Con más de un millón de votos que sustentan sus candidaturas tras las primarias presidenciales, los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, ya se escogieron como rivales de primera vuelta, situación que quedó en evidencia tras el cruce de cuestionamientos que se instaló el domingo y que promete no desvanecerse hasta noviembre. La principal perjudicada en esta pasada es la candidata de la centroizquierda, Yasna Provoste, a quien, más allá de sus cualidades personales como candidata, la forma y el fondo de su instalación la tienen en un segundo plano y estratégicamente fuera de radar de los dos candidatos que puntean en las encuestas. Sin un piso sólido de apoyo tras la consulta ciudadana, y con una transversalmente reconocida débil planilla parlamentaria, su situación actual es –en voz de los comandos de Sichel y Boric– la de una candidatura de «segunda clase». Desde la sede de la DC, hay quienes le dan plazo a la senadora por Atacama hasta fines de septiembre o la primera semana de octubre para romper la inercia de los 12 puntos. De no haber cambios sustanciales en el escenario, «hay que asumir que ya no fue».
Contrariamente a lo que piensa la mayor parte de los miembros de la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, la aprobación de sanciones para convencionales que en el ejercicio de su derecho de opinión, a juicio de la mayoría, incurran en «conductas negacionistas», no constituye en realidad una reafirmación de la intangibilidad de los DD.HH., sino que, por el contrario, lesiona un derecho humano universal, como es la libertad de opinión, que tiene un estatus suprasoberano que obliga a su respeto irrestricto en todos los países. A su vez, lo actuado por el convencional Rodrigo Rojas Vade demuestra la extrema instrumentalización de los mecanismos democráticos, con lesión incluso de la fe pública y de la confianza de los electores, y constituye una muestra palmaria de la degradación cívica del país, que es menester revertir.
Caracterizada hoy por un fuerte lobby, no solo entre las autoridades sino también en las comunidades, hoy se encuentra en la palestra por una controvertida planta procesadora de salmones en Puerto Natales, un proyecto por 70 millones de dólares a solamente un kilómetro de la ciudad y que vivió una tramitación con múltiples denuncias de irregularidades. Estas incluyen el cambio de decretos municipales para facilitar su funcionamiento por parte de un alcalde hoy acusado de corrupción; una funcionaria del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que luego fue contratada por Australis; y la construcción de obras que no estaban contempladas en el expediente ambiental. Esas son las razones por las cuales, este martes, la ONG FIMA presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, para detener su construcción. La salmonera Australis, el largo brazo de China para instalarse en la Patagonia.
La colectividad, recientemente conformada, está prácticamente quebrada en dos, en medio de acusaciones cruzadas de irregularidades y fraudes. El bloque autodenominado «Los Legales del PDG» acusó elecciones internas irregulares y poco transparentes, apuntando a la directiva encabezada por Luis Moreno, respecto a querer manejar y apropiarse de la tienda, junto con aludir también a una complicidad del candidato presidencial Franco Parisi. En respuesta, el sector que apoya a la dirigencia acusó que quienes promueven esas críticas son personas que han encabezado problemas al interior del partido y denunciaron que Gino Lorenzini quiso integrar a viejos estandartes de la política al PDG, razón por la cual se habría producido un quiebre con el líder de Felices y Forrados. Partido de la Gente se desgrana con acusaciones cruzadas de fraude entre seguidores de Parisi y Lorenzini.
La sala funcionaba como cine y era la sede de distintos festivales cinematográficos y musicales. Así funcionó durante 10 años, hasta que el nuevo arzobispo, René Rebolledo, quiso darle un giro a su gestión. Nada de subvencionar la cultura, al espacio había que rentabilizarlo ofertándolo al mejor postor. Así fue como el clásico escenario del Teatro Centenario fue desmantelado, para dar lugar a espacios comerciales, tipo mall chino. Hasta el Seremi de Cultura intentó convencer al arzobispo, ofrecieron costear las reparaciones avaluadas en más de mil millones de pesos, para conservar el lugar para la cultura, pero la autoridad eclesiástica quería más. En 2019 presentaron desde la Seremi una propuesta de compra del teatro y el arzobispado solicitó un monto millonario, inalcanzable. «Ahí reconocieron (el arzobispado) que lo que en realidad buscaban era tener una rentabilidad del espacio, más que cederlo». Arzobispado de La Serena da portazo final al Teatro Centenario para habilitar locales comerciales.
El economista y asesor en inversiones Alejandro Puentes es enfático en señalar que los efectos de la inflación «nos impactan a todos, la diferencia y la gran desigualdad está en quienes pueden lidiar con ello y quienes no pueden». Puentes agrega que se trata de (una especie de) «impuesto sumamente regresivo», porque los sectores con menos recursos «cada vez ocupan un mayor porcentaje de sus ingresos disponibles en cosas más básicas». Para el experto, la evidencia entregada por el Banco Central, a través de la presentación que su presidente hizo en la Cámara de Diputadas y Diputados hace algunos días, demuestra que el cuarto retiro es una política que no se necesita, el tema –indica– es que «estamos en un país donde hay un total desprecio por la técnica, por la ciencia y el conocimiento. (…) Hay un consenso transversal de distintos sectores de que es un mal proyecto y, sin embargo, el Congreso sigue por su lado». Revive la entrevista en La Mesa.
