Fujimori es juzgado en Perú desde diciembre pasado por el asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como dos secuestros.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) merece ser condenado, al menos, a 10 años de prisión por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, afirmó este martes el fiscal Supremo de Perú, José Peláez.
«Se ha demostrado fehacientemente que sí se produjo el secuestro y que en éste intervino directamente el acusado Fujimori», dijo el fiscal en una entrevista a la emisora Cadena Peruana de Noticias (CPN), al referirse a los testimonios y pruebas presentadas ante la Sala Penal Especial que sigue el caso.
«Este delito está penado con un mínimo de 10 años y pienso que no existe ninguna duda para que la Sala (lo condene)», recalcó Peláez al referirse a la acusación del secuestro de Gorriti y Dyer.
Fujimori es juzgado en Perú desde diciembre pasado por el asesinato de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como los dos secuestros.
Horas después del autogolpe que dio Fujimori el 5 de abril de 1992, Gorriti, entonces corresponsal del diario español «El País», fue detenido en su domicilio y trasladado a la Comandancia General del Ejército, conocido como «El Pentagonito», en Lima.
Gorriti, quien se negó a entregar sus archivos periodísticos, fue liberado dos días después gracias a las gestiones de las autoridades de España y Estados Unidos, entre otros.
Dyer también fue detenido ilegalmente el 27 de julio de 1992 en el aeropuerto internacional de Lima, y recluido en el «Pentagonito», acusado de colaborar con Sendero Luminoso, aunque logró salir 9 días después.
Sobre los casos de Barrios Altos y La Cantuta, Peláez recordó que el lunes último el teniente retirado del Ejército Aquilino Portella manifestó que recibió presiones y amenazas para negar u ocultar las operaciones del grupo militar encubierto Colina, ejecutor de las matanzas.
Peláez señaló que «el mismo Aquilino Portella manifestó el lunes que en un momento recibió una amenaza contra la vida de su hija y en un momento estuvo frente a la necesidad de decir que no reconocía al señor Santiago Martin Rivas», el jefe operativo de Colina.
En su testimonio ante el tribunal, Portella, que apoyó el operativo de La Cantuta, ratificó que por orden del alto mando militar un equipo de operaciones especiales de inteligencia, en alusión a Colina, realizó un operativo en ese centro de estudios.
Portella, que niega su participación directa en el asesinato de los 9 estudiantes y el profesor de La Cantuta, también reveló que el Ejército le pagó 50.000 dólares y un viaje a Japón para que guarde silencio del caso.
Peláez comentó que los ex miembros del grupo militar encubierto han dado versiones contradictorias a lo largo de los años, porque, según dijo, han estado sometidos a «una serie de presiones y amenazas», pero añadió que ahora la verdad está saliendo a la luz.
El Fiscal manifestó que «el destacamento Colina hasta ahora sigue teniendo alguna vigencia», al explicar que muchos de sus ex integrantes cuentan con «cierta protección dentro de las Fuerzas Armadas».
Según lo determinado por el tribunal, Santiago Martin Rivas deberá presentar este miércoles su testimonio en el juicio contra Fujimori, quien fue extraditado desde Chile en septiembre pasado por dos casos de violaciones a los derecho humanos y cinco de corrupción.
EFE
