Señor Director:
En una columna publicada en su medio, la senadora Soledad Alvear se refirió al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, señalando que es una iniciativa que genera incertidumbres y con un claro sesgo ideológico, ya que en su opinión desconoce el parecer de la comunidad y establece concesiones desmesuradas al sector empresarial.
Al respecto, debo aclarar que durante el tiempo que existió para analizar y estudiar la nueva normativa, los distintos actores que integran la sociedad civil sí tuvieron oportunidad de manifestarse. Esto se dio a través del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente, órgano integrado por representantes de los centros de estudio, ONGs, trabajadores y gremios, quienes tuvieron acceso al borrador del proyecto al momento de su revisión.
La versión final del Ejecutivo no vio la luz hasta poco antes de su ingreso al Congreso, por lo que no se entregó a la discusión pública. Sin embargo, hasta hoy, el proyecto de ley se ha presentado al sector público, ONG’s, académicos y sector privado en ocho seminarios desarrollados en Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, y en los próximos días se dará a conocer en Iquique, Antofagasta, Concepción nuevamente, y Punta Arenas.
En relación con las aprensiones de la senadora respecto del régimen concesional, es importante señalar que el proyecto unifica los tres sistemas de concesiones que operan actualmente en las Áreas Protegidas, con el objetivo de ordenar y coordinar dichos procedimientos. En cuanto a su preocupación por la existencia de concesiones y permisos de uso sin licitación pública, cabe señalar que de acuerdo al artículo 33 del proyecto de ley, la regla general es la licitación pública, y la excepción corresponde a la adjudicación directa, materia que además será reglamentada y cuyos casos han de ser calificados por un comité técnico, el cual ejerce funciones técnicas en lo que se refiere a la creación y administración de las áreas protegidas.
La visión moderna de la biodiversidad hace compatible su protección con el uso sustentable de los recursos. Ése es el desafío. No se favorecen criterios de producción por sobre los de protección y conservación, sino que se propicia un uso sustentable de los recursos naturales y el resguardo consecuente de la biodiversidad en la medida en que aquel uso sea compatible con los objetos específicos de protección de las áreas protegidas.
