Opinión
Considerando que ya han existido diversos casos de corrupción en los últimos años (Soquimich, Penta, Milicogate, entre otros), claramente se deben constitucionalizar ciertas garantías en la lucha contra la corrupción y adoptar un modelo más robusto por la cantidad de casos diferentes que existen. Una propuesta más cercana al modelo de agencia multipropósito en nuestro país podría calzar.
Últimamente ha ocurrido un terremoto político para el Ggobierno, ya que el denominado caso Convenios ha conmocionado a la opinión pública y, si bien todo partió con el caso de Democracia Viva (donde estuvieron involucrados nada menos que 426 millones de pesos), actualmente existe un mayor número de casos que despiertan alarmas. Específicamente la Fiscalía investiga 53 fundaciones por traspasos de más de 32 mil millones de pesos, donde en varios de estos convenios se encuentran dinámicas evidentemente relacionadas con actos de corrupción, derivando en la renuncia de autoridades, donde la más importante fue la renuncia de Giorgio Jackson.
Paremos a pensar un poco qué significa esto: ¿Son todas las fundaciones instituciones corruptas? ¿Hay una red de corrupción instalada en el Gobierno y sus instituciones? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitar todo esto?
Primero analicemos la problemática en sí y de ahí expliquemos las posibles soluciones.
Es importante partir mencionando que no todos los convenios involucran hechos de corrupción, sino que están siendo investigados porque no cumplen ciertos estándares legales dentro de la administración pública. Los estándares legales se refieren a que estas fundaciones realizan giros muy amplios para lograr adjudicarse estos fondos públicos o derechamente cambian su giro después de realizado el convenio.
El caso de Democracia Viva es vivo ejemplo de esto, pues la fundación había firmado ya dos convenios con el Ministerio de Vivienda antes de cambiar su giro a “construcción de proyectos de servicio público”, ampliando su giro para justificar la entrega del presupuesto.
Es importante preguntarnos, estos giros amplios, ¿constituyen corrupción? La corrupción es muchas veces definida como el abuso de poder para beneficio privado, ya sea directo o indirecto (Villoria, 2022). Dentro de esto, el hecho de realizar un giro amplio, en que las autoridades no hayan efectuado un mayor control de calidad, constituye más una deficiencia en la fiscalización y una mala eficiencia en el uso de estos recursos públicos, pero no necesariamente involucra corrupción.
Sin embargo, varios de los casos superan la simple ineficiencia de recursos, involucrando dinámicas de corrupción, por ejemplo, el mismo caso de Democracia Viva, a pesar de operar a través de esta ampliación del giro, sí está envuelto en una dinámica de tráfico de influencias, donde esta “no fiscalización” en la entrega de recursos se ve manchada por una cercanía política. Me explico, a pesar de la similitud con la forma de operar al momento de adjudicarse un fondo con otros convenios investigados (ampliación excesiva del giro de actividades), acá aparte existe una entrega de fondos entre compañeros de partido político, siendo Revolución Democrática el protagonista.
Esto, debido a que la fundación es liderada por Daniel Andrade y el Seremi de Antofagasta es Carlos Contreras, ambos de RD, por lo cual el convenio sería una entrega de recursos sobre la base de afinidad política, especialmente grave si consideramos la nula experiencia de la fundación en el rubro. Peor aún, después se supo que estos podrían haber tenido una relación cercana, ya que la diputada Catalina Pérez (expareja de Daniel), tuvo como asesor principal a Carlos, pudiendo haber generado vínculos personales anteriormente.
También estuvo involucrada la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), quien en mayo supo del convenio, pero optó por no informarlo al ministro Montes, lo cual desembocó en que el Presidente solicitara su renuncia, al igual que con Carlos Contreras.
Por todo este contexto, el caso es más grave: resulta distinto entregar licitaciones a fundaciones que no cumplen ciertos estándares (error de eficacia en entrega de recursos públicos), en comparación con entregar licitaciones a fundaciones por beneficio político, no constituyendo simplemente un error de eficacia, sino calificando derechamente como corrupción en la entrega de recursos públicos.
Sin embargo, si bien no todos los convenios investigados son corruptos y quedan pruebas por analizar, todavía existen investigaciones, muchas de las cuales están empezando a revelar que algunos casos son más que una ineficaz entrega de recursos, existiendo verdaderas malas prácticas relacionadas a actos de corrupción, aunque no estén incluidos todos los convenios.
Dentro de los casos más graves, un ejemplo claro es el de Andrea Gutiérrez, quien firmó dos convenios por 50 y 250 millones de pesos con la Corporación para el Desarrollo de Santiago, institución en la que ella fue directora de cultura antes de llegar al Gobierno. Este es un caso similar al de la ahora exseremi de las Cultura de la RM, Alejandra Jiménez, quien autorizó un traspaso de 10,2 millones a la ONG El Circo del Mundo Chile, ya habiendo estado vinculada a la institución antes de llegar al Gobierno.
Si bien en los dos casos las ONG sí realizaban labores de cultura que entraban dentro del convenio, igualmente resulta en un conflicto de intereses, por lo que según la ley debieron de abstenerse de firmar los convenios, razón por la cual ambas fueron desvinculadas.
Otro caso que ha recibido bastante atención de la opinión pública es el denominado caso Lencería. Este tiene como protagonista a Camila Polizzi, quien habría arrendado el nombre y firma electrónica de Fundación En Ti para adjudicarse 250 millones de pesos entregados por el Gore del Biobío. Al justificar las boletas, se mostró la utilización de estas en restaurantes, servicios de delivery y tiendas como Zara o Intime, situación que intentó ocultar, ya que se filtraron audios de reuniones secretas con el entonces seremi del Biobío, Eduardo Vivanco, el cual presentó una querella contra Polizzi y renunció a su cargo después de conocerse esta situación.
Por último, un caso reciente es el de los hermanos Ortiz, quienes están siendo investigados por administración desleal y lavado de activos, habiendo recibido 730 millones de pesos en sus fundaciones Folab y Educc. Dinero dirigido al desarrollo de cursos de corte de cabello, masoterapia, entre otros servicios, los cuales estaban destinados a 200 mujeres de sectores vulnerables en las comunas de Padre Las Casas y Temuco, quienes nunca recibieron los servicios.
Existen más casos, pero la problemática de fondo es que existen deficiencias en cuanto a la prevención y lucha contra la corrupción. Principalmente la Fiscalía ha identificado ciertos patrones en los casos más cercanos a la corrupción hasta ahora: vaga experiencia en la temática del convenio celebrado, transferencias directas por casi la totalidad del monto y corporaciones creadas recientemente.
Todas estas características muestran filtros importantes que no existieron en la entrega de recursos públicos. Corporaciones creadas recientemente no deberían recibir tal cantidad de presupuesto y menos si no poseen experiencia en el rubro, pero sobre todo una transferencia directa es un problema grave en cualquier convenio que se realice con una fundación, siendo mejor establecer un pago gradual en función de objetivos y necesidades.
Por ahora veremos qué sucede con los demás convenios, pero definitivamente es una problemática vigente en el Ejecutivo y, si bien no parece haber una red conectada de corrupción, sí podemos afirmar que existe una problemática de corrupción a nivel nacional, la cual posee características comunes entre los diversos casos.
Por estos problemas y la falta de reglamentación es que resulta necesario comprender y analizar la problemática de fondo, la corrupción, para así intentar evitar que sucedan estos casos a nivel país.
La corrupción es un fenómeno multidimensional, involucrando aspectos tan complejos y diversos como la cultura del país o las dinámicas establecidas dentro de las relaciones de poder, por lo que para sintetizar nos vamos a enfocar en una de las diferentes áreas importantes por analizar, la institucional.
Antes de comenzar es necesario mencionar que la corrupción no va a desaparecer por mucha legislación y políticas públicas que se apliquen, sino que se busca combatirla y prevenirla en la medida de lo posible, ya que no depende solamente del área institucional. Sin embargo, esto no significa que el marco institucional no importe, todo lo contrario, diversos expertos y organismos internacionales comparten la idea de que, dentro de la lucha contra la corrupción, un marco institucional es la principal herramienta por utilizar.
La OCDE es uno de los organismos que apoya esta idea, por lo mismo explicita los tres marcos institucionales anticorrupción mayormente adoptados alrededor del mundo:
1. Primero está el “modelo de cumplimiento de la ley”, o mejor llamado “law enforcement model”, constituyendo el modelo más común dentro de los países de Europa occidental. Este adopta formas específicas de especialización, actuando a través de una institución y, por tanto, siendo el más centralizado de los tres, y aunque muchas veces pueda incluir las funciones de prevención, coordinación, investigación y acusación, es probable que se especialice en una de estas áreas.
2. El segundo modelo es el de prevención, políticas de desarrollo y coordinación institucional. Este modelo es el más descentralizado de los tres, ya que opera a través de diversas instituciones, todas las cuales poseen diferentes funciones en la lucha contra la corrupción, tanto implementando políticas públicas específicas como realizando acciones informativas y preventivas. Estas instituciones pueden estar coordinadas, ya sea por un plan nacional anticorrupción, pero también pueden llevar a cabo funciones distintas y coordinarse entre ellas de forma más autónoma.
3. Por último, está el llamado “agencia multipropósito con cumplimiento de la ley”. Este modelo es centralizado en una institución, pero específicamente en cuanto a las funciones de prevenir e investigar la corrupción dentro de un país, entregando asistencia técnica y llevando información, tanto a la opinión pública como a los agentes encargados de enjuiciar estos procesos, algo importante dentro de este modelo, ya que si bien centraliza la fiscalización de la corrupción, separa el proceso judicial encargado de realizar los dictámenes sobre cada caso, manteniendo por tanto una menor centralización que el primer modelo, al mantener esta separación de poderes dentro del sistema (OECD, 2013).
Estos tres modelos son diferentes y la elección para realizar su aplicación depende del contexto y estado actual de la corrupción dentro del país. Existen diferencias importantes a considerar, como por ejemplo el nivel de corrupción del país, donde un bajo nivel de corrupción no va a requerir una agencia multipropósito con poderes amplios. En cambio, cuando existe una corrupción endémica dentro del país, esta agencia sería vital que posea muchos recursos y facultades para actuar.
También depende de la integridad que posean las instituciones dentro del país, si existe una mayor integridad dentro de las diferentes instituciones, un modelo desconcentrado sería posible de aplicar, pero con una baja integridad podría ser más efectivo el destinar la lucha contra la corrupción a una institución independiente y más centralizada, para que así esté algo más alejada de estas instituciones y pueda mantenerse íntegra.
A pesar de las diferencias, al momento de delinear el modelo es importante establecer una estrategia anticorrupción a nivel nacional, en la cual se deben garantizar ciertos parámetros para aquella/aquellas institución/instituciones que vayan a ejercer la agenda anticorrupción. Específicamente son cuatro componentes claves los que propone la OCDE: independencia, mandatos claro, acontabilidad y cooperación entre instituciones.
También expertos recomiendan que el modelo esté constitucionalizado para garantizar que estos principios se cumplan independientemente del Gobierno de turno, estando más protegidas estas instituciones, gozando de una menor restricción a su labor, ya que disminuiría el temor de ser desmantelada la institución o de ser perseguida durante su objetivo (Tadida, 2023).
Esta discusión resulta importante, dado el momento político del país, con un Gobierno de turno posicionado “extremadamente” en contra de la corrupción en el discurso, pero que empieza a ver ciertas grietas dentro de sus filas, mientras al mismo tiempo un Consejo Constitucional deberá efectuar propuestas sobre estas dinámicas.
En nuestro caso, considerando que ya han existido diversos casos de corrupción en los últimos años (Soquimich, Penta, Milicogate, entre otros), claramente se deben constitucionalizar ciertas garantías en la lucha contra la corrupción y adoptar un modelo más robusto por la cantidad de casos diferentes que existen. Una propuesta más cercana al modelo de agencia multipropósito en nuestro país podría calzar.
