El Washington Post ha sugerido que el G-20 expulse de sus filas a Argentina e invite a participar a Chile. La razón sería la gravedad de la falta que habría cometido ese gobierno. Esta propuesta se podría tomar en serio, si es que incluyera expulsar del G-20 a los países que hayan demostrado crasa irresponsabilidad en su política económica, captura descarada de su gobierno por parte de intereses privados y prostitución mercantil de las opiniones de sus académicos más destacados.
La historia del capitalismo moderno está llena casos en que Estados han otorgado garantías estatales para la deuda emitida por empresas privadas; se han hecho cargo de las deudas y reestructuración de sectores que consideran estratégicos; o han desarrollado directamente empresas públicas de transporte urbano, aéreo, ferroviario y marítimo, construcción naval y de aviones, fabricación de armamento, energía, distribución eléctrica, agua potable y alcantarillado, etc. para promover sus estrategias de desarrollo. Las empresas estatales jugaron un rol en el desarrollo de muchos países exitosos, mucho antes de que las Guerras Mundiales y la Gran Depresión de los años 1930’s generaran una oleada de intervenciones estatales tanto en las economías más desarrolladas como en la periferia.
Aún hoy, después de las oleadas liberalizadoras y privatizadoras de las últimas dos décadas del siglo XX, existen cientos de empresas estatales y mixtas en los países más desarrollados, muchas de ellas en sectores como la producción, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y gas, la producción de energía nuclear y en otras actividades que sobrevivieron la oleada privatizadora. En el mundo existen casos conocidos de enormes empresas estatales muy exitosas como, por ejemplo, PETROBRAS (Brasil), STATOIL (Noruega) e INDIAN RAILWAYS (India) por mencionar tres particularmente destacadas. Pero además, en tiempos recientes hemos tenido los casos de Estados que han nacionalizado pérdidas o regalado liquidez cuasi fiscal a grandes empresas privadas con tal de sostener sus sistemas económicos. Tres casos particularmente grandes de nacionalización de pérdidas son justamente España, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los costos de esas nacionalizaciones de pérdidas por cierto las han asumido, en todos esos países, los ciudadanos de a pie.
[cita]Los que ahora se abalanzan sobre Argentina acusándola de populismo y pidiendo su aislamiento, hacen muy buenos negocios en la China comunista-capitalista sin exigir sanciones ni aislamientos tan drásticos frente a “heterodoxias” que son tan evidentes como los malos manejos macroeconómicos de varios países desarrollados, incluida España. No parece aceptable la forma en que el Gobierno español ha salido a respaldar los intereses de una transnacional. No parece aceptable el doble estándar que se aplica para juzgar las políticas económicas, en el cual nos toca, “por sudacas”, la parte estrecha del embudo.[/cita]
El capitalismo no sólo presenta ciclos de desempeño económico sino también ciclos de política económica que se relacionan directamente con el surgimiento, maduración y caída de paradigmas tecnológicos que tienen su contraparte institucional. Las viejas ideas no mueren, más bien se reciclan y vuelven a cobrar importancia, renovadas y perfeccionadas, frente a nuevas condiciones. Así se produjo el rebrote anti estatal encarnado por el neoliberalismo de fines del siglo pasado y así está empezando a insinuarse una visión más crítica hacia la desregulación, la captura de autoridades y las fallas de mercado, luego de la crisis que se desata en 2008. Los viejos paradigmas de política económica cambian en cada reencarnación, van mejorando cada vez, volviéndose más sofisticados y complejos.
Esto no significa que debamos ser cínicos o acríticos y siempre sumarnos a las modas. El Mercado y el Estado no son dos religiones, son dos familias de instrumentos institucionales para la política de desarrollo. La gente seria que los estudia, sabe que ambos tienen sus usos pero que también están repletos de fallas: fallas de Mercado y fallas de Estado. Es cada vez más evidente que la sacralización de instrumentos que presentan fallas y limitaciones, desemboca en posturas hiperideologizadas que pretenden demonizar cualquier intento de apartarse del extremo en boga. Un ejemplo muy claro de esto fue como durante el auge del neoliberalismo la supervivencia de empresas estatales era considerada una anomalía, una concesión a fuerzas anacrónicas y un peso muerto para el desarrollo económico.
Diversos estudios indican que alrededor de un 60% del precio actual del petróleo es meramente especulativo y, probablemente, coyuntural. Es difícil saber si ello es así o no porque estamos hablando de un recurso no renovable con variadas condiciones y costos de producción y con buena parte de su oferta cartelizada. Sin embargo, es bastante evidente que los altos precios del petróleo vigentes en la actualidad, promueven la ineficiencia a escala global, generan impactos nocivos sobre el presupuesto de clases medias y populares, distorsionan y encarecen el mercado de alimentos y repletan los bolsillos de los empresarios y Estados petroleros. En Argentina, de acuerdo a informes que los críticos del Gobierno actual difícilmente podrían desestimar (Ernst & Young, “Global oil and gas tax guide 2011”, pp.20-21), el precio que le queda al productor de petróleo que desea exportar desde Argentina es de 42 dólares de los EE.UU por barril. Claro, esto es aproximadamente un 40% del precio internacional vigente pero resulta que, midiendo en dólares de poder adquisitivo constante, de 2011, este es exactamente el promedio de los precios internacionales del barril de petróleo WTI en los 25 años anteriores a la crisis de 2008, es decir, entre 1983 y 2007 (fuente, Banco Central de Chile y cálculos de los autores).
Si algo, la política económica argentina parece haber estado “expropiando” el componente coyuntural e “ineficiente” de los precios internacionales del petróleo y no hay evidencia de que haya “asfixiado” a los productores y exportadores como YPF (a menos que los costos de producción sean excesivos en Argentina, cosa que nadie ha argumentado). Esto no significa que Repsol sean “los malos” y que el Gobierno argentino sean “los buenos”. Se trata de dos formas de centralización de poder (un gobierno nacional y una transnacional) que hicieron importantes negocios juntos a lo largo de 20 años, generando traspasos importantes de propiedad a grupos privados nacionales ligados al oficialismo, traspasos que se hicieron a crédito y que obligaban a YPF a repartir un alto porcentaje de sus utilidades en la forma de dividendos (para que el grupo beneficiado pudiera pagar sus deudas). No es razonable, por lo tanto, que el gobierno argentino sostenga, ahora, que rechaza la política de “vaciamiento”, que consistía, en parte, en la repartición de casi todas las utilidades de la compañía.
Si queremos ganarnos el derecho a utilizar todo el instrumental económico disponible para promover nuestro desarrollo, tendremos que asegurar condiciones para que las instituciones funciones de manera eficiente y transparente. En el caso de las empresas públicas tenemos que desarrollar una versión moderna, que logre los objetivos planteados con eficiencia y transparencia, lo que requiere un entorno económico y político que también funcione de esa manera. Este no parece ser el caso en la Argentina de hoy y ello plantea dudas muy legítimas sobre el modo de proceder del gobierno de ese país, incluso para quienes rechazamos la idea de que la alternativa a sociedades y Estados bien organizados, eficientes y transparentes, sea transferirle todo el poder a los grandes grupos económicos y las transnacionales.
Desde el punto de vista chileno parece evidente que los esfuerzos en términos de expansión de la gestión estatal deben concentrarse en el mercado de la educación, donde observamos falencias e inequidades muy serias luego de varias décadas de protagonismo del sector privado, y en los ámbito de la investigación científica y creación cultural donde, a pesar de ello, sigue siendo líder el Estado y sus universidades. Creemos que el Estado debe ser muy activo participando en el financiamiento y desarrollo de nuevos sectores productivos de alto valor agregado y contenido tecnológico. Finalmente creemos que el Estado debe ser particularmente vigilante de las condiciones de propiedad y repartición de rentas en que se desarrolla la explotación de recursos naturales que el cambio tecnológico está valorizando como es el caso de las nuevas energías renovables y particularmente el litio.
Por cierto, los que ahora se abalanzan sobre Argentina acusándola de populismo y pidiendo su aislamiento, hacen muy buenos negocios en la China comunista-capitalista sin exigir sanciones ni aislamientos tan drásticos frente a “heterodoxias” que son tan evidentes como los malos manejos macroeconómicos de varios países desarrollados, incluida España. No parece aceptable la forma en que el Gobierno español ha salido a respaldar los intereses de una transnacional. No parece aceptable el doble estándar que se aplica para juzgar las políticas económicas, en el cual nos toca, “por sudacas”, la parte estrecha del embudo. Si nos permiten, en esto de la ortodoxia económica y la indignación técnica, por el norte de las Américas y por las Europas, parecen andar muchos burros hablando de orejas.
Es más, la historia de la industria petrolera es una de conflictos e intervención de potencias que desembocan en graves desestabilizaciones, guerras y penurias. No queremos esto para América del Sur, una región que, con la excepción de Chile, es cada vez más superavitaria en términos energéticos. La receta más sana para lograrlo es que permanezcamos fríos, que no “traguemos entero”, que no le hagamos caso a los intereses de las transnacionales y de las potencias interesadas en debilitarnos y dividirnos; que pensemos con cuidado los arreglos institucionales que protejan a nuestras democracias de estos intereses y seamos prudentes al diseñar la gestión y repartición de rentas; y, por cierto, que analicemos las políticas económicas con nuestras propias capacidades, para mejorarlas (porque en muchos casos hay que hacerlo) pero no para aplicar recetas cuyo simplismo y sacralización, son interesados.
El Washington Post ha sugerido que el G-20 expulse de sus filas a Argentina e invite a participar a Chile. La razón sería la gravedad de la falta que habría cometido ese gobierno. Esta propuesta se podría tomar en serio, si es que incluyera expulsar del G-20 a los países que hayan demostrado crasa irresponsabilidad en su política económica, captura descarada de su gobierno por parte de intereses privados y prostitución mercantil de las opiniones de sus académicos más destacados. Nosotros también estaríamos con expulsar del G-20 a países que “castigan” con liquidez a las corporaciones cuyo comportamiento financiero fue irresponsable, pero castigan con desempleo, desalojo y deuda pública a sus ciudadanos, a todos, no sólo a los que pudieran haber incurrido en la misma falta. Creemos que quedarían más vacantes que una. Quien sabe, en todo caso, mientras eso no sea así, nos vemos obligados a leer otras intenciones detrás de ese tipo de propuestas y, por ende, sugerimos una respuesta:
“No thank you Mr. Post”.
