Nuestro sistema de salud enfrenta importantes desafíos, siendo uno de los más relevantes la gestión de la salud pública, que atiende a cerca de ocho de cada diez chilenos. Los más de 13 millones de chilenos beneficiarios de Fonasa se ven diariamente enfrentados a una deuda hospitalaria que no cede (2014 cerró con un nivel 63% por sobre el de 2013), a listas de espera que bordean los dos millones de casos y a un déficit de especialistas, para el cual –no obstante se comprometió durante la actual administración una importante inyección de recursos adicionales– aún se desconoce un estudio oficial de brechas según especialidad, servicio de salud y nivel de atención que permita avalar este incremento en el gasto.
Si bien el sistema público es aquel donde las mejoras se tornan más urgentes, son los potenciales avances al sistema de aseguramiento privado los que han estado en el centro del debate en los últimos años. En este contexto, las Isapres tienen importantes espacios de mejora, sobre todo en lo que respecta a la movilidad de sus beneficiarios y a la posibilidad real de estos de comparar planes, así como también, por el lado de las aseguradoras en un contexto (tanto nacional como internacional) de costos de la salud crecientes, de que éstas puedan realizar reajustes a los precios de sus planes basados en criterios objetivos y transparentes. ¿Por dónde avanzar para alcanzar estos objetivos?
Discrepamos que la solución a estos temas sea la propuesta de posición mayoritaria de la Comisión Presidencial de Salud del año pasado, que sugirió avanzar en el largo plazo a un fondo con seguro único en salud. En caso de ejecutarse esta idea, estarán peor los beneficiarios de Isapre (que en muchos casos se verán obligados a tener que acudir al asegurador público) y los de Fonasa (que verán aún más colapsada la red pública). Los números señalan que la supuesta solidaridad que se introduciría al sistema con un fondo único no es tal. De hecho, en caso de mancomunar los ingresos totales para salud de ambas aseguradoras (pública y privadas), el total mensual de ingresos disponibles por beneficiario sería sólo cerca de $300 más de lo que disponen hoy los beneficiarios de Fonasa y más de $1.000 menos de lo que hoy disponen quienes están en Isapre.
Por esto, estimamos que nuestra salud debiese continuar con un sistema multiseguros: sólo así se minimizan las asimetrías de información que enfrentan los beneficiarios a la hora de buscar un seguro que se acomode a sus necesidades, pero por sobre todo se evitan los perjuicios de la acción monopólica del Estado, generándole al sistema público un benchmark que lo invita a la mejora continua en la calidad y oportunidad de sus prestaciones. De tal modo de mejorar la comparabilidad de planes, tanto la aseguradora pública como las privadas debiesen ofrecer un Plan Básico (PB), homogéneo en términos de cobertura, por el cual cobren un precio transparente, conocido y reajustable por cada aseguradora bajo criterios objetivos. Este precio debiese poder diferir según edad y también según la red preferente de prestadores a la que los beneficiarios decidan optar. Se deberían pagar primas adicionales sólo en caso de querer optar a mejoras a ese PB.
De tal modo de fomentar la transparencia respecto de la variación del precio de los planes y la competencia entre aseguradoras, cada Isapre podría acompañar dicho ajuste con (auto)establecerse un porcentaje preestablecido de utilidades. También para favorecer la competencia, el sistema debiese avanzar hacia una cotización portable, de propiedad de los beneficiarios: todos los asegurados deberían poder acceder a un precio piso de PB (equivalente, por ejemplo, al precio del PB ofrecido por el sector público). Si sus ingresos formales (y por ende su cotización legal) unidos a los ingresos del hogar que integra no le permiten acceder a este “piso”, debería recibir un subsidio por la diferencia, el cual podría ser utilizado o en el asegurador público o en el privado, y costear potenciales diferencias entre el “piso” y el precio del plan con recursos propios. En caso de existir una diferencia positiva entre la cotización legal y el precio del plan, los individuos debiesen poder contar con una cuenta de ahorro en salud.
Por último, para asegurar la movilidad de los asegurados en las Isapres, el sistema debiese avanzar en el diseño e implementación de un Fondo de Compensación por Riesgo inter-Isapres, que compense a estas instituciones de acuerdo al riesgo efectivo de sus carteras.
En suma, si bien nuestro sistema de salud debiese tener como prioridad mejorar la gestión, calidad y sobre todo la oportunidad de atención en sector público, existen ciertas potenciales modificaciones al sistema de aseguramiento privado que incrementarían su competencia, movilidad y transparencia.
Alejandra Candia
Directora del Programa Social de LyD
