La comisión investigadora del Caso Cascada dio más espectáculo que otra cosa. Después de haberse constituido en julio, la instancia presidida por Fuad Chahin (DC) culminó ayer su última sesión, aprobando un informe que no resolvió la supuesta participación de ex personeros de gobierno en el caso –siendo ésta una de las principales interrogantes por las cuales se constituyó– y promoviendo ideas generales sobre cambios legislativos en el mercado de capitales.
El objetivo de la comisión era investigar el conflicto entre accionistas de la cascada y el papel que habrían tenido autoridades del gobierno anterior, pero sus conclusiones no respondieron a este desafío. Por un lado, no hizo mención al conflicto en la propiedad de la cascada al omitir comentarios sobre Julio Ponce, controlador de este grupo de compañías, ni acerca de otros minoritarios; y, por otro, concluyó no tener antecedentes para determinar con certeza si el ex Presidente Sebastián Piñera tuvo relación con el caso, tesis que sacó ronchas en miembros de la oposición, quienes creen que sí hay antecedentes para desacreditar su participación.
Respecto del primer punto, el documento se resguardó con el argumento de que a la comisión no le compete fiscalizar el actuar de privados, y del segundo sostuvo que parecía razonable tomar mayores resguardos, como fideicomisos ciegos, para que figuras públicas puedan lidiar con potenciales conflictos de interés. Nada nuevo.
Así, con 8 votos contra 5, los diputados de la Nueva Mayoría aprobaron el informe final de la comisión presentado por Chahin (DC), en una discutida votación por las críticas de miembros de la Alianza e incluso de miembros de la Nueva Mayoría al documento.
Marcelo Schilling (PS), por ejemplo, afirmó que el informe “no dice nada respecto del cerebro de los hechos que se investigan, el señor Ponce Lerou. No concuerdo con que fue bien sancionado. La sanción es muy inferior a las utilidades obtenidas. Los delitos de cuello blanco pasan colados”, reclamó, considerando que –según la SVS– éste obtuvo utilidades por US$128 millones, mientras que la multa ascendió a US$70 millones. Pese a estas críticas, aprobó igual el informe al considerarlo como un “mal menor”.
Fue el único de la Nueva Mayoría que argumentó su voto a “favor”, mientras los representantes de la Alianza se concentraron en rechazar el informe en cuestión. Patricio Melero (UDI) sostuvo: “A nuestro juicio ha quedado fehacientemente acreditado que no hubo autoridad política alguna que realizara gestiones ante la SVS conducentes a influir en la investigación realizada”.
Nicolás Monckeberg (RN), uno de los principales defensores de Piñera en esta instancia, rechazó el informe porque, a su juicio, este puede ser “un instrumento bastante útil para una de las partes del proceso, con afirmaciones que benefician a la parte acusada”, es decir, Ponce, ya que el documento finalmente no descarta la participación de Piñera.
Más allá de estas asperezas, diputados consultados por este medio afirmaron que el informe no tiene efectos, más allá de contener propuestas legislativas. Así fue como concluyó una comisión que en algunas sesiones generó noticia por la crispación que se generó entre sus miembros y la agresividad de algunos diputados hacia autoridades públicas.
Uno de los grandes ausentes de ayer fue Ricardo Rincón (DC), quien se caracterizó por criticar la investigación de la SVS con argumentos que cercanos al caso describen como "muy similares a los planteados por la defensa de Ponce". En una ocasión afirmó que el actual titular del organismo regulador, Carlos Pavez, mentía.
Propuestas generales
El informe final de la comisión recogió propuestas para profundizar la legislación del mercado de capitales, algunas de las cuales ya han sido presentadas en otras instancias.
Una de éstas es avanzar hacia una Comisión de Valores y Seguros –proyecto de ley presentado por el gobierno anterior–, la cual ya se pronuncia respecto de los plazos de caducidad, tema que cobró importancia en el marco del caso, considerando que varias operaciones del “esquema” detectado por la SVS no fueron multadas por haber ocurrido hace más de cuatro años.
Además recogió inquietudes expresadas por Fernando Coloma, ex titular de la SVS, quien planteó fortalecer mecanismos de inmunidad y defensa jurídica para autoridades de la Superintendencia; se pronunció sobre operaciones bursátiles como las de órdenes directas (OD); la desmutualización de las bolsas; y los mecanismos de información entre los reguladores financieros, ya que la comisión se vio sorprendida por el hecho de que la Superintendencia de Pensiones no pueda establecer con certeza cuánto habría sido el efecto negativo en las AFP por este caso. Todos tópicos sobre los cuales el informe sostiene que parece razonable perfeccionarlos, pero sin propuestas concretas.
