Julián Corres, que hasta hace unos años era oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, está acusado de 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios y siete desapariciones de detenidos.
Interpol de Argentina detuvo este lunes a un represor de la última dictadura militar (1976-1983) que se había escapado en julio pasado de una cárcel de la ciudad de Bahía Blanca en la que estaba detenido.
El fiscal federal Hugo Cañón informó que Julián Corres, de 56 años, fue capturado en la ciudad de Villa Constitución, a 250 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
«No tenemos todavía mucha información, pero sí se puede decir que Corres fue detenido en la casa de un familiar. Al parecer había cambiado su aspecto físico», sostuvo Cañón en declaraciones al canal de televisión Todo Noticias.
Por la fuga de Corres, el Ministerio de Defensa había ordenado hace unos días cesar a un jefe del Ejército y a once policías, cuatro de los cuales están detenidos.
La Justicia argentina también había solicitado la captura internacional del represor, apodado «Laucha», ante la sospecha de que el ex militar podía haber viajado a un país vecino.
El teniente coronel Corres, acusado de torturar a secuestrados en un centro ilegal de detención durante la dictadura, había sido apresado en abril pasado después de permanecer un año y medio prófugo.
Corres se escapó de una cárcel de Bahía Blanca el pasado 26 de julio luego de pedir permiso para ir al baño y el fiscal Cañón denunció la existencia de una «promiscua relación» del militar con los policías encargados de custodiarlo.
Julián Corres, que hasta hace unos años era oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército, está acusado de 47 secuestros, 38 casos de torturas, 17 homicidios y siete desapariciones de detenidos.
A consecuencia de este hecho, el Gobierno dispuso que las fuerzas de seguridad no podrán seguir alojando a detenidos por delitos de lesa humanidad.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina en la última dictadura, aunque los organismos defensores de los derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
EFE
