Donald Trump ya anunció que esta será la semana en que firmará la orden ejecutiva destinada a iniciar la expulsión de los inmigrantes indocumentados. Casi 12 millones de personas, en su mayoría latinos y casi la mitad mexicanos, podrían ser susceptibles de deportación. Trump se valdría de 15000 nuevos agentes de inmigración para llevar a cabo la persecusión estatal más grande -en términos brutos- hacia un colectivo étnico cultural desde el nazismo.
El diario El País de España y otros como el Washington Post y McClatchy han comenzado a publicar desde ayer lo que desde el momento en que se conoció la elección de Trump como Presidente parecía inevitable, pero no por eso menos inaudito: Se dará inicio a la expulsión masiva de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, el país que se hizo grande a partir de la llegada de millones de expatriados.
El magnate dará inicio a la gigantesca operación mediante un decreto presidencial, como viene siendo su estilo desde que llegó hace un mes a la oficina oval. Ya anunció mediante su cuenta de Twitter que será esta semana cuando firme la orden, y ya puesta en marcha -a menos que tal como ha acontecido con el Muslimban, algún juez federal presente reparos- se ejecutará la salida de hasta 12 millones de personas sin papeles, la mayoría latinos (chilenos incluidos) y casi la mitad mexicanos.
Los borradores del texto del decreto circulan por doquier. Algunos han sido desmentidos con rotundidad, pero otros, como los publicados por McClatchy y el Post, han sido reconocidos como documentos de trabajo reales por parte de la administración republicana. En estos últimos, aunque susceptibles de cambios, asoma cómo sería la operación de deportación masiva.
En primer lugar, para reforzar las agencias dedicadas al control de la inmigración, se establece la contratación de 15.000 nuevos agentes, se aumentan las competencias policiales y se preconiza una mayor colaboración con las fuerzas locales.
Segundo, para garantizar la operatividad de este ejército, el departamento de Seguridad Interior, en manos del antiguo general de marines, John F. Kelly, pretende aligerar las barreras legales, en especial en el capítulo más ejecutivo: las deportaciones inmediatas.
Hasta ahora esta modalidad de expulsión se aplicaba a aquellos inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria. Pero los borradores indican que se pretende anular los límites geográficos y extender su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense. A este enorme salto se añade la devolución automática de los inmigrantes mexicanos sorprendidos en la frontera y la persecución penal de aquellos padres que hayan pagado a redes de traficantes para traer a sus hijos.
Como guinda de la torta, se acaban también los dreamers, jóvenes universitarios que llegaron sin papeles a los Estados Unidos y que Obama tanto protegió, dándoles un «perdonazo» migratorio con la Dream Act, la «ley de los soñadores», unos 750.000 estudiantes y trabajadores jóvenes que ahora verán como sus sueños se desvanecen.
Si Trump cumple con la promesa de echar a todos los indocumentados, incluso si lo hiciera a un ritmo de 3 millones por año, las consecuencias para la economía estadounidense podrían ser catastróficas. Y es que más allá de la retórica populista de derechas, es muy poco probable que haya suficientes blancos de clase media y baja dispuestos a cubrir la totalidad de los puestos de empleo poco cualificado dejados por los latinos. Prontamente las empresas, tanto grandes como pequeñas, podrían verse enfrentadas a un problema de productividad serio gatillado por la falta de mano de obra. Otras se verán afectadas por la reducción de su universo de consumidores, o dependiendo del rubro, su casi desaparición.
Y más allá de lo económico, las consecuencias sociales pueden llegar a límites no vistos después de las guerras mundiales. Muchos indocumentados son padres de niños estadounidenses, nacidos en el país y que poseen la ciudadanía por derecho de nacimiento. A ellos no se les puede expulsar, pero a sus padres así. Otros, miles también, son abuelos, tíos o hermanos al cuidado de parientes -ciudadanos estadounidenses- menores de edad, a los que deberán dejar. Para ambos casos la opción luce sencilla: Llevarse a sus niños consigo, el problema es que en muchos casos las razones por las que dejaron sus países de origen siguen plenamente vigentes. Crisis económicas, racismo, persecusiones políticas, violencia, paramilitares, narcotráfico, trata de personas, esclavitud moderna.
De concretarse todo esto, y esa parece ser la intención de Trump, Estados Unidos podría ejecutar la mayor persecusión por parte de un estado hacia un grupo étnico cultural desde el nazismo alemán. Nunca en la humanidad después de la puesta en marcha de las deportaciones masivas de judíos europeos un gobierno ha ordenado el desplazamiento forzoso de tamaña cantidad de gente.
