EDITORIAL
Lo que más se ha escuchado es un reclamo de legitimidad de los juicios e investigaciones judiciales y administrativas por “filtraciones”, “discriminaciones” o “persecuciones políticas”. Ninguna manifestación de fondo sobre el detonante de la crisis: el oscuro financiamiento de la política en el país.
La tensión del caso Pentagate impacta un nudo trascendental de la vida institucional del país. Los poderes del Estado y sus órganos superiores, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) o el Ministerio Público, requieren de una sincronía institucional en la aplicación de la ley, con transparencia e igualdad de condiciones para todos. Tal ambiente lo provee la política. Si por presiones de distinta naturaleza esos poderes e instituciones se transforman en mecanismos ad hoc, y sus reglas son intercambiables o entregadas al negocio del empate o el amparo social entre las elites, lo que se produce es un acto subversivo en contra del orden público establecido y una conspiración contra la democracia. Es la rebelión de las elites contra la igualdad ante la ley.
En situaciones de tensión política, parece lógico que las elites gobernantes abominen de la subversión como método, independientemente de a quién y cómo golpea la crisis. La racionalidad indica que la cooperación asegura el control de la crisis y la supervivencia en el largo plazo. Sin embargo, la exacerbación de la impunidad por mucho tiempo, produce percepciones de amenaza mayor frente a cualquier inconveniente, y genera reacciones descontroladas y la búsqueda desesperada de nuevas reglas.
Cuánto tiene de coerción esa actitud instrumental, está directamente relacionado con el lenguaje y el oficio comunicacional de los afectados, y su capacidad para crear realidades por encima de los hechos concretos, asegurando implícitamente que “las reglas somos nosotros”. Lo actuado por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y algunos empresarios afines, va en ese sentido. Tratar de inhibir la aplicación de la ley, desconocer las reglas o simplemente forzar su cambio, aunque ello resulte en una subversión del orden establecido, es un acto más que irracional, producto de no percibir el cambio cultural que se ha producido en su entorno.
[cita] La Constitución que nos rige, en la parte de sus fundamentos doctrinales, tiene por primera frase aquella que reza: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Y su artículo 6º continúa: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”. Los partidos políticos, de gobierno u oposición, deben garantizar que ello se produzca y no, por el contrario, que ello no se aplique. Y, por lo tanto, la garantía del orden institucional proviene de una adhesión social y no del control de la fuerza. Eso no lo entiende la UDI. [/cita]
La Constitución que nos rige, en la parte de sus fundamentos doctrinales, tiene por primera frase aquella que reza: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Y su artículo 6º continúa: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”. Los partidos políticos, de gobierno u oposición, deben garantizar que ello se produzca y no, por el contrario, que ello no se aplique. Y, por lo tanto, la garantía del orden institucional proviene de una adhesión social y no del control de la fuerza. Eso no lo entiende la UDI.
Por otra parte, quizás sí lo fundamental es que la situación tiene curso de lucha caníbal de la política, con ruptura de las reglas del juego, porque coyunturalmente ellas “no nos favorecen”. Lo que más se ha escuchado es un reclamo de legitimidad de los juicios e investigaciones judiciales y administrativas por “filtraciones”, “discriminaciones” o “persecuciones políticas”. Ninguna manifestación de fondo sobre el detonante de la crisis: el oscuro financiamiento de la política en el país.
El tema tensiona incluso en las democracias más sólidas y con mayor tradición del mundo. Cómo se proveen los recursos privados hacia las campañas, y de quién y hacia quién, toca en el centro de la igualdad de la soberanía popular, el pacto constitucional y la transparencia de las decisiones gubernamentales.
Hay financiamiento legal y financiamiento oficioso o secreto, que es el más lesivo, porque es oculto o con transgresión de las reglas.
El dinero oficioso busca crear un monopolio político de aquellos que reciben el dinero y controlar con ello la competencia; y de aquellos que lo colocan para afianzar y extender su poder económico, privatizando factualmente la esfera de lo público. Eso derechamente es un delito político de alta traición a la democracia e investigarlo por todos los medios no debería tener contradictores.
Pero el dinero legal también debe ser objeto de escrutinio, sobre todo cuando asigna roles contarios a la soberanía popular. Es el caso de las empresas, que tienen intereses –especialmente maximizar el lucro– y no adhesiones valóricas doctrinarias, religiosas o de otro tipo.
En materia de financiamiento legal, las empresas no debieran poner dinero ni, menos aún, descontarlo de sus impuestos. Las donaciones son para personas por personas, ambas naturales y ambas parte del cuerpo soberano popular. Límite y transparencia en montos, procedencias y destinos es la regla subsiguiente.
Todo lo anterior subyace a la investigación del caso Penta. Es parte sustancial de lo que debieran referir los actores políticos, habida consideración de que la población no le cree nada a la política y que la próxima encuesta arrojará, tal vez, cifras desastrosas.
Es muy evidente la presión comunicacional actual de los actores a la deslegitimación de las autoridades, al empate político o a licuar los comportamientos y competencias de las instituciones que llevan adelante las investigaciones. Por lo mismo, no ayudan aquellos que se dejan presionar, que se salen de sus roles responsables y empiezan a hacer discriminaciones odiosas o eligen a la prensa como chivo expiatorio de los problemas que investigan. La exigencia de transparencia es hoy más necesaria que nunca, pues la subversión contra las instituciones y la rebelión de las elites subyace en los sótanos de la democracia.
