La iniciativa parece circunscribirse a limitar institucionalmente el desarrollo social al asistencialismo de un “modelo para pobres”.
Con gran despliegue mediático, se conoció la noticia acerca del proyecto que alista La Moneda para anunciar la creación del Ministerio Social el próximo 21 de mayo. Sobre el tema, el Ministro Felipe Kast ha señalado que sostendrá en las próximas semanas una intensa agenda de reuniones con organismos multilaterales para conocer experiencias comparadas en relación con este objetivo.
La premura por instalar el tema en la agenda parece responder más a la falta de iniciativas de la actual administración o también, como una señal potente para poder avanzar más allá del objetivo de la reconstrucción post 27F. La nueva cartera resulta funcional a ese diseño y permite además cumplir con una de las promesas de la campaña.
El eje central de la nueva cartera será la erradicación de la pobreza. Para ello, el organismo concentrará el trabajo en todos los grupos vulnerables. Conservará la problemática indígena, pero también se hará cargo de los temas de infancia y adolescencia en situación de riesgo (SENAME) además de los del adulto mayor (SENAMA).
[cita]La iniciativa parece circunscribirse a limitar institucionalmente el desarrollo social al asistencialismo de un “modelo para pobres”.[/cita]
Lo conocido hasta ahora resulta un tanto decepcionante por lo reduccionista y poco audaz. La iniciativa parece circunscribirse a limitar institucionalmente el desarrollo social al asistencialismo de un “modelo para pobres”. Se deja sin resolver el problema de fondo de nuestras políticas sociales: la falta de una autoridad social fuerte y con capacidad que supere los problemas de ausencia de intersectorialidad, integralidad y coordinación de nuestras políticas.
Se elude la cuestión de fondo que tiene que ver más con un cambio institucional que organizacional que permita contar con una autoridad social que evite que la política social siga siendo definida en Teatinos 120. En Chile lo social nunca ha tenido fuerza política.
En el diseño que se empieza a conocer -más allá de lo cosmético- los responsables de la política social seguirán siendo los «pobres» del Gabinete. Sus planteamientos quedarán –nuevamente- encerrados en la lógica de la urgencia y las decisiones con impacto sobre la equidad seguirán siendo tomadas exclusivamente con criterio económico.
El establecimiento de una verdadera autoridad, con un papel rector y coordinador del área social, se ha convertido en una necesidad que no se puede soslayar, menos aún en el momento histórico que vive el país. Ésta debe ser una instancia capaz de priorizar, coordinar, asignar recursos, controlar y evaluar la Política Social. Pero participar en las reuniones del equipo político está lejos de lo anterior. Ésta es la gran novedad que plantea -hasta ahora- la oferta del Ministro Kast y sus asesores.
Muy por el contrario, el cambio institucional -no sólo organizacional- debe dirigirse a establecer una autoridad con capacidad y poder suficientes para dialogar en un mismo plano con las autoridades políticas y económicas de los gobiernos. La superación de la pobreza, como la reducción de las vulnerabilidades y de las desigualdades, tiene implicaciones políticas y no sólo económicas como supone el establishment aliancista.
“Autoridad social” no es sólo quien ejecuta, sino, sobre todo, quien incorpora la visión integral de la equidad a las acciones de todo el Gobierno. Por ahora, esta mirada parece ausente. Lo que se conoce acerca de la idea del nuevo ministerio tiene más relación con un guiño político que con la capacidad creativa y de innovación que prometía la “nueva forma de gobernar”.
