La Constitución de 1980 y la de hoy no se pueden comparar. No cabe la menor duda que se ha democratizado casi en su totalidad del texto original. Por consiguiente, la Concertación, de acuerdo a lo formulado en 1989, cumplió cabalmente su deseo democratizador, sólo quedando en el tintero la reforma al sistema electoral.
El refrán popular dice que la memoria es frágil y efectivamente lo es. La inmensa mayoría recuerda el Plebiscito de 1988, probablemente por la importancia de la pregunta: ¿debe seguir Augusto Pinochet 8 años más como Presidente? Esa parte de la historia es la más conocida, pero muy poco se ha hablado de la importancia del Plebiscito de 1989, donde en efecto la ciudadanía deliberó sobre reformar la Constitución de 1980 democráticamente, marcando un hecho sin precedentes; mientras en Alemania Oriental se caía estrepitosamente el comunismo, en Chile el entramado jurídico pinochetista iniciaba su decadencia por la vía democrática.
Hoy nos encontramos con la disyuntiva: ¿debe ser la Carta Magna reformada con las reglas imperantes o buscar una salida externa para ello?, este debate recién está comenzando y ya se vislumbran arduas discusiones por parte del comité de expertos Constitucionalistas de la Nueva Mayoría, la Coalición por el Cambio y los grupos independientes. La campana ha sonado, y es el momento de la discusión. En efecto, el Embajador de la administración Piñera, Arturo Fermandois, en entrevista con un diario de circulación nacional, nos dice que: Como grupo somos partidarios de una evolución constitucional, es decir, de un proceso progresivo de perfeccionamiento de nuestro marco jurídico. Así ocurrió con las grandes reformas de 1989, 1991 y 2005, por ejemplo. No creemos que sea bueno para un país «darse gustitos», cambiando constituciones de cuando en cuando, sin razones técnicas ni imperativos políticos suficientes, cada vez que una nueva fuerza política importante asume el poder.
La dictadura militar, ya vencida políticamente en 1988, comienza a pactar junto a la Concertación las reformas que se formularon para el año 89. Los conglomerados políticos, más la participación del ministro del Interior Carlos Cáceres y los paneles de expertos constitucionalistas de ambos sectores políticos, donde cabe destacar el famoso “grupo de los 24”. Se consensuaron 54 reformas que dieran más estabilidad democrática al país. Cabe destacar: cumplir los pactos internacionales de Derechos Humanos; derogación del artículo 8°; derogar la facultad del Presidente para exiliar; disminución del Cosena; se aumenta la cantidad de senadores electos; derogar la prohibición de Partidos políticos; derogar la reforma constitucional, la cual indicaba que debía ser aprobada por 2 Congresos sucesivos.
[cita]La Constitución de 1980 y la de hoy no se pueden comparar. No cabe la menor duda de que se ha democratizado casi en su totalidad del texto original. Por consiguiente, la Concertación, de acuerdo a lo formulado en 1989, cumplió cabalmente su deseo democratizador, sólo quedando en el tintero la reforma al sistema electoral.[/cita]
Quedaron pendientes: 1) eliminar la inamovilidad de los Jefes de la FF.AA; 2) eliminación de los Senadores designados; 3) supeditar el Cosena y el Tribunal Constitucional a las autoridades electas; 4) modificar la forma de elección de los parlamentarios; 5) elección democrática de los alcaldes; 6) supresión de la pena de muerte.
Los primeros 3 puntos fueron aprobados en la importante reforma Constitucional del Presidente Ricardo Lagos en el año 2005. Los alcaldes fueron electos democráticamente por vía indirecta el año 1992, al ser electo por el Concejo Municipal, siendo el año 2000 la fecha definitiva de elección separada de alcaldes y concejales. La pena de muerte se suprime en el año 1999. Queda pendiente, después de 25 años, la elección que dé mayor representatividad al Congreso Nacional. Este hecho aún está en trámite en el referido Congreso Nacional.
Lo anterior, es –a mi juicio– posible gracias al Plebiscito de 1989. Fue de trascendental importancia para delinear el curso de la transición a la democracia.
A las preguntas de Matías Sagredo, publicadas en El Mostrador, «¿Valía la pena sacar de La Moneda a un general con uniforme para que otros cumplieran las directrices dejadas por él? ¿Existió realmente la Transición?», le respondo claramente que valió la pena.
Sacar al dictador que violó reiteradamente los derechos humanos, elegir a un Presidente y restituir el Estado de Derecho fue la mayor victoria que se pudo obtener. No hay que olvidar a los miles de compatriotas que fueron torturados, asesinados y obligados al exilio, denegándoseles la nacionalidad y el regreso a vivir en su país. Por ello me sorprenden las afirmaciones del columnista en este medio. Ello es olvidar los oscuros años que vivió este país bajo una de las dictaduras más cruentas del siglo XX.
Es verdad, en muchas materias se pagó un alto precio para la apertura democrática, no obstante, reitero, fue el pacto que permitió a Chile salir del horror de 17 años de dictadura. Uno de los principales costos fue la eliminación de la reforma constitucional por medio del plebiscito. Y es por ello que la Constitución impide reformarla por vía de un plebiscito o convocar a Asamblea Constituyente. No podemos mirar hacia atrás y reflexionar que aquel pacto nos privó de lo que hoy en día queremos hacer, porque eso es tener una capacidad reflexiva paupérrima. Es simplemente olvidar que tuvimos 17 años de dictadura y violaciones sistemáticas a los derechos humanos por el poder de las armas y el apoyo político de la derecha económica.
Hoy en día la coalición de gobierno posee mayoría en ambas Cámaras legislativas. Nunca la tuvo, ni siquiera en el año 1990 por la existencia de los senadores designados. La Nueva Mayoría sólo necesitará el voto de los diputados de centro izquierda, y los senadores de Amplitud para poder realizar los cambios con quórum de 3/5. Sin lugar a dudas, el pecado de origen de la Constitución de 1980 fue sustituido en 1989, y formalmente con la firma y promulgación del Presidente Lagos el año 2005.
La Constitución de 1980 y la de hoy no se pueden comparar. No cabe la menor duda que se ha democratizado casi en su totalidad del texto original. Por consiguiente, la Concertación, de acuerdo a lo formulado en 1989, cumplió cabalmente su deseo democratizador, sólo quedando en el tintero la reforma al sistema electoral.
La próxima Constitución que convengamos tiene que conservar los acuerdos que hemos construido como nación e incluir las nuevas propuestas que nos permitan ser una sociedad decente, en donde los menos no humillen a los más.
