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La cárcel como máquina de la desigualdad

por 19 agosto, 2014

Más que una respuesta natural al aumento de la criminalidad, nos encontramos ante una forma de hacer política que reproduce la inequidad a través del uso indiscriminado del derecho penal. El problema es que la cárcel se constituye como un reflejo de las inequidades sociales y, simultáneamente, como un motor que las reproduce e intensifica.
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Cuando se habla de desigualdad generalmente pensamos en la precarización del mercado laboral o en las brechas del sistema educacional como los principales mecanismos de reproducción de inequidades sociales. Pero olvidamos la magnitud y efecto de un mecanismo brutal: la cárcel. El sistema carcelario constituye un espacio de reproducción de inequidad social sin tregua, tanto porque anula oportunidades de vida como porque reproduce desigualdades sociales en el segmento más precarizado de la población.

Las recientes palabras del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, levantan un tema generalmente invisibilizado por la opinión pública y escondido detrás de los eslóganes de la lucha contra la delincuencia. Muñoz fue claro: “La delincuencia es un fenómeno que surge de las desigualdades en la sociedad imperante”. A lo que podemos agregar que enfrentar a la delincuencia con la cárcel reproduce las desigualdades de la sociedad imperante.

La forma en que se ha instalado el sistema de justicia penal en Chile ha generado una alteración de las oportunidades de vida para los más pobres. De acuerdo al informe de la Fundación Paz Ciudadana sobre condiciones carcelarias, el año 2012 en Chile murieron 56 personas producto de riñas y suicidios en cárceles. También, más del 50% de la población condenada declara haber recibido agresiones por parte de Gendarmería de Chile. Esto significa que quienes ingresan a la cárcel tienen mayores posibilidades de ver vulnerada su integridad física que cualquier otro ciudadano común.

La inequidad aumenta a medida que crecen las tasas de encarcelamiento. Hoy, en Chile, existen 266 personas presas por cada 100 mil habitantes, lo que nos ubica en el tercer lugar con mayores niveles de encarcelamiento en América Latina (después de Uruguay y Brasil). También contribuye a la inequidad del sistema la significativa diferencia en la probabilidad de ser encarcelado según segmento socioeconómico de la población.

Más que una respuesta natural al aumento de la criminalidad, nos encontramos ante una forma de hacer política que reproduce la inequidad a través del uso indiscriminado del derecho penal. El problema es que la cárcel se constituye como un reflejo de las inequidades sociales y, simultáneamente, como un motor que las reproduce e intensifica.

Las reformas al sistema educacional, constitucional y tributario son necesarias, pero no suficientes para terminar con la inequidad. Resulta imprescindible sumar a este conjunto una profunda reforma penitenciaria. El problema nos incumbe a todos: en pocos años más la catástrofe producto de inyectar presos a la máquina de moler carne del sistema penal nos explotará en la cara. En el mediano plazo, cuando la actual masa de presos cumpla su condena y se constituya en un ejército de ex presos, Chile tendrá que hacerse cargo de una población desocializada, sin apoyo familiar ni laboral, pobre, enferma y envejecida. Estados Unidos se encuentra hoy viviendo un verdadero búmeran en su política: desde los años ochenta los norteamericanos intensificaron sus políticas de encarcelación y hoy se enfrentan a una crisis producto de la exclusión a través de la cárcel.

En alguna medida, las autoridades en Chile han reaccionado a través del desarrollo de programas de reinserción social e intervenciones postpenitenciarias que buscan dar apoyo a los presos y a sus familias luego de la liberación. Sin embargo, el problema tiene una raíz mucho más profunda: una temporada en la cárcel debilita las capacidades laborales de los presos, destruye sus vínculos familiares e imprime un estigma que vuelve extraordinariamente improbable el éxito de las políticas públicas postcondena (Western et al., 2002). Además, como es de conocimiento público, la evidencia demuestra que los contactos criminógenos intracarcelarios favorecen la habilidad delictiva de los individuos y expanden las redes sociales de la delincuencia, contribuyendo al fracaso de la mayoría de los programas postliberación (Wacquant, 2010). Al impacto individual y económico, se suma que las familias y comunidades de los presos resultan ampliamente afectadas. Dado que provienen de situaciones sociales vulnerables, con bajos niveles de instrucción y al margen de un desarrollo económico estable, los presos transmiten las condiciones de desigualdad a sus hijos, los que se encuentran expuestos a reproducir la trayectoria delictiva de sus padres.

La evidencia internacional es desalentadora: está demostrado que las cárceles favorecen el envejecimiento prematuro de la población penal, la expansión de epidemias, el contagio de enfermedades infecciosas, aumento del contacto íntimo entre reclusos, baja autoestima, agresividad, depresión y estrés coetáneos y posteriores al período de encierro (Massoglia, 2008). El caso de Juan Montupin debiese servir como lección. Este hombre de origen Mapuche y portador de VIH no recibió el tratamiento farmacológico estipulado por ley y murió engrillado a una cama del Hospital Van Buren en marzo de este año, producto del completo abandono del sistema de salud en las cárceles chilenas.

Peor aún, el encarcelamiento en Chile cierra el paso de las dos vías más importantes para evitar la reincidencia: el matrimonio y el empleo estable, ya que desvincula a los individuos de núcleos que controlan y motivan su participación en sociedad (Laub et al., 1998). La prisión también arrasa con los núcleos sociales de origen de la población reclusa, ya que importa desestabilización de hogares, reducción de ingresos familiares, interrupción de vidas en pareja, sustracción de niños del cuidado de sus padres, estigmatización y la distorsión de la vida social en barrios marginales (Watts & Nightingale, 1996). Este punto resulta crucial: existen zonas donde los criminales transitan desde sus comunas a la prisión y desde la prisión a sus comunas, de modo que los barrios alteran su ecología porque parte de su población no accede a ninguna otra alternativa distinta a delinquir (Wakefield & Uggen, 2010). El caso en Chile es evidente: de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio del Interior, las comunas “proveedoras” de delincuencia en la Región Metropolitana son Puente Alto, Pudahuel, La Pintana, Peñalolén y Renca; en general, comunas con barrios vulnerables que tradicionalmente han liderado los listados de los sectores pobres de la encuesta CASEN.

Más allá del preso y su familia, la sociedad en su conjunto se ve afectada por tener una población penal –de presos y ex presos– en crecimiento. El encarcelamiento genera una disminución del potencial económico de hombres y mujeres en edad activa e introduce, tras la liberación de reclusos no capacitados, un factor adicional de desempleo (Western, 2002).

En términos presupuestarios, un mes de encarcelación le cuesta al Estado de Chile en promedio $418 mil pesos (Contraloría de Chile, 2008). La suma es altísima comparada con la inversión por niño en educación. Lamentablemente, las autoridades parecen tener poca conciencia de los costos que demanda mantener una cárcel. Desde el Ministerio del Interior se ha impulsado una ley que exige prisión efectiva de al menos 541 días por el porte de armas hechizas. Saquemos la cuenta: son 18 meses de encierro, por lo tanto, casi 10 millones de pesos por cada ciudadano que el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, logre encarcelar. Además, debemos sumarle el anuncio, desde el Ministerio de Justicia, de cuatro nuevas cárceles, con una inversión de al menos 70 mil millones de pesos.



Que quede claro: los delitos requieren sanción penal. Pero en un período de desaceleración y necesaria austeridad, promover el uso de la cárcel y ampliar la estructura penitenciaria equivale a despilfarrar valiosos recursos públicos que pueden ser invertidos con mayor efectividad y sabiduría.

En definitiva, estamos presenciando una forma sistemática de hacer políticas públicas a través del sistema penal, directamente dirigida al sector más precarizado de la población. Una vez que un individuo entra al sistema, en cada etapa del proceso penal se revelan la inequidad y la discriminación: existen diferencias en el tratamiento que otorga la justicia a los individuos según su clase social de origen y existen arraigados patrones culturales de discriminación en la cultura judicial al momento de dictar condena. A todo esto se suma que en Chile las personas privadas de libertad carecen del derecho a sufragio, lo que anula su calidad de agentes políticos: la Constitución de 1980 priva a los condenados de su ciudadanía y, por lo tanto, de su derecho a voto. ¿Cómo conocer la voz política de los presos si la Constitución los ha silenciado tras los muros de la cárcel?

En otras palabras, más que una respuesta natural al aumento de la criminalidad, nos encontramos ante una forma de hacer política que reproduce la inequidad a través del uso indiscriminado del derecho penal. El problema es que la cárcel se constituye como un reflejo de las inequidades sociales y, simultáneamente, como un motor que las reproduce e intensifica.

Estamos a tiempo para que las autoridades reordenen sus prioridades y comprendan la forma en que opera nuestro sistema penal. Las alternativas son infinitas; renovar y sistematizar el catálogo de delitos y penas, crear una ley de ejecución penitenciaria que establezca claramente los procedimientos y la jurisdicción competente para resolver los problemas de la administración, designar el Mecanismo de Prevención de la Tortura (tarea pendiente desde el gobierno anterior), restringir la población penal a aquellos sujetos con conductas de grave riesgo, crónicas y persistentes, liberar a los presos por condenas menores, otorgar beneficios y acelerar los decretos de cumplimiento, evitar encarcelar a la población primeriza, devolver el derecho a voto a los ciudadanos encarcelados y promover cualquier medida que creativamente impida que la cárcel siga siendo reflejo y motor de la desigualdad social.

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