Opinión
En ese sentido, permitir la intercambiabilidad de todos los medicamentos en la cadena de farmacias a discreción del vendedor de turno, como pretendía el proyecto del Ministerio de Salud que fue abrumadoramente rechazado por la sala (63 votos en contra y solo 28 votos a favor), impulsaban una ley a la medida del retail farmacéutico que olvidaba cualquier consideración a la salud de las personas. Es decir, veían en las personas consumidores y no ciudadanos.
Con motivo del despacho por la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Fármacos ha quedado en evidencia —una vez más— la diferencia entre quienes entienden que el tema de acceso a los medicamentos es un tema ciudadano, y aquellos que por el contrario ven en los ciudadanos solo potenciales consumidores.
Son precisamente estos últimos quienes han reaccionado con virulencia criticando que hayan primado argumentos sanitarios por sobre argumentos económicos en el debate. Y esto no es menor.
Quienes de verdad desean impulsar una legislación que favorezca al ciudadano deben velar porque estos tengan primeramente acceso a medicamentos de calidad asegurada y efectivamente del menor precio posible.
En ese sentido, permitir la intercambiabilidad de todos los medicamentos en la cadena de farmacias a discreción del vendedor de turno, como pretendía el proyecto del Ministerio de Salud que fue abrumadoramente rechazado por la sala (63 votos en contra y solo 28 votos a favor), impulsaban una ley a la medida del retail farmacéutico que olvidaba cualquier consideración a la salud de las personas. Es decir, veían en las personas consumidores y no ciudadanos.
[cita]El ministro de Salud se la jugó por preservar e incrementar el poder de mercado y el oligopolio que las tres cadenas de farmacias detentan con un 90 % de participación de mercado. De hecho, prueba de ello es posiblemente su inexplicable silencio y nula defensa a una norma que impidiera la integración vertical y/o la venta de marcas propias, que es algo que claramente se extraña en este proyecto de ley.[/cita]
En efecto, se pretendía legalizar el explosivo incremento en la venta de las llamadas “marcas propias”, es decir, medicamentos elaborados por laboratorios integrados verticalmente con las farmacias o bien elaborados para ellas por terceros.
Según datos de IMS Health a enero de 2013 el llamado segmento de “marcas propias” de las cadenas de farmacias representa el 12,5 % del mercado total de medicamentos en Chile, y un 15 % del gasto en medicamentos. A su vez, sólo en el último año, las ventas de marcas propias crecieron 16,9 %. Ello contrasta con las ventas de genéricos, y medicamentos de marcas de laboratorios nacionales y extranjeros cuyo crecimiento rondó un razonable 2,0 %.
En palabras simples, aunque en el discurso público dijera lo contrario, el ministro de Salud vio en los pacientes, consumidores y no ciudadanos. El ministro de Salud se la jugó por preservar e incrementar el poder de mercado y el oligopolio que las tres cadenas de farmacias detentan con un 90 % de participación de mercado. De hecho, prueba de ello es posiblemente su inexplicable silencio y nula defensa a una norma que impidiera la integración vertical y/o la venta de marcas propias, que es algo que claramente se extraña en este proyecto de ley.
A su vez, el texto aprobado en la Sala y consensuado en la Comisión de Salud de la Cámara resuelve una parte importante de los riesgos sanitarios que el proyecto de salud introducía.
Primeramente, establece que en Chile la bioequivalencia, esto es el procedimiento de certificación de igual eficacia terapéutica entre un producto referente y otro similar, sólo será válida en la medida que cumpla con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, no deja espacios para la certificación de bioequivalencia que soslaye los criterios científicos sobre la materia. ¿Puede oponerse a ello alguien que seriamente esté pensando en los derechos y la salud de los pacientes?
Lo anterior es relevante, porque en el estado actual de la implementación de la política de bioequivalencia impulsada por el Minsal en base a diversas resoluciones, cuya legalidad ha objetado la Contraloría General de la República, los estudios de bioequivalencia en el mundo desarrollado difieren de los que requiere actualmente el Instituto de Salud Pública (ISP).
La decisión de la Cámara de Diputados, en consecuencia, asegura que sólo se podrá hablar seriamente de bioequivalencia en la medida que, en forma previa, se cumplan estándares y criterios que estén al nivel de aquellos que exige la OMS. Un ejemplo extremo de ello son las llamadas prácticas de buena manufactura (normas GMP por su sigla en inglés) por parte de los laboratorios, algo que en los últimos años la autoridad sanitaria pretendió obviar y que debe necesariamente anteceder a un proceso de bioequivalencia. Ello, por cuanto las normas GMP son las que avalan que los medicamentos se elaboren en forma uniforme en el tiempo. Lamentablemente en Chile muchos laboratorios no cumplen con dicha norma por lo que de no aprobarse el texto del artículo 101 del proyecto de ley consensuado por la Comisión de Salud, se podría paradojalmente —y con grave riesgo para la salud de las personas— obtener la certificación de equivalencia terapéutica del ISP y no ser capaz de asegurar que los productos serán iguales en el futuro.
Esto claramente debería preocupar al ministro de Salud…
Del mismo modo, para aquellos productos que no deban demostrar bioequivalencia, sea por sus propias características (ej. los inhaladores, inyectables, etc) o bien porque así no lo haya exigido el ministerio mediante el decreto supremo respectivo, la receta del médico deberá respetarse estrictamente por la farmacia. Se acabará la práctica de intercambiar un producto por otro, muchas veces fabricado por un laboratorio integrado verticalmente con la misma farmacia, o bien de marca propia de la cadena (tal como ocurre con muchos productos en los supermercados).
En este punto digamos las cosas por su nombre: la Cámara salvó un grueso error del Ejecutivo que conllevaba otro gran riesgo sanitario. Un ejemplo didáctico de ello es el de los inhaladores de salbutamol para los asmáticos. La falla de un inhalador como ocurrió con 37,000 de ellos en el año 2006 (caso Bestpharma) puede derivar en una irreversible obstrucción bronquial para un paciente con crisis asmática. Probablemente para un consumidor pueda ser irrelevante comprar una Coca-Cola o una bebida cola de la marca de un supermercado, ambas sacian la sed. Para un ciudadano asmático, no es irrelevante que el inhalador frente a una crisis asmática funcione o no. Está en juego su vida.
Finalmente, es errado sostener que la bioequivalencia de productos farmacéuticos traerá consigo una baja en el precio de los medicamentos. Muy por el contrario, como consta en un informe económico de los destacados economistas Felipe Larraín (sí, el actual ministro de Hacienda) y Jorge Quiroz del año 2003, una política regresiva como la que se pretende sólo beneficiará a los sectores de mayores ingresos pues los medicamentos innovadores de marca (aquellos usualmente más caros) posiblemente bajen, pero los medicamentos genéricos (sean o no de marca de laboratorio nacional o de una multinacional de genéricos), que han sido siempre sustancialmente más baratos, tenderán a subir de precio. La menor competencia, la indiferenciación de los productos y otras razones económicas que en el referido informe latamente se desarrollan, permiten concluir que precisamente serán los medicamentos más baratos, aquellos a los que accede el quintil más pobre de la población, los que tenderán a subir en el tiempo. Como alguna vez dijo un ex Presidente de la República, la boleta de esta errada política pública la pagara “la señora Juanita”.
Y pruebas al canto. El propio Sernac en su reciente Estudio comparativo de precios de Productos Bioequivalentes vs de referencia, Área Metropolitana, marzo 2013 concluyó que “a pesar de las grandes brechas entre los precios de Bioequivalentes y Referentes, la evolución históricas de estas diferencias mostró (…) una tendencia a disminuir en el tiempo, debido principalmente al alza de valor de los bioequivalentes. En el mediano plazo esta brecha podría disminuir aún más”.
En palabras sencillas, en la ley de fármacos que pretende el ministro Mañalich perdían los ciudadanos pero ganaban los consumidores, y consiguientemente el retail farmacéutico. En los términos aprobados por la Cámara de Diputados, pese a que subsisten muchos defectos, se atenúa lo anterior. Ganan los ciudadanos, pierden los consumidores.
