Se veía venir. En un áspero directorio, las dos fuerzas controladoras de SQM opusieron sus puntos de vista respecto de la posición que asumirá la compañía frente a la investigación del Ministerio Público, la cual busca dilucidar la legalidad de boletas presuntamente falsas que habría emitido la empresa y cuyo destino habría sido el financiamiento de campañas políticas. Caso similar al que hoy pesa sobre el Grupo Penta y que tiene a sus controladores en prisión preventiva.
El miércoles ya era un secreto a voces. La acción de Samuel Donoso, abogado con amplios lazos en la Nueva Mayoría y que representa a Patricio Contesse González –gerente general de SQM–, buscaba impedir que la Fiscalía obtuviera información contable de la empresa correspondiente al período 2009-2014, generando mucho ruido al interior de la sociedad. Pues, en cosa de horas, la compañía emitió un comunicado a través de sus asesores externos, Imaginacción –empresa de Enrique Correa–, aclarando que dicha acción fue sólo en nombre del gerente general, ya que el directorio revisaría el asunto durante el mediodía de ayer.
Y así fue. En un directorio de alta tensión, la empresa canadiense Potash Corp (PCS), dueña del 32% de SQM, mostró sus dientes. Como ha publicado este medio, para cualquier compañía sujeta a las regulaciones de EE.UU. o Canadá no es menor verse envuelta en alguna irregularidad relacionada al financiamiento de campañas políticas.
Así, dos de los tres directores que PCS tiene en la mesa de la minera no metálica, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre, “estuvieron a favor de entregar voluntariamente y a la brevedad la información requerida por el Fiscal Nacional”, según se informó en un comunicado. Wayne Brownlee, el otro director con votos de los canadienses, no vive en Chile.
Dicha posición resultó ser totalmente contraria al resto de la mesa, compuesta por directores cuyos votos provinieron de Julio Ponce, quien gracias a un pacto con la japonesa Kowa controla SQM con el 34%.
Además de Ponce, directores como el hijo del gerente general de SQM, Patricio Contesse Fica –quien fue multado en el marco del Caso Cascada–, Juan Antonio Guzmán y Hernán Büchi, optaron por contratar un informe independiente que analice la procedencia de entregar la información que persigue la Fiscalía de Alta Complejidad.
Mientras Contesse Fica está sujeto a un evidente conflicto de interés por sus lazos familiares con el gerente de SQM, Guzmán y Büchi mantienen una estrecha relación con la UDI, razón que podría justificar sus diferencias con los canadienses. Guzmán es cuñado de Julio Dittborn, ex presidente de la colectividad, mientras Hernán Büchi ha manifestado públicamente sus reparos al proceso que hoy encabeza el Fiscal Nacional Sabas Chahuán: “El caso Penta la verdad que me tiene muy sorprendido. Yo me he dedicado a ver la ley y en ninguna parte dice que sea un delito financiar a los políticos, sin embargo, se está transformando en una cosa delictual”, dijo en enero pasado.
Más allá de la relación de algunos directores de SQM con la UDI, el interés respecto a que la información contable de la empresa no vea la luz podría ser compartido por la Nueva Mayoría. Como informó este medio, la acción judicial de Donoso también fue interpretada como un mecanismo para impedir que el tema salpique a La Moneda, considerando boletas que vinculan a miembros del PS y la DC.
Donoso, quien en los inicios de El Mostrador fue socio minoritario, es una permanente carta del PPD para diferentes cargos de Gobierno. Fue propuesto como subsecretario del Interior para reemplazar a Felipe Harboe en el primer mandato de Bachelet, y también ha sido candidato para la Intendencia Metropolitana y la subsecretaría de Justicia.
Mientras Ponce compraba tiempo forzando la mano del directorio, los tribunales le infligían una derrota al darle carta blanca a la Fiscalía para indagar. El juzgado rechazó la presentación de Donoso y con eso golpea la estrategia para contener la investigación de platas políticas, que –se entiende– salpicaría hasta La Moneda.
No había consenso al cierre de esta nota sobre las implicancias del fallo en la decisión del directorio de SQM de ayer por la tarde.
El quiebre
La contratación de un informe independiente no supone una novedad para las distintas tormentas que ha tenido que enfrentar Ponce. En pleno marco del Caso Cascada, el ejecutivo contó con informes del economista Patricio Arrau y de la consultora Mont Blanc para defenderse de las imputaciones que entonces le hacía la SVS, entre otros. Todos estudios financiados por él y que desestimó el regulador de Valores.
En este caso, un informe jurídico financiado por un directorio controlado por Ponce, levanta sospechas respecto de la imparcialidad que tendrán los responsables de un documento cuyas conclusiones se revisarán el próximo lunes. Esto, porque la opinión jurídica que espera revisar el directorio tiene un plazo de 4 días para ser presentada. Este medio no pudo averiguar quién será el responsable de emitir esa opinión.
En medio de esa determinación que tomó el directorio, José María Eyzaguirre renunció al Comité Ad Hoc que hace poco más de dos semanas constituyó SQM, como señal de independencia para enfrentar la investigación sobre su información contable, manteniéndose hoy en dicha instancia sólo Juan Antonio Guzmán y Wolf von Appen.
“El directorio delegó en dicho comité toda la autoridad necesaria para llevar a cabo su cometido instruyéndole que, a su discreción, requiera toda la asesoría externa independiente que estime apropiada y, que una vez realizada su tarea, informe al directorio sus conclusiones y eventuales cursos de acción”, dio a conocer entonces SQM, una intención que parece no tener mucho respaldo en los hechos, en virtud de que las decisiones adoptadas ayer no pasaron por el Comité, sino por el directorio en su conjunto.
Sin embargo, otras lecturas sugieren básicamente que, si uno de sus integrantes no está de acuerdo con el funcionamiento de dicho comité o con su curso de acción, simplemente procede la renuncia de uno de sus miembros. Y eso habría sucedido.
El flanco al que se expone PCS
A pesar de que este medio no pudo averiguar las razones de la posición de los representantes de PCS en SQM, su intención por entregar todo lo necesario a la Fiscalía tal vez pueda entenderse por la estricta regulación que pesa sobre los canadienses.
Como ha publicado este medio, eventualmente SQM podría exponerse a infracciones a regulaciones en mercados como el de EE.UU. y Canadá. Siendo una compañía listada en Wall Street, está sujeta a normas que rigen para financiamientos de campañas políticas, las cuales son reguladas tanto por el Departamento de Justicia del país norteamericano como por la SEC, símil de la SVS en Chile.
La Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), de 1977, se aplica a cualquier persona o compañía con algún grado de conexión con EE.UU. y establece una serie de códigos que obligan a las empresas a desarrollar políticas corporativas al respecto. Esta ley la replica Canadá a través de la CFPOA, de 1999.
