Juan José Lyon: “Los alcaldes son verdaderos reyes que tienen una bolsa de dinero enorme”

La formalización de la exalcaldesa Cathy Barriga puso nuevamente en la mira los altos niveles de corrupción y falta de transparencia que existen en los gobiernos locales. Precisamente, el Ministerio Público cerró el 2023 con 642 causas abiertas, en todas las regiones del país, relacionadas con algún delito de malversación y fraude al fisco de alcaldes y funcionarios municipales.

Para Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, estos números no son sorprendentes, ya que responden a la inacción del sistema político frente a la innumerable evidencia y recomendaciones que han dejado las diferentes comisiones de probidad y transparencia.

Respecto de la crisis de probidad a nivel municipal, el experto advierte que “lo que está fallando son los contrapesos, ya que los alcaldes tienen demasiado poder y poco control”. En esa línea, indica que actualmente no existen proyectos legislativos para mejorar este tipo de problemas, por lo que “vamos a seguir viendo casos como estos, mientras no cambiemos y otorguemos mayores contrapesos al poder que tienen los alcaldes”.

En un año de elecciones municipales, Lyon instala la urgencia de fortalecer y aumentar las atribuciones fiscalizadoras de los concejales, que pase a ser “una pega full time”, con mayores responsabilidades y conocimiento de su labor. “Si no, la verdad es que lo que tenemos en los municipios son alcaldes con un presupuesto multimillonario, verdaderos príncipes o reyes que tienen poderes supremos para hacer y deshacer a su antojo”, señala.

-¿Cómo viste la formalización de la exalcaldesa Barriga y el tipo de mecanismos fraudulentos con los que habría operado en su administración expuestos por la Fiscalía?
-El caso de la exalcaldesa Cathy Barriga da cuenta del nivel de poder, el nivel para hacer y deshacer que tienen los alcaldes y los precarios mecanismos de control. El caso Fundaciones, lo que está ocurriendo con las corporaciones municipales, los últimos casos corrupción de municipios, dan cuenta de la fragilidad que tienen los mecanismos de control y lo vulnerables que somos como país a los casos de corrupción. Cuando un alcalde, una autoridad, quiere defraudar o hacer lo que quiera, en el fondo hay pocos mecanismos para que eso no caiga en casos como los que estamos viendo.

Esto no es nuevo. La Comisión Engel dio cuenta de todas estas falencias, propuso una serie de mejoras y ahí hubo una falla de la clase política, del Ejecutivo de esa época, del Parlamento, de no llevar a cabo esas recomendaciones. Se ha repetido en las sucesivas comisiones que ha habido en temas de transparencia. Siempre se repite lo de mejorar el tema de los contrapesos en los municipios.

¿Qué pasó con Cathy Barriga?, ¿cómo un alcalde puede hacerle un daño de 30 mil millones a un municipio? Simplemente tiene el poder para hacerlo. En definitiva, da cuenta de que, cuando ella quería hacer algo y no se le permitía, o no existía el presupuesto para hacerlo, simplemente cambiaba a la persona o también se adulteraban documentos para poder endeudar al municipio con plata que no había.

Estos 30 mil millones, hay que decirlo, no es que los haya tomado y se los llevara para la casa, sino que eran para hacer las cosas que ella quiso hacer, entre las ferias, ​​las compras, los shows, los conciertos… se falsificaron –eso está dentro de la investigación– documentos de asignación presupuestaria; es decir, hacían como que había fondos en el arca, pero lo que se hizo fue endeudar al municipio en 30 mil millones. Contablemente hacían aparecer esa plata, pero la verdad es que ese presupuesto no existía y esos eventos no debieron haberse llevado a cabo.

Eso no lo pudo haber hecho ella sola y ahí está la fragilidad de los equipos que hizo y deshizo a su antojo. Parte de las recomendaciones que ha habido en las muchas comisiones que hemos tenido por transparencia es que los alcaldes no puedan sacar y poner a quien quieran, de su confianza, en cargos tan importantes como jefe de Control, Finanzas o Administración. Se ha hablado de que esas personas debiesen llegar por Alta Dirección Pública, para hacer una especie de contrapeso.

Se ha mencionado por ahí, también –lo que encuentro una buena medida–, que así como el director de Obras depende del Serviu, también dependa, por ejemplo, el director de Control de Contraloría, para tener una pata de Contraloría en todos los municipios, de forma de tener contrapesos.

El concejo, que tiene muy pocas atribuciones. Para muchos concejales no es una pega full time, entonces no están ahí encima para detectar estas cosas. En definitiva, no tienen muchas atribuciones, y creo que para los concejales debe ser una pega con mayores responsabilidades. Si no, la verdad es que lo que tenemos en los municipios son alcaldes con un presupuesto multimillonario y son verdaderos príncipes o reyes que tienen poderes supremos para hacer y deshacer a su antojo.

Estos casos de corrupción se destapan cuando hay una rotación, cuando cambia de partido, y eso es bueno también. Yo aplaudo la ley que impide la reelección eterna de los alcaldes, justamente porque esa rotación nos permite conocer este tipo de casos.

-Si revisamos el caso de Las Condes, donde hay otros procesos de investigación en curso respecto de los excesivos pagos de horas extras a funcionarios, irregularidades del jefe de Compras del municipio, causas por fraude al fisco para la construcción de un Cesfam, etc., ¿cómo analizas lo que ha pasado en esta comuna y cómo ves la reacción de partidos políticos, la UDI en este caso?
-Creo que la reacción que ha tenido la alcaldía de Las Condes y también su partido político ha sido más bien de contención, y me preocupa en el fondo que esto no haya sido algo del primer minuto. Gran parte de los casos de corrupción a los que se ha enfrentado la alcaldesa Peñaloza no son cosas que haya inventado ella, sino que son casos que venían de antes. Ella lo sabía, fue funcionaria municipal.

Todos quienes hemos estado investigando Las Condes, o los mismos funcionarios, saben que había un problema con las horas extras. Esto no es un tema nuevo, ha habido múltiples reportajes también, antes incluso de la época de Lavín. Por ejemplo, en el caso de las horas extras no se quiso hacer nada, hasta que finalmente una investigación demuestra que esas horas extras no se están cumpliendo, y que la verdad es que es una especie de bono.

Se sabía que había problemas con la Dirección de Compras, hubo sumarios al director de Compras, ella misma lo perdonó. Entonces, uno dice “bueno, cuando se anuncia un sumario, cómo podemos creerlo o no, si ella anda perdonando”.

La compra del Cesfam también es un tema que está súper en cuestión. Ella en un principio acusó a los concejales de mala fe, después (dijo) que eran errores administrativos, después se sumó una querella. Es decir, al parecer aquí están reaccionando una vez que se han visto pillados, más que una posición proactiva por la transparencia y la probidad.

A mí no me gusta hacer comparaciones, pero lo voy a comparar con un municipio que está muy cerca, que tampoco ha estado exento de problemas. Nosotros cuando empezamos a ver los problemas con los municipios, con los nuevos alcaldes, después que denunciamos lo de las horas extras y problemas en la corporación de Vitacura, la alcaldesa Camila Merino se nos acercó, nos pidió recomendaciones para subsanar, o cómo podría mejorar los problemas transparencia que hay en el municipio. Han sido medidas paulatinas, ha tenido costos también, de resistencia de los funcionarios, pero nosotros vimos que al menos había una posición proactiva.

Acá lo que veo en Las Condes es que, lamentablemente, se ha tratado de parchar o de medidas comunicacionales.

Cuando nosotros empezamos con el tema de la Corporación Cultural de Las Condes, de querer abrir, de estos 30 mil millones que había recibido en los últimos años, no queríamos nada más que saber cuál era el destino, a quién se contrataba, cómo se contrataba. Y vemos que la reacción fue comunicacional. Dijeron “estamos por la transparencia”, pero por otro lado gastaron tres años de abogados para llevarnos a un juicio hasta la Corte Suprema. Entonces, ahí digo “bueno, de verdad es un discurso comunicacional; la alcaldesa dice estamos por la transparencia, estamos por la probidad, queremos que sean las cuentas claras, pero por otro lado, nos llevan a un juicio de tres años, gastando dinero de todos los vecinos en abogados para que esta información no sea conocida” y, al final, lamentablemente, teníamos razón. Esa resistencia, esos dineros invertidos en ocultar el destino de esos fondos tenían una razón, tenían que ver con que se pagaban asesorías a operadores políticos, asesorías sin ningún tipo de documentos que las demuestren. En el caso de Gonzalo Müller, por más de 100 millones de pesos, donde no existe ningún tipo de prueba de que esas asesorías se hicieron.

Tenemos el caso que reveló Ciper también, del finiquito de más de 240 millones al exdirector de la Corporación Cultural, algo que es absolutamente irregular, y más cosas que han salido a través de la corporación. Estaban tratando de tapar eso. Entonces, la alcaldesa tenía un doble discurso. Por un lado, dice que está por la probidad, por la transparencia, anuncia sumarios, pero, por otro lado, vemos que inicia acciones legales para que no haya transparencia, y a los funcionarios que han sido sumariados se les perdona. Afortunadamente, ahora los casos han sido de tal gravedad que se ha metido la Contraloría, se han querellado, pero temo que la reacción está siendo un poco tardía de su parte en estos temas.

-Hasta diciembre de 2023, el Ministerio Público informó 642 causas abiertas por casos de corrupción en diferentes municipios del país, lo que da cuenta de lo transversal y recurrente de este tipo de delitos. ¿Cómo debiésemos seguir avanzando en materializar mecanismos de fiscalización y transparencia para los gobiernos locales, en qué estamos atrasados? ¿Qué pasa con la Ley de Transparencia 2.0, por ejemplo?
-Los números que mencionas no son nuevos. Los municipios, en la última década, han sido siempre los peor evaluados en términos de probidad y transparencia. En las mediciones que hace el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, en temas de cumplimiento con la ley, siempre los peor evaluados son los municipios. El Consejo de Defensa del Estado también ha señalado que más de la mitad de los municipios tiene alguna causa por problemas en temas de corrupción.

Es muy grave lo que está pasando en los municipios, manejan una cantidad de dinero enorme, lamentablemente también son los que tienen mayor cercanía con los ciudadanos, pero da cuenta de la crisis de probidad que estamos viviendo. Acá lo que está fallando son los contrapesos: los alcaldes tienen demasiado poder y tienen poco control. Entonces, por un lado, creo yo que ha fallado la clase política, el diagnóstico lo conocemos hace décadas, las soluciones de los expertos han sido súper claras y, lamentablemente, no se han puesto de acuerdo el Ejecutivo y el Congreso para hacer esas modificaciones.

Mencionabas también la Ley de Transparencia 2.0. En lo que son transferencias a corporaciones, lo que hemos visto en los gobiernos regionales, en el caso Fundaciones, eso sí mejoraría bastante con la nueva ley.

Recordemos que el caso Fundaciones no estalla por los sistemas de control, no lo denuncia la Contraloría, sino que parte por una denuncia de un medio regional, después la Contraloría se sumó y ha dado cuenta de algunas irregulares en otras fundaciones, en otros gobiernos regionales, pero gran parte de los casos han seguido saliendo gracias al trabajo de periodistas o de la sociedad civil. En ese sentido, la Ley de Transparencia 2.0, al ampliar la ley a toda fundación o corporación que reciba fondos públicos, o en este caso de fundaciones privadas que se financian principalmente con fondos públicos, evitaría la corrupción, porque otorgaría mayor transparencia a estos traspasos. Y sabemos que –es nuestra premisa también de trabajo en la fundación– a mayor transparencia, menor corrupción. Es decir, se hace más difícil la corrupción al mejorar los mecanismos de control, para que más casos como estos puedan ser revelados y que ocurran ojalá menos. Entonces, hay que avanzar en transparencia, la nueva ley se hace cargo bastante de eso, de las fundaciones y corporaciones que reciben fondos públicos.

Pero, lamentablemente, no existen proyectos en concreto para mejorar el problema que tenemos en los municipios, de otorgar mayor poder a los concejales, de que sea un trabajo full time, de poner mayor contrapeso dentro del municipio. Y eso es súper importante, porque la Contraloría no da abasto y, aunque tripliquemos el personal de la Contraloría, tampoco daría abasto para hacer frente a la cantidad de municipios. Entonces, es necesario aumentar la transparencia en las corporaciones municipales, por ejemplo, en las transferencias que hacen los municipios, pero sin duda también otorgar mayor contrapeso a lo que hacen los alcaldes, que hoy día son verdaderos reyes que tienen una bolsa de dinero enorme a gastar con poco control cuando quieren hacerlo.

En el caso más reciente de Cathy Barriga, vemos el poder y el nulo contrapeso que tienen funcionarios. Por ejemplo, si tratan de oponerse, simplemente son removidos y se pone alguien de confianza para seguir operando al antojo del alcalde y eso es preocupante. Entonces, vamos a seguir viendo casos como estos mientras no cambiemos y otorguemos mayores contrapesos al poder que tienen los alcaldes y mejoremos los mecanismos de control.

También hay un tema de capacitación de los concejales. Si bien las atribuciones de los concejales son pocas, lo que hemos visto nosotros es que desconocen a veces su trabajo. Lo que les exige la ley es ir a las sesiones, a veces son tres al mes y eso es todo. Entonces, la verdad es que les falta como una verdadera vocación de fiscalización. Y pongo el tema porque este año es de elecciones y a mí me impresiona ver que siempre los concejales salen electos prometiendo mejores áreas verdes, más plazas para perritos, y la verdad es que esas cosas los concejales no las pueden prometer. La principal labor que tienen y atribución que sí tienen es fiscalizar, y espero ver ojalá de aquí a las elecciones que haya más concejales con esa vocación.

-Mencionas que estamos precisamente en un año de elecciones municipales, ¿es prioridad –a tu juicio– al interior de los partidos operar bajo criterios de probidad y transparencia en la formación de sus representantes? ¿O el ejercicio de supervigilancia en los municipios que ganan?
-No es criterio. Yo lo que he visto son capacitaciones, muy pocas, de algunos partidos políticos a candidatos a concejales en sus atribuciones. Pero son capacitaciones a veces de cómo funcionan los municipios, más que de cómo ejercer su actividad de control al alcalde. La verdad que es muy triste, pero no hemos visto una posición de los partidos políticos de decir “vamos a estar por la probidad, vamos a elegir al candidato que se comprometa con hacer un cambio por la probidad”. Más bien lo que le importa –y seamos sinceros– son las cuotas de poder y que el candidato que ellos pongan pueda ser competitivo, y no el compromiso con la probidad o nada por el estilo, eso es bastante triste.

Ojalá veamos un cambio ciudadano de exigir a sus autoridades que todo alcalde, cuando asume, debiese hacer una auditoría a la administración anterior. Lamentablemente, eso siempre lo vemos cuando cambia el partido político, pero ha costado mucho. Cuando asumió el alcalde Vodanovic en Maipú, lo primero que hizo fue pedir una auditoría al período anterior, en cambio, cuando asumió Daniela Peñaloza se mencionó en el concejo hacer una auditoría a Lavín y se dijo reiteradamente que no, y ahora se accedió a hacer una, pero después de tres años de escándalo tras escándalo de corrupción en el municipio. Entonces, creo que es sano que todos los alcaldes, cuando partan, ojalá auditen y se vea bien qué es lo que ocurrió en el período anterior, sea el mismo partido político o no. Y ojalá mejorar los problemas que se encuentren, si la verdad también es que en los municipios se sabe cómo funcionan las cosas. Cuando asume un alcalde todos saben cuáles son los problemas. Lamentablemente, a veces por indolencia o por temas políticos, no se hace nada.