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Pueblos Indígenas: programa de Bachelet y nuevos desafíos

Domingo Namuncura
Por : Domingo Namuncura Trabajador Social. Exdirector nacional de Conadi. Exembajador de Chile en Guatemala.
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Se cometieron muchos errores en los gobiernos de la Concertación en el intento por desarrollar una “política indígena”. En realidad, mientras prevaleció la idea de lo indígena asociada a pobreza y ruralidad, las políticas públicas descuidaron componentes fundamentales de un mejor trato con la rica cosmovisión de los PPII. Y en diversos casos, donde los indígenas han expresado con fuerza sus demandas sociales y políticas fundamentales, el Estado respondió con la lógica portaliana acostumbrada de reprimir más que comprender, dificultar más que saber negociar, imponer más que consensuar.


El Programa de Pueblos Indígenas del Pacto Nueva Mayoría en el 2013 es el más amplio desde la campaña presidencial de 1989. En dicho año, lo sustantivo fue el contenido del Pacto de Nueva Imperial, que generó la Ley indígena 19.253 y la creación de Conadi. En 1993, la propuesta de Frei fue más bien una continuación de aquello que se había inaugurado en 1990 con la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (Cepi). En 1999, el candidato Ricardo Lagos recogió diversos planteamientos de movimientos indígenas y comprometió instalar una verdad histórica acerca de las relaciones de injusticia entre el Estado y los Pueblos Indígenas (PPII) y creó en 2001 la Comisión Nacional presidencial que concluye su labor en 2003, con el histórico Informe sobre Verdad y Nuevo Trato con los PPII (ver: http://bit.ly/HIQH2h ). En el 2005, la candidata Michelle Bachelet realizó un giro conceptual en el tratamiento programático del tema indígena al incorporar la idea de “reconocimiento de derechos”, más allá de entender lo indígena como un asunto sólo de pobreza y falta de oportunidades. La contribución más importante de la campaña de Bachelet fue finalmente la aprobación del Convenio 169 durante su Gobierno.

Por cierto, en cada etapa de los gobiernos de la Concertación la “cuestión indígena” avanzó con dificultad, en parte por el desconocimiento que tenemos respecto de los antecedentes históricos reales de la relación entre el Estado y los PPII; en parte, por una concepción ruralista del tema; en parte por no saber considerar a los indígenas como sujetos titulares de derechos colectivos y especiales; en parte por discriminación política y en gran parte por una enorme desinformación, inculcada a través de décadas de hegemonía cultural bajo las ideas de “Estado nacional, monocultural, monolingüista, monoclasista (Estado controlado por blancos) y centralizado”… Para la sociedad de Andrés Bello, Encina, Eyzaguirre y Portales –entre otros– “lo indígena” era claramente extraño, inferior, atrasado, salvaje y, como mucho, folklórico. El Pacto de Nueva Imperial buscó abrir los caminos para un mejor entendimiento y los dirigentes indígenas firmantes sabían claramente que el camino sería, en realidad, una larga peregrinación.

[cita]Se cometieron muchos errores en los gobiernos de la Concertación en el intento por desarrollar una “política indígena”. En realidad, mientras prevaleció la idea de lo indígena asociada a pobreza y ruralidad, las políticas públicas descuidaron componentes fundamentales de un mejor trato con la rica cosmovisión de los PPII. Y en diversos casos, donde los indígenas han expresado con fuerza sus demandas sociales y políticas fundamentales, el Estado respondió con la lógica portaliana acostumbrada de reprimir más que comprender, dificultar más que saber negociar, imponer más que consensuar.[/cita]

Se cometieron muchos errores en los gobiernos de la Concertación en el intento por desarrollar una “política indígena”. En realidad, mientras prevaleció la idea de lo indígena asociada a pobreza y ruralidad, las políticas públicas descuidaron componentes fundamentales de un mejor trato con la rica cosmovisión de los PPII. Y en diversos casos, donde los indígenas han expresado con fuerza sus demandas sociales y políticas fundamentales, el Estado respondió con la lógica portaliana acostumbrada de reprimir más que comprender, dificultar más que saber negociar, imponer más que consensuar. El Convenio 169 de la OIT, hoy Ley de la República, abrió una esperanza en cuanto a que, finalmente, el Estado, junto con reconocer los derechos colectivos de los PPII e integrarlos en una Nueva Constitución debe considerar a los indígenas como sujetos políticos e integrantes de una Nación originaria. Para la derecha esto es extremadamente difícil de entender y de aceptar. Para la centro-izquierda, recién en estos últimos años se ha iniciado tardíamente un proceso de comprensión histórica.

El Pacto Nueva Mayoría es parte de este proceso nuevo y el programa presidencial en materia de PPII se inicia con un capítulo de enorme importancia: el de reconocer y hacer cumplir los Tratados internacionales en materia de DD.HH. Indígenas, considerando principalmente la Declaración universal de PPII de Naciones Unidas, del 2007, y el Convenio 169, lo que representa un marco de Derechos que obligan al Estado a asumir responsabilidades. Luego, un segundo capítulo aborda un asunto fundamental: los derechos colectivos de los PPII deberán estar representados en una Nueva Constitución y esto exige la participación plena de los indígenas como sujetos políticos. Lo tercero, tiene relación con nuevos temas, tales como los derechos interculturales, participación y representación política, autonomía territorial, derechos sociales y económicos. También se aborda el tema de los DD.HH. indígenas, procesos judiciales, Ley AT y la necesidad de construir un nuevo entendimiento. En un escenario maximalista, sin considerar que el gobierno tiene tan sólo cuatro años disponibles, estas propuestas y otras pueden ser consideradas insuficientes. Comparadas con programas presidenciales de antaño, son un avance, porque apuntan a un asunto central: lo indígena deja de ser para el Estado un asunto de comunidades rurales-campesinas, de pobreza y falta de oportunidades. Se construye una idea de “inclusión” plena, en la fórmula de un Chile de Todos y esto es un camino; puede ser la mitad de un camino, un tercio del camino, pero –como Machado dice- es un camino que se hace al andar…

Hay quienes, legítimamente, acostumbran a mirar el vaso medio vacío. Desde el punto de vista académico eso es aceptable para reparar en lo que hay que corregir y fortalecer. En política se debe saber mirar el vaso medio lleno. Es otra mirada: no se parte de cero. Nunca se parte de cero. Y hay que saber reconocer avances  y limitaciones. Los derechos de los movimientos sociales y la lucha de emancipación del Estado se construyeron por décadas. Desde el inicio de la República, en 1810, los PPII han transitado por más de 183 años, hasta la Ley Indígena de 1993, en condiciones políticas extremadamente desmejoradas. Entre 1994 y el 2010, al menos han transcurrido 16 años en donde los PPII han experimentado con esfuerzo avances en su relación con la sociedad y el Estado. Así lo señala un reciente estudio del PNUD. Descontados los años del actual gobierno con pocas novedades en materia indígena, el desafío que viene es abrir más caminos: una huella fecunda, profunda e irreversible hasta conquistar la idea de un Chile Plurinacional. En ese sentido, los programas presidenciales deben ser siempre vistos como la llave que abre puertas.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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