Las universidades estatales no pueden ser tratadas por el financiamiento público como si se tratara de oferentes privados, porque no lo son. La creación, la misión pública que les corresponde, como asimismo la estructura y régimen jurídico al que se someten difiere sustancialmente de aquellas correspondientes a los oferentes privados. Como no estamos en las mismas condiciones, no es posible hablar de discriminación.
Las universidades estatales hemos manifestado públicamente que en el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación del año 2015 –tal como está presentado– no hay una señal convincente de fortalecimiento de la Educación Superior Estatal, pues en este no se ha expresado una voluntad concordante con lo manifestado por la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno.
No obstante, se ha difundido profusamente a través de los medios de comunicación que la creación de una línea de financiamiento específico para las universidades estatales constituye un aporte discriminatorio respecto de las instituciones privadas del CRUCh. Lo anterior dista mucho de ser real en la medida en que la línea que se proyecta como el Convenio Marco para Universidades Estatales, de $34.080 millones, no constituye en ningún caso un aporte que modifique la situación históricamente desmejorada de las instituciones estatales ni establece en términos reales una manifestación del trato preferente prometido.
Es importante consignar que, desde el año 1981, las universidades privadas del CRUCh han recibido más AFD (Aporte Fiscal Directo) que las universidades estatales, por lo que el Estado ha favorecido a estas instituciones en desmedro de las propias. Como ejemplo, en el año en curso, el AFD otorgado a las dos instituciones estatales de Valparaíso es 4 veces menor que el de las 2 no estatales de la región, en circunstancias que tienen similar matrícula.
[cita]Las universidades estatales no pueden ser tratadas por el financiamiento público como si se tratara de oferentes privados, porque no lo son. La creación, la misión pública que les corresponde, como asimismo la estructura y régimen jurídico al que se someten difiere sustancialmente de aquellas correspondientes a los oferentes privados. Como no estamos en las mismas condiciones, no es posible hablar de discriminación.[/cita]
Si bien existe una señal explícita, se trata más bien de un esfuerzo simbólico que no se condice con los compromisos asumidos durante la campaña electoral y en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet.
Por otra parte, hay que precisar que de los MM$ 34.080 de la línea de Convenio Marco sólo MM$17.000 son recursos frescos, los que deben repartirse entre 16 universidades estatales, hecho que claramente resulta insuficiente para lograr la expansión y el fortalecimiento de las mismas. Es decir, con estos recursos no se modifica la estructura de financiamiento de la educación superior, ni menos se impacta en la cobertura de las universidades estatales en el total de la matrícula, que corresponde solo al 16%.
Lo que hay detrás de los recursos de este Convenio Marco es un ejercicio de reasignación de recursos: los $34 mil millones de pesos están constituidos mayoritariamente por recursos que ya estaban incorporados en presupuestos anteriores. En la glosa que se propone como nueva, se ha comprometido el 5 % del reajuste del Aporte Fiscal Directo (AFD) que no fue incorporado en el proyecto actual, más el porcentaje del aporte basal que se pretende eliminar a las universidades estatales, lo que arroja una diferencia de recursos nuevos por la suma de $17 mil millones de pesos.
Cabe señalar que durante el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet se otorgaron $25.000 millones durante dos años para financiar una ley de incentivo al retiro de los funcionarios y académicos de las universidades estatales. Por lo tanto, en términos de recursos totales, no se evidencia un verdadero fortalecimiento al sistema universitario estatal, que haga una real diferencia con otros gobiernos y exprese lo manifestado en el Programa de Gobierno.
Las universidades estatales necesitan recursos para incrementar sus capacidades en investigación, como también para corregir inequidades que ellas mismas transfieren finalmente a sus estudiantes. A su vez, hay que considerar la situación específica de las universidades situadas en regiones, estatales y privadas del CRUCh, que son instituciones que deben hacer enormes esfuerzos para tener un nivel de complejidad y excelencia que el país desde luego requiere de sus universidades, pero esto no es posible con este presupuesto tal como está proyectado, razón por la cual se vuelve indispensable incorporar cambios significativos en el mismo.
Además, creemos que no es justo continuar con una política de financiamiento basada en el subsidio a la demanda, que no hace distinción finalmente respecto de la misión y los propósitos de las instituciones y, peor aún, que sigue endeudando a los estudiantes y sus familias a través de instrumentos financieros como el Crédito con Aval del Estado.
Las universidades estatales no pueden ser tratadas por el financiamiento público como si se tratara de oferentes privados, porque no lo son. La creación, la misión pública que les corresponde, como asimismo la estructura y régimen jurídico al que se someten difiere sustancialmente de aquellas correspondientes a los oferentes privados. Como no estamos en las mismas condiciones, no es posible hablar de discriminación.
Finalmente, queremos manifestar que la precaria asignación de recursos no refleja el momento que el país vive en materia de educación superior, tomando además una dirección que va en abierta contradicción con todos los indicadores internacionales que señalan que estamos por debajo de lo que el país requiere y de lo que puede entregar en esta materia.
