Circula por internet una imagen alusiva a la conmemoración del día internacional de la mujer en el que se lee: el 8 de marzo queremos derechos, no flores. Los videos de la Primera Dama y las ministras invitando a sumarse a la “semana de la mujer” muestran que el gobierno no entiende por qué; al contrario, su slogan es “tenemos mucho que celebrar”.
No entiende porque no ve que no es el día o semana de la mujer, sino de las mujeres. Y ese plural es indispensable para capturar la enorme diversidad —y la asimetría— que existe entre nosotras.
En el Chile actual, algunas sí tenemos motivos para celebrar: no tocamos el piano ni mantenemos jardines enormes, pero somos profesionales, con trabajos protegidos, motivadores y con ingresos adecuados; con el tipo de familia que cada una eligió formar, disfrutando del número de hijos y el espaciamiento entre ellos que decidimos junto a nuestras parejas; en un entorno de pares donde la discriminación por motivos de género y las conductas o declaraciones machistas son —al menos— mal vistas y nuestra opinión es respetada y valorada.
[cita]Mientras a un grupo nos resulta natural ejercer derechos que consideramos básicos, otras en el mismo país, ocultas por la segregación urbana, sólo los sueñan: algunas —no pocas— tienen escasa o mala educación; no acceden a trabajos decentes ni ejercen autonomía económica[/cita]
Desde este lugar privilegiado, donde son bienvenidas las flores, sabemos que hemos avanzado mucho y también que queda un largo camino por recorrer. Enfrentamos una no despreciable brecha salarial y estamos lejos de compartir equilibradamente las responsabilidades domésticas y familiares, asumiendo una conciliación que desde el mercado y las políticas públicas recae en nosotras, con las sabidas consecuencias en nuestros ingresos y trayectorias.
Estamos sub-representadas en los espacios de toma de decisiones públicos y privados y la legislación e instituciones presuntamente modernas reproducen prácticas discriminatorias. Ejemplos abundan: sólo el padre puede abrir una cuenta de ahorro para nuestros hijos, las Isapre nos cargan la reproducción de la sociedad, las AFP rebajan nuestras pensiones por cuenta de la esperanza de vida estadística, como si fuera idéntica para las mujeres en La Dehesa y en La Legua.
Y nada es igual para esas otras mujeres. Mientras a un grupo nos resulta natural ejercer derechos que consideramos básicos, otras en el mismo país, ocultas por la segregación urbana, sólo los sueñan: algunas —no pocas— tienen escasa o mala educación; no acceden a trabajos decentes ni ejercen autonomía económica; muchas no tienen el control sobre su sexualidad ni su capacidad reproductiva; la mayoría no encuentra espacios para que su voz se escuche y menos para que su opinión sea considerada.
Los contrastes se ocultan en promedios, como ocurre con el publicitado aumento en la participación laboral femenina. Sí, hay más mujeres en la fuerza de trabajo y aumenta el número de asalariadas. Pero incluso entre quienes tienen contrato, son más las que enfrentan la precariedad y la inestabilidad laboral: según el análisis de la Fundación Sol a la encuesta de empleo del INE (trimestre noviembre–enero 2012), “El 72 % de la variación de las mujeres asalariadas corresponde a empleos por subcontrato, suministro de trabajadores o enganchadores”.
Según la misma fuente, del total de nuevos empleos creados para las mujeres durante la actual administración, el 31,2 % corresponde a trabajos “por cuenta propia, personal de servicio doméstico y familiar no remunerado”, ocupaciones que no aseguran protección, estabilidad, ni garantizan el salario mínimo.
Abundan entonces los motivos para que todas sigamos exigiendo derechos, no flores.
