La política de minimizar las consecuencias de la demanda y reducirlo todo a un entendimiento económico, junto a todas las señales que en los últimos años se han enviado a Lima y a la corte, a la larga resultarían funestas a nuestro interés porque instalan la tesis de la equidad en detrimento a la vigencia del derecho.
En un tiempo más se conocerá el fallo del Tribunal de La Haya, concluyendo así un proceso largo, con sinuosidades inocultables que serán tema de análisis por largo tiempo. La defensa de nuestra integridad territorial es una obligación de todos los chilenos y por ello, es justo señalar con transparencia republicana, con objetividad y sin pasión, las debilidades que es posible observar en nuestro desempeño.
En primer lugar, resalta la ausencia de una política de Estado en el tema, aunque las actuales autoridades han señalado que sí han seguido una política estatal. Pero desgraciadamente no es así.
Es efectivo que tanto La Moneda como la Cancillería han organizado diversas reuniones con jefes de partidos políticos, con académicos, con empresarios y diversas organizaciones de la sociedad civil, en aras de mantener la necesaria cohesión nacional ante el tema, y de informar debidamente. Justo es reconocerlo, pero en nuestra institucionalidad no existe una instancia de “jefes de partidos”, además, siendo valiosa, no constituye una plena expresión de la pluralidad ciudadana, y reconozcamos, tampoco es hoy en día —desgraciadamente— una instancia que goce de amplia popularidad y representatividad.
[cita]La política de minimizar las consecuencias de la demanda y reducirlo todo a un entendimiento económico, junto a todas las señales que en los últimos años se han enviado a Lima y a la corte, a la larga resultarían funestas a nuestro interés porque instalan la tesis de la equidad en detrimento a la vigencia del derecho.[/cita]
En cambio, las autoridades vigentes, como lo hemos señalado reiteradamente desde hace más de un año, no han convocado a las instancias institucionales que están previstas para estos casos: el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Asesor de Política Exterior y, por cierto, no se han tomado los resguardos para prevenir una eventual crisis, que nadie la quiere, pero precisamente para ello obliga a iniciar una maniobra destinada a prevenirla. Tampoco se ha convocado a los ex Presidentes.
Dicen también nuestras autoridades que se ha mantenido la política y los equipos que iniciaron nuestra defensa. No es cierto. La política se cambió: al inicio, la reacción de nuestra Cancillería, con el entonces ministro Mariano Fernández a la cabeza hizo ver a las autoridades peruanas el gesto inamistoso que implicaba la demanda, y se maniobró conforme a esa concepción. Pero inexplicablemente, con el cambio de gobierno se abandonó esa política y se aceptó la tesis limeña de las llamadas “cuerdas separadas” y del encapsulamiento. En la actual administración, se abandonó una política de Estado y se siguió una política de gobierno (incluso eso es opinable dado las públicas diferencias de los ministros de defensa —Ravinet y Allamand— tuvieron con la cúpula de la Cancillería). Las actuales autoridades afirman hasta la fecha que “estamos en el mejor momento de la relación bilateral”. Todos recordamos los brindis en Lima y, peor aún, cómo se condecoró más tarde a quien nos demandó.
Se ha tratado de convencer a la opinión pública de que estamos frente a un tema exclusivamente jurídico y que, paralelo a ello, florece un próspero intercambio económico. Esto último es cierto, pero ocurre desde hace muchos años, y pese a ello, el Perú nos demandó. Es decir, los buenos negocios no bastaron para que la diplomacia peruana desconociera un acuerdo de más de 60 años.
En definitiva, se cambió la política y se la redujo a un diseño exclusivamente jurídico, en medio de múltiples señales de complacencia.
Y respecto a los equipos, es cierto que los equipos profesionales se mantuvieron, e inclusive el ex Vice-Canciller del gobierno anterior prosiguió como Agente. Pero el silencio de este funcionario ante el cambio de política es de su exclusiva responsabilidad. En cambio, es conocida la reserva y distancia que sectores del Servicio Exterior de nuestra Cancillería han manifestado. Y conocido es que en este diseño ha estado al margen, justo es decirlo.
Asimismo, pese a que diversas voces, de la más plural procedencia, que recomendaban complementar la defensa jurídica con maniobras diplomáticas, nuestras autoridades nada han hecho, salvo incentivar los acuerdos económicos y comerciales. Por ejemplo, muchos sostenemos que esta es una oportunidad para que ambos países proclamemos formalmente el fin de las disputas territoriales. Chile ya lo ha hecho, públicamente desde el Primer Libro de la Defensa de 1997, podemos volver a reiterarlo. Las autoridades peruanas de diversas épocas han declarado verbalmente, desde hace años, que no tienen más disputas territoriales con Chile, sin embargo desconocieron los Acuerdos de 1952 y 1954. Construir confianza mutua exige protocolización de las buenas palabras y acciones acordes a ellas. Nuestras autoridades han guardado inexplicable silencio frente a estas iniciativas de transparencia y confianza mutua que se han propuesto.
Cabe preguntarse por qué hemos procedido así. Ya habrá tiempo de examinar los hechos, pero una hipótesis es que se ha privilegiado una visión economicista y comercial, buscando impedir que la demanda peruana y sus secuelas, dañen el floreciente y mutuo intercambio.
Por cierto, proteger y resguardar las inversiones privadas de nuestras empresas, es parte de nuestro diseño internacional, pero también es claro que no es el único Objetivo Nacional.
Se viene el fallo. El derecho nos da plena razón, pero si hemos dado tantas señales de “abuenamiento” estamos emitiendo señales en pro de un juicio salomónico. Solo por vía de ejemplo, si el Tribunal fallase que de las 200 millas, 100 serían para uno y las otras 100 para el otro, es claro que se privilegió una opción de “equidad”, y no de derecho.
El propio agente peruano, embajador José García Belaunde, declaró hace pocos días respecto al fallo de la Corte que “una vez que lo haga, entonces si puede hacer unos ajustes, de suerte tal que no aparezca descompensado un país frente al otro”. El fundamento que un tribunal podría tener en estos casos, sería el de “evitar dañar relaciones excelentes”. Pero de las relaciones nos preocupamos a través de la diplomacia, y a los tribunales lo que se le pide es que apliquen el derecho. La política de minimizar las consecuencias de la demanda y reducirlo todo a un entendimiento económico, junto a todas las señales que en los últimos años se han enviado a Lima y a la corte, a la larga resultarían funestas a nuestro interés porque instalan la tesis de la equidad en detrimento a la vigencia del derecho.
Chile es un país respetuoso del derecho internacional y de la convivencia pacífica de las naciones. Por ello, pese a las falencias de nuestro desempeño que hemos tratado de resumir, con la misma fuerza debemos afirma que sabremos cumplir con cabalidad el fallo que emita la Corte Internacional, ante ello unidad nacional, conforme a derecho. Democrático también es realizar un sano y republicano examen de este proceso, y hacerlo previo al fallo, para que nadie diga que es motivado por razones domésticas ni coyunturales. Como señalamos al comienzo, la defensa de nuestra integridad territorial, así como de nuestra población y de la capacidad de decidir por nosotros mismos nuestro destino, son los fundamentos básicos de nuestro Estado.
