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El exvicepresidente de la Cámara no quiere verse vinculado ni de cerca con el escándalo del caso Hermosilla. Niega toda relación con la empresa de la principal involucrada, aunque hasta hace muy poco se promocionaba como socio director de la misma. ¿Cómo será posible? “No tengo explicación”, dice.
Para el exdiputado DC Exequiel Silva –exvicepresidente de la Cámara Baja en su tercer periodo como parlamentario (2002-2006), lobbista y actual socio de Luis Angulo, el marido de la abogada María Leonarda Villalobos– lo único relevante en el escándalo del caso Hermosilla es que no lo metan al baile. No quiere salir perjudicado.
Su nombre aparece en los audios que grabó a escondidas la esposa de su amigo Luis Angulo, cuyos detalles asegura conoció el mismo día en que se reveló públicamente la famosa conversación, tras lo cual –añade– no ha podido cruzar palabra con ellos. “No sé bien, de todo lo que salió, qué es verdad y qué no”, asevera.
En el ya icónico audio filtrado, después de ponerse de acuerdo con Luis Hermosilla y con el empresario Daniel Sauer para armar la “caja negra” con la que esperaban pagar sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Leonarda Villalobos se queja abiertamente de que no la protegieron –siendo ella la encargada de pagar las coimas–, al vincular a la empresa de su marido, “Asesorías y Negocios Commercia Spa”, en la maniobra para allegar recursos a la familia Jalaff, a través de la emisión de al menos 400 facturas falsas de la empresa Inversiones Guayasamín Spa, ligada a los empresarios Ariel y Daniel Sauer.
-¿Me podí explicar cómo chucha a la única persona que deberían haber cuidado le hicieron factura? ¿Me podí explicar eso? Escucha esto: Commercia, la empresa de mi marido, 400 facturas –reprocha Villalobos a Daniel Sauer, mientras lee un informe reservado del SII que recibió de manera fraudulenta.
En la conversación, la abogada y socia de Luis Hermosilla explica que, dentro de la investigación que se está realizando contra los Sauer –dueños de la corredora de bolsa STF Capital y de la empresa de factoring Factop–, se estaban revisando, desde marzo a diciembre del año pasado, 1.200 facturas de Guayasamín, en cuyo listado están aquellas recibidas por la empresa de su marido.
–Están investigando del folio 400 desde marzo al 1.600 de diciembre de Guayasamín. Folios son facturas –agrega la abogada en referencia a los documentos emitidos durante 2022.
Aunque en el Diario Oficial queda claramente registrado que el otro de los dueños de Asesorías y Negocios Commercia Spa es el democratacristiano Exequiel Silva, el exasesor legislativo, devenido hace años en lobbista, admite –más allá de la sorpresa– no haber hecho ninguna gestión en el SII para comprobar si su empresa estaba o no vinculada como receptora de boletas ideológicamente falsas, negando de paso todo conocimiento de los movimientos y gestiones de la compañía de intermediación financiera de la que es uno de los dueños.
“No sé si son 400 o menos facturas. Porque yo no tengo ningún poder en esa empresa, ni he tenido poder. Hace tiempo que yo no opero a través de esa empresa”, señala.
Así como aparece vinculada la empresa del exdiputado recibiendo facturas falsas, la propia Villalobos sostiene en los audios que la consultora de su propiedad –Steuern Asesorías Spa– también figura como receptora de facturas ideológicamente falsas.
–Steuern, ¿te suena? –le pregunta con sarcasmo Villalobos a Daniel Sauer, mientras repasaba las sociedades que aparecen en el informe reservado del Servicio de Impuestos Internos, institución que ya desvinculó al director de Grandes Contribuyentes y suspendió a cuatro funcionarios debido a este escándalo.
–Sí, a esa también le puedo sacar plata –le contesta Sauer igualmente con ironía.
Exequiel Silva, en tanto, a la vez que niega todo conocimiento de las operaciones que hacía su propia empresa, en sociedad con su amigo Luis Angulo Rantul, es mucho más categórico a la hora de desligarse de todo tipo de actividad con la empresa de María Leonarda Villalobos.
“No soy socio de Steuern. La relación que tengo con esta es que soy particularmente amigo y socio de Lucho (Angulo) en nuestra empresa”, afirma con vehemencia Silva.
Lo insólito es que horas antes de que explotara el escándalo, en su propio currículum, Exequiel Silva se presentaba como socio director de la señalada empresa, cuya fundadora era la encargada –de acuerdo con los audios– de pagar las coimas a los funcionarios corruptos de las entidades públicas.
En la información disponible, y que por entonces era pública, el propio Silva afirmaba no solo ser socio director de Steuern sino que daba cuenta además de su experiencia de cinco años en dicha consultora, particularmente desde 2018, un año después de que esta fuera creada por Villalobos. Una vez conocidos los audios, esta información fue borrada tanto de la web de la compañía como de su perfil personal en LinkedIn.
“Lo cierto es que yo no soy ni he sido socio de Steuern, nunca he trabajado con las personas, clientes, que están metidos en este escándalo”, insiste el exvicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
-¿Y cómo explica, si no tiene nada que ver, que usted mismo se promocionara como socio director de Steuern? No es convincente.
-Hay veces que pasan cosas en que uno no tiene una explicación razonable. Y yo entiendo que, en medio de este escándalo, es difícil explicar cosas que no tienen explicación.
Para lo que tampoco tiene explicación el exdiputado Silva es para el hecho de que, no teniendo nada que ver con aquella empresa –tal y como él asegura–, aparecía sonriente en varias de las fotografías que se usaban como promoción de la misma.
Consultada la empresa Steuern en registros de proveedores y portales afines, la consultora estratégica y financiera registra muy escasa información, salvo que a partir de esa matriz la sociedad en cuestión constituyó, a su vez, Asesorías Generales Spa, donde tiene como socio a Grupo Inversores Spa, otra empresa familiar.
El misterio de las actividades de Steuern –cuyo domicilio comercial es una propiedad en un condominio residencial a nombre de Luis Angulo, en Peñalolén– es similar al que tuvo en su minuto la sociedad Conexxa Consultores S.A., de la cual el lobbista y exdiputado Silva también era uno de los socios.
Esa consultora, creada en 2010, se movió durante los primeros años de vida en un estricto sigilo. Con cuatro años de funcionamiento, esta sociedad carecía de registro público del Directorio de Personas, verificaciones de trabajos realizados, no tenía registro de Bienes Raíces, ni de socios ni sociedades. Tampoco registraba información sobre declaraciones de impuestos. Fue casualmente a través de una entrevista que realizaron estudiantes de periodismo a uno de los socios –y que luego citó Ciper el 2014– que se supo que la consultora estaba muy bien contactada con la empresa KDM, investigada, por entonces, en un gran caso de corrupción, bautizado como caso Basura.
La zona gris en que se movían las asesorías de Conexxa le terminó por pasar la cuenta a Exequiel Silva. En 2017 fue sondeado por la mesa directiva de la DC para el cargo de subsecretario de la Segpres, en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Fue entonces cuando surgieron objeciones a su nombre, debido a su vínculo con la consultora Conexxa. Para evitar que por ese lado se abrieran flancos al Gobierno, es que se optó por vetar su nombramiento, cargo que finalmente recayó en el sociólogo, también Dc, Víctor Maldonado.
La DC, en todo caso, estaba en el corazón de Conexxa. Además de Exequiel Silva era también socio Julio Valladares, operador político de la falange y lobbista de empresas. Mientras seguía como socio de Conexxa, Valladares ejercía su rol como asesor de la Democracia Cristiana en el Congreso. Con doble paga.
El caso Hermosilla, que recién comienza a investigarse, no es el único donde cercanos a Exequiel Silva, como Leonarda Villalobos, se ven involucrados directamente en problemas con la justicia. En Conexxa, otro de los socios del exdiputado Silva era el también democratacristiano Hugo Lara Torres, quien fue nombrado en enero de 2014 como subsecretario de Agricultura del segundo Gobierno de Bachelet, pero debió renunciar antes de asumir en el cargo, debido a problemas judiciales. Tenía abiertas dos causas: una, por giro doloso de cheques y, la otra, por apropiación indebida y estafa.
