La crisis de legitimidad política que afecta hoy al Gobierno de Evo Morales posee todas las condiciones para catalogarla como grave, posiblemente existencial.
Los movimientos sociales, los temidos movimientos sociales que una vez llevaron a Evo en los hombros al Palacio Quemado, centro del poder político boliviano, hoy lo acosan, lo acusan y comienzan a pedir su cabeza. El sentimiento de la población parece ser que el líder indigenista solo gobierna en pos y a favor de los cocaleros, y ya no del conjunto de la población indígena, campesina y urbana.
Hoy observamos que el movimiento social de base, la temida Central Obrera Boliviana (COB) esta liderando el descontento social, de la mano del otro temido actor desestabilizador del sistema político boliviano, la ciudad de El Alto, cuna del indigenismo militante urbano de La Paz. Los movimientos sociales ya no son gobierno, al menos eso parecen pensar. Dejaron de identificar el “Estado plurinacional” como la representación de los intereses de la comunidad en su conjunto. Lo comienzan a asociar a un Estado represor, promotor y defensor de intereses ajenos y contrapuestos de aquellos de la sociedad que durante siglos estuvo alejada del poder.
Observamos, además, que un fenómeno de pánico político se ha desatado. Ministros están dejando el gabinete, alejándose del líder. Evo, busca responsables que le permitan absolverlo de la acción policial contra los indígenas que marchaban en contra de un proyecto de carretera que cruzaría la región del TIPNIS, una zona selvática, cuna de tres etnias indígenas. Evo busca el chivo expiatorio, pero olvida que él es responsable político del nuevo Estado, y que sus declaraciones le condenan. Apoyó sistemática y públicamente la construcción de la carretera, financiada por Brasil. Utilizó subterfugios comunicacionales a fin de ensuciar la marcha indígena, acusando a sus líderes de estar coludidos con la embajada de los EE.UU. No contento con ello, decidió deslegitimar el movimiento, asociándolo a intereses de liderazgos contarios al suyo. El liderazgo indígena paceño utilizó –por la acción o la inacción-, a sectores cocaleros a fin de contener la marcha, sirviéndose de ellos como barreras humanas. Evo, finalmente, pareciera haber decidido terminar casi manu militari con la marcha. Gran error. Pasó de ser un movimiento de una veintena de comunidades indígenas, a un movimiento nacional. Aun no un “levantamiento popular”, pero algo de ello posee.
El error de Evo es que parece haber violado principios básicos y fundamentales de su propia Constitución plurinacional: el poder asimétrico de las comunidades nacionales sobre las multinacionales, el poder económico y los intereses privados. La Carta Fundamental implementada por el MAS, otorgaba un poder decisivo a las fuerzas comunitarias sobre el manejo de los recursos, la administración y gestión de su espacios físicos. La Constitución de Evo garantizaba derechos absolutos a estas comunidades en función de la protección y promoción de sus tierras. La carretera de Evo – y de Brasil-, parecían querer borrar con el codo aquellas disposiciones fundamentales del modelo del MAS. Al parecer, solo se aplicaban en contra de intereses “imperialistas” de la “burguesía”, pero no decía nada del mismo Estado Plurinacional.
El peligro es que estos levantamientos sociales se alimentan, estimulan y refuerzan con el uso de la fuerza represiva dirigida hacia ellos mismos por el poder central.
Hoy, los movimientos sociales se rearticulan y parecen haber designado un nuevo enemigo interno, conocido por ellos, el mismo EVO.
