Se ha vuelto recurrente escuchar que la implementación del voto obligatorio es una medida poco, o incluso anti-democrática. Dicho juicio implica una confusión entre las nociones de democracia y libertad, las que si bien pueden estar relacionadas no son sinónimas.
Diversas experiencias internacionales muestran como la implementación del voto voluntario tiende a elitizar los padrones electorales. En efecto, en escenarios políticos donde se ha instaurado el voto voluntario, los sectores con menor capital cultural, que –¡oh paradojas!- son los más pobres, tienden a hacer menos uso de su derecho a voto. Por el contrario, las clases altas y los sectores más educados, tienden a participar más y de manera más constante en las elecciones. Esta situación no sólo implica un debilitamiento de la civilidad y la ciudadanía en los sectores populares, sino que también tiene importantes efectos en las políticas públicas. Como es sabido, los legisladores y el Ejecutivo, implementan programas y medidas en respuesta a las necesidades de su electorado. Ningún liberal defensor del rational choice podría objetar este argumento. Por lo mismo, la exclusión voluntaria de importantes segmentos de las clases bajas de los procesos electorales genera una situación desfavorable hacia ellas, propendiendo a que estas reciban menor atención del Estado y debilitando las políticas redistributivas y de protección social. No es de extrañar que exista una correlación positiva entre la voluntariedad del voto y la mala distribución del ingreso.
En el caso chileno, los antecedentes empíricos con que contamos apuntan en una dirección similar. Según el estudio de Alejandro Corvalán y Paulo Cox “en Las Condes, un 53,4% de los jóvenes de entre 18 y 19 años están inscritos en los registros, mientras que en La Pintana -donde existe la misma población en ese rango- las inscripciones llegan sólo al 3,2%.” Sectores de menor capital cultural, que -oh paradojas- son lo más pobres.
El voto voluntario es una medida liberal extrema que debilita la democracia, corroe al Estado y propende al elitismo, sobrerepresentando, aún más, a aquellos que ya han sido favorecidos por su posición social. Parece curioso que muchos autodenominados adalides de la crítica al neoliberalismo apoyen una medida que funciona en la lógica de dicha ideología y que genera condiciones sociopolíticas favorables para su implementación.
Al respecto, se hace necesario volver sobre la historia y tener en cuenta el origen y trayectoria del voto obligatorio en Chile. El voto obligatorio fue introducido en nuestro país en el año 1958, como una parte de un amplio paquete de reformas políticas. Estas fueron apoyadas por el Bloque de Saneamiento Democrático, un pacto parlamentario que agrupaba a todos los partidos políticos de centro, izquierda e incluso nacionalistas, con la excepción de la derecha, representada en ese entonces por los partidos Conservador y Liberal.
Las reformas promovidas por el Bloque de Saneamiento Democrático apuntaban a dos objetivos principales, estos eran transparentar los procesos electorales y restaurar el pluralismo político. Lo primero sería conseguido mediante la introducción de la Cédula Única de Votación, que permitiría a los sectores populares ejercer su derecho a sufragio de manera autónoma, disminuyendo el cohecho en las zonas urbanas y debilitando al caciquismo en los campos. Lo segundo, mediante la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que hizo posible la relegalización del Partido Comunista, después de diez años de proscripción, y que sus militantes borrados de los registros electorales volvieran a adquirir la condición de ciudadanos. Las medidas implementadas por el Bloque de Saneamiento Democrático fueron firmemente resistidas por la derecha, sus dirigentes veían en la exclusión del Partido Comunista un mecanismo de mantención del orden social y en el cohecho y el caciquismo una manera de asegurarse una base de apoyo permanente, una especie de colchón o seguro político que les permitía obtener siempre un mínimo de votación. Por lo demás dichas prácticas clientelistas eran vistas por la derecha –como sostuviera en esa época un profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica- como una suerte de “correctivo contra el sufragio universal”.
Fue en el marco de estas medidas, que el Bloque de Saneamiento Democrático apoyó la implementación del voto obligatorio. Mediante éste, se pretendía aumentar la participación de los grupos sociales con menor tradición de movilización electoral, quienes por su falta de educación y por la inercia del estilo de vida de los sectores populares, no irían a votar si no era por obligación. Por otra parte dicha norma dificultaría la conocida práctica del “acarreo”, es decir, la movilización clientelística a última hora de votantes- conocidos en la jerga humorística política de la época como “carneros”, por ser “arreados” en masa a votar-, quienes eran animados para asistir a locales de votación gracias al cohecho o incluso a regalías en alcohol. En 1962 una nueva ley vino a reforzar el principio de obligatoriedad del voto al aumentar las sanciones en contra de los infractores.
La implementación de dicha medida fue uno de los factores coadyuvantes en la génesis de uno de los períodos de mayor participación electoral en la historia de Chile.
Las tasas de abstención sufrieron una baja con respecto a los años anteriores. Según Ricardo Cruz-Coke, entre las elecciones parlamentarias de 1949 y 1957, la abstención rondó entre un 21,4% y un 31,6%, mientras que entre las de 1961 y 1973 dichas cifras se movieron entre un 25,5% y un 18,2%. Como ha señalado Manuel Anotnio Garretón, “entre las elecciones parlamentarias de 1961 y las municipales de 1963, hubo un salto de la población inscrita desde un 23,6% a 31,3% con respecto a la población. Asimismo, entre 1961 y 1973, como señala un estudio, la población electoral (inscritos) y los electores efectivos se multiplicaron por 2,4 y 2,6 veces, en tanto la población lo hizo sólo 1,4 veces”.
Es evidente que dicho fenómeno no puede explicarse de manera exclusiva por la legislación electoral, ya que en él confluyeron la creciente polarización política y la creciente tendencia a la movilización social que vivió Chile en aquellos años. Sin embargo, la efectividad del voto obligatorio se vuelve en extremo relevante para comprender el proceso de democratización vivido por la sociedad chilena en el período. Esto queda claro al tener en cuenta las características de quienes ingresaron a la vida política gracias a dichas medidas. Dentro de éstos había una fuerte predominancia de los grupos que habían tendido a marginarse de la vida cívica, entre ellos destacaban las mujeres, quienes ya tenían derecho a sufragar en todo tipo de elecciones desde el año 1949, pero que no lo ejercían en plenitud, y campesinos y sectores populares urbanos hasta entonces no politizados.
No existió algo así como una “edad dorada” de la participación, salvo bajo el imperio del voto obligatorio, Dicho factor es uno más de los que explica cómo en esa época la participación popular logró romper el statu quo sobre temas que antes habían sido tabú para la lógica transaccional de la política chilena.
La existencia de una democracia fuerte requiere abandonar las posturas liberales extremas a favor de una visión republicana, que reconociendo la existencia de derechos fundamentales y valorando las libertades públicas, defienda la existencia de un corpus de deberes políticos fundamentales como una de las bases para el funcionamiento de una comunidad política. Resulta peligroso, desde el punto de vista de la formación cívica, sostener un modelo político en que las responsabilidades recaigan solamente en los representantes, quienes se verían obligados a “seducir” a los votantes, al mismo tiempo que exime de deberes a los ciudadanos comunes. La noción de ciudadanía se basa en el ejercicio de la deliberación política y en un conjunto de deberes comunes hacia la comunidad. Lo contrario no es democracia, sino liberalismo extremo.
Se vuelve necesario adoptar una visión política que tenga en cuenta cómo las asimetrías en la repartición del capital -tanto social y económico como cultural- hacen que el libre ejercicio de los derechos políticos, supuestamente universales, se concentre en manos de sectores sociales privilegiados. Estas convicciones deben llevarnos a constatar el carácter falaz de la antinomia entre derechos y deberes. Bajo este mismo argumento, la educación formal, un bien que es considerado como un derecho, no podría ser considerada como un deber, y por ende no debería ser obligatoria. Dicha falacia del liberalismo extremo, se funda en el supuesto de que sólo el Estado puede ser agente de opresión, y no tiene en cuenta que ésta también puede ser ejercida por la tradición y por diversas formas de comunidad, y que en ese sentido, el Estado puede ejercer una función emancipadora.
