Por este caso conocido como «octubre negro», el tribunal Supremo de Justicia boliviano condenó a dos ex ministros y cinco ex jefes militares con sentencias que van de tres a quince años de prisión. Todos los ex jefes militares fueron sentenciados por el delito «de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».
La Justicia boliviana condenó hoy a siete ex autoridades políticas y militares acusadas de una matanza en 2003 y tiene un nuevo impulso para tramitar ante Estados Unidos, Perú y España la extradición de otros acusados, entre ellos el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Así lo señalaron el abogado de las familias de las víctimas, Rogelio Mayta, y el ex fiscal que dirigió la investigación del caso, Milton Mendoza, mientras que desde EE.UU. la defensa del exmandatario acusó a la Justicia boliviana de estar «politizada».
Mayta dijo que el Estado afronta hoy el «reto mayor» de lograr que Estados Unidos extradite a Sánchez de Lozada, bajo cuyo segundo Gobierno, en octubre de 2003, se produjo la matanza de más de sesenta personas durante la represión a una ola de protestas.
Según el defensor, el «acuerdo marco» que negocian los Gobiernos de Bolivia y EE.UU. para mejorar sus relaciones bilaterales establece una «cooperación judicial internacional que es un paraguas bajo el cual se insertará la demanda de extradición».
La Fiscalía General del país también insistió en que con el apoyo de la condena se insistirá en la extradición del exmandatario, aunque también denunció una «falta de cooperación de Estados Unidos» para que se concrete esa solicitud planteada oficialmente en 2009.
Por este caso conocido como «octubre negro», el tribunal Supremo de Justicia condenó hoy a dos ex ministros y cinco ex jefes militares con sentencias que van de tres a quince años de prisión.
Los ex ministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron sentenciados a tres años de prisión acusados de complicidad en «genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Todos los ex jefes militares fueron sentenciados por el delito «de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta».
