Es urgente dotar a las decisiones estatales de mayor legitimidad con los sectores artísticos, no como ocurrió con el incidente de la Feria de Guadalajara.
La institucionalidad cultural vigente está cuestionada. La actual administración, a modo de “celebración” al décimo aniversario del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, enviará un proyecto de ley que crearía el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El argumento central: evitar duplicidades y darle mayor cohesión al trabajo de los organismos encargados de la materia, incorporando a una misma institución a la Dibam y al Consejo de Monumentos. Sin embargo, existen serias dudas de la orientación real que esta modificación traería para la cultura.
Vayamos por partes. Sorprende que una modificación de esta naturaleza haya sido una ocurrencia en el camino de la actual administración. En el programa de Sebastián Piñera, jamás se mencionó un cambio legal de esta envergadura. No menos delicado ha sido el secretismo con el que se ha manejado el eventual proyecto, siendo el medio cultural particularmente participativo e interesado en incidir en la toma de decisiones. Hasta ahora, la manera en que se ha llevado esta iniciativa (confirmada recientemente por el ministro como un proyecto 2013) plantea serias dudas sobre su naturaleza, el trasfondo y las implicancias que podría tener.
¿Por qué el escepticismo? Porque han faltado instrumentos e intenciones serias de evaluar lo obrado por la institucionalidad cultural en los últimos diez años. No se han diagnosticado efectivamente las falencias de programas emblemáticos como los Fondos de Cultura (Fondart a la cabeza), sino simplemente se han ido parchando en el camino a lo largo del tiempo. Se ha carecido de una mirada clara sobre diferentes programas e iniciativas culturales que den continuidad al primer instrumento de política cultural que abarcaba el periodo 2005-2010, el cual por su carácter fundador combinaba legítimas aspiraciones con metas específicas.
[cita]Es urgente dotar a las decisiones estatales de mayor legitimidad con los sectores artísticos, no como ocurrió con el incidente de la Feria de Guadalajara.[/cita]
Una reforma a la institucionalidad de la cultura no pasa por la intencionalidad de un pequeño grupo, sino por una modificación legítima sustentada en diagnósticos objetivos, evaluaciones realizadas por terceros y planteamientos innovadores para atender al sector. Las artes y la cultura han experimentado una transformación sustantiva en la última década en Chile, de la cual —guste o no— la institucionalidad cultural ha sido partícipe. Los mecanismos de representación ciudadana, como los consejos sectoriales (audiovisual, del libro y la música), así como los consejos regionales, han mostrado muchas carencias, pero también han permitido un crecimiento con una diversidad que seguramente no hubiera sido posible si las decisiones las hubieran tomado unos pocos funcionarios.
Apostar al monopolio en las decisiones desde una cabeza ministerial y a la continuidad ciega del modelo de “concursabilidad” del financiamiento de la cultura (en los términos que está planteada en la actualidad), puede traer costos que lamentar. Se requiere mayor profesionalización del sector, se deben replantear algunos órganos participativos de la institucionalidad vigente —en su alcance y constitución interna—, se debe integrar mejor el trabajo de la Dibam con el CNCA y, por cierto, las autoridades de turno debieran tener una perspectiva más crítica respecto de la cultura que se fomenta y financia y no sólo privilegiar la espectacularidad y la reproducción de la acentuada concentración de privilegios a favor de algunos artistas consagrados.
Para hacer estos y otros cambios se debe tener una perspectiva clara sobre la cultura, no una que se oriente exclusivamente al gusto por la exposición mediática. Se requiere una agenda cultural de futuro, no una simple continuidad programática de lo exitoso en periodos anteriores (programa de infraestructura, por ejemplo); se buscan acciones decididas y comprometidas, como asegurar el financiamiento frustrado del proyecto original del Centro Cultural Gabriela Mistral; es urgente dotar a las decisiones estatales de mayor legitimidad con los sectores artísticos, no como ocurrió con el incidente de la Feria de Guadalajara.
La cultura requiere ideas y estrategias de segunda generación. Hay que darle impulso a un nuevo proyecto donde se retomen tareas pendientes (acciones para la mejora de la televisión pública, por ejemplo); en el cual se consoliden las áreas que han mostrado un desarrollo, como una política integral en pro del cine chileno; una reformulación completa de los fondos concursables, mejorando su legitimidad en evaluación y entrega de financiamiento, así como explorando otras estrategias de desarrollo; una acción amplia y transversal para romper la permanente centralización de espectáculos en la Región Metropolitana y una apuesta decidida por situar a la cultura como ejemplo de un sector en crecimiento y como parte de los elementos del desarrollo en el país. Los debates se abren y las acciones escasean, al menos, se espera un cierre de administración decoroso y no un ejercicio de pirotecnia escudándose en cambios a la institucionalidad cultural vigente sin contenido.
