estarían reñidas con la ley, mediante la presentación de boletas y facturas por servicios no prestados.
Fuentes cercanas al caso indican que en dicha audiencia se conocería el contenido de una grabación realizada por Bravo en una reunión que sostuvo con Carlos Lavin, donde habría abordado la arista política de la investigación de Gajardo y en que el empresario se habría comprometido a pagarle dineros pendientes.
