Editorial: La política nacional y el año que termina

El año culminó de manera vertiginosa, aunque dejando solo a medias la sensación de que finalmente el país se instaló en un nuevo ciclo histórico. Tanto los desajustes políticos e institucionales, los problemas de popularidad del poder político, como la presencia fuerte y directa de la sociedad en la gestión de sus asuntos, dan cuenta de ello.

La historiografía política nacional muestra la emergencia de ciclos de entre 25 y 30 años, igual que los grandes terremotos que de tanto en tanto asolan el país, en los que maduran cambios y virajes importantes en la política nacional. El actual sería el término del que se inició en 1988, que produjo la recuperación de la democracia y un período de desarrollo político caracterizado por el consociativismo y los acuerdos de largo alcance sobre las reglas del juego entre las elites políticas.

Las tendencias sociales que se muestran, denotan una demanda por una democracia constitucional y social de derechos, que acerque tanto los bienes que produce la economía como el poder político a un funcionamiento de mayor igualdad  entre los ciudadanos, plasmados en derechos garantizados constitucionalmente.

Si bien incipiente, el núcleo social y cultural  de esta tendencia parece mucho más denso y complejo que lo que acepta la elite política. En sus comportamientos ella parece más inclinada a mirar los problemas como un momento de acomodamiento o ajuste de poder dentro de un mismo proceso de continuidad y no como el inicio de un ciclo de cambio.

[cita]Pese a tener el actual gobierno una impronta pro empresarial, ha actuado de manera más drástica que de costumbre, lo que ha sido bien percibido por la ciudadanía. Pero las inevitables tensiones que ello creó en sus filas demuestran que si bien muchos temas del nuevo ciclo cruzan transversalmente la vereda de la ideología, nuestro sistema político es especialmente sensible al poder económico.[/cita]

De ahí que los ajustes y cambios que hace, los realiza pensando estrictamente en la coyuntura. Un ejemplo son las reformas políticas. La aprobación de la ley que regula la inscripción automática y el voto voluntario, considerada la mayor reforma política electoral en la historia del país, se hace seis años después de aprobada la reforma constitucional respectiva, y solo ante la evidencia de la pérdida de legitimidad del sistema político. No se considera que ella, si bien introduce una cuota importante de incertidumbre y competencia,  es apenas la remoción de una barrera de entrada al juego político.

Para la mayor parte de la ciudadanía, es evidente que el test de la legitimidad  está también en la vigencia del sistema electoral binominal, que le permite a la elite actual un juego contra mayoritario y antipluralista, tanto en la sociedad como en su propio sector político, que deja muy pocas, o ninguna, oportunidad para la entrada de nuevos actores al sistema.

La forma y fondo de las desavenencias entre los principales poderes públicos es otra manifestación de la levedad con que se evalúa el momento. En materia judicial criminal no existe una mirada compartida sobre el funcionamiento institucional del Estado y la esperada y necesaria sincronía de sus órganos superiores está al límite.

Ello sería menos preocupante si fuera solo el resultado – como se trata de hacer aparecer en la estrategia de medios- del carácter personal de los actores en un momento de efervescencia política y social. Lamentablemente no es así. El país se mueve en una dirección en que resulta crucial un concepto claro y compartido sobre qué es y cómo se cautela el orden público. La criminalización de las manifestaciones ciudadanas, sin perjuicio del control y represión de las conductas dañosas y hasta delictuales que en ellas se pudieran producir, resulta nocivo y confunde planos que poco tienen que ver entre sí: el mundo de la delincuencia con el mundo de los derechos y las libertades. Una sociedad orientada a derechos e igualdad, es inevitablemente una sociedad que se manifiesta en la calle.

El ataque sistemático y vehemente del mundo político oficialista, ministros y parlamentarios incluidos, al Poder Judicial, respondido a su vez duramente por este, genera un ambiente de pugna que evoca malos momentos del pasado reciente de la historia nacional, y que distorsiona lo que ocurre en la realidad.

El oficialismo debiera percibir que la seguridad y las libertades civiles, entre las que se cuenta el derecho a manifestarse, son uno de los temas más sensibles que debe administrar, no solo porque parte importante de sus miembros fueron funcionarios en tiempos de la dictadura militar, sino porque existe la percepción común de que la derecha en todas partes no tiene otra respuesta que la represión frente una sociedad movilizada por derechos.

Nada indica que ello sea o deba ser así, dada la experiencia de las dictaduras comunistas sobre el mismo tema y si, efectivamente, la actual voluntad democrática de la derecha alcanza para desprenderse totalmente del ethos político de la dictadura militar en esta materia.  Insistir una vez más acerca de la prudencia en este aspecto  no es inocuo ni redundante. Más aún si los temas que roza están referidos a la médula del pacto constitucional que nos rige, cosa que todos debieran entender así.

En el perfil del ciclo que se inicia, sobresalen dos temas más. Uno sobre las estructuras y procesos que determinan la vigencia del modelo económico, así como el perfil empresarial requerido. El otro, la redistribución del poder político y la emergencia de las regiones.

Sobre el primero, si en algo fue prolífico el año 2011 fue en evidenciar un intolerable contexto de abusos empresariales en contra de los consumidores y ciudadanos en general, en diferentes mercados. Pese a tener el actual gobierno una impronta pro empresarial, ha actuado de manera más drástica que de costumbre, lo que ha sido bien percibido por la ciudadanía. Pero las inevitables tensiones que ello creó en sus filas demuestran que si bien muchos temas del nuevo ciclo cruzan transversalmente la vereda de la ideología, nuestro sistema político es especialmente sensible al poder económico. Será trascendental en el próximo tiempo saber si es sustentable un Estado regulador moderno o se desarrollará una extrema corporativización del país en manos de diez o veinte corporaciones, con el Estado a su disposición para cualquier uso.

En segundo lugar, la emergencia de un poder político regional desafía dos aspectos centrales: una renovación a fondo de la elite política clientelar que dejó instalada el ciclo político anterior y, la reforma de una administración política interior del Estado, hiperconcentrada desde el año 2000 a la fecha.

El país requiere una reforma regional que lo lleve a otras formas de administrar su territorio, capaces de desatar la potencialidad de desarrollo instalada en las diferentes regiones. Para eso, las reformas políticas deben abrirse al debate sobre las macrorregiones, la elección directa de autoridades, el semipresidencialismo e incluso el ensayo de formas federales en determinados aspectos. Lo que no puede hacer es ignorar que el 2011 estuvo marcado por fuertes tensiones regionales, lo que es un aviso de lo que se está gestando en ellas.

Tal vez alguien considere una exageración hablar de un recambio generacional en la elite política para viabilizar los cambios en el nuevo ciclo. Sin embargo, una declaración de hace pocos días  de un destacado dirigente de la oposición avala la idea, e indica que con los actuales, poco se va  a avanzar. El senador Camilo Escalona sostuvo que la nueva Concertación solo requiere de Michelle Bachelet con gente como el general ® Juan Emilio Cheyre (o sea los militares) hasta Camila Vallejo (o sea los movimientos sociales) para ganar la elección presidencial del 2013.

Esta expresión criolla de neochavismo parece más bien el resultado de una elite intelectualmente agotada, en este caso de la oposición, con baja batería conceptual y política para enfrentar el nuevo ciclo político. Ello explicaría también uno de los fenómenos más fuertes del año 2011, cual es el desprestigio de los viejos partidos y de la antigua manera de hacer política.