Lo que está en juego es el valor esencial de la moralidad cívica y no solo la cuantía de la defraudación, ya de por sí despreciable.
No es extraño encontrar en publicaciones del Banco Mundial, del FMI y otros organismos de esa naturaleza, trabajos que tratan sobre la necesidad de cuidar las buenas prácticas empresariales, así como el respeto a la ética y transparencia de los mercados. En especial, atendiendo a la trascendencia que tal actitud tiene para las sociedades, personas e instituciones. Es más, en el discurso general, con distintos énfasis, se asocia su rol al de un elemento consubstancial a la democracia misma.
El llamado caso Penta, sumado a las colusiones de farmacias, el cartel de los pollos, la Polar, el caso cascadas y otros, constituyen ilícitos graves en lo legal, lo ético y lo moral. Dañan principios fundamentales del derecho, como la buena fe y la prohibición legal del enriquecimiento ilícito, e impactan negativamente la confianza pública, debilitan las instituciones y alzan de manera artificial el costo y valor de las transacciones. Desde el punto de vista de quienes valoran el mercado, y asocian su correcto desempeño a la democracia, los que cometen los mencionados ilícitos no son solo inescrupulosos y deshonestos practicando “acciones u omisiones, típicas, antijurídicas y culpables”, según la definición de delito que tiene nuestra legislación, son también, esencialmente, agitadores antidemocráticos.
Lo de Penta agudiza más la naturaleza antidemocrática e inmoral de las prácticas comentadas, porque evidencia una relación directa y mañosa con políticos determinados y proyecta las irregularidades e ilegalidades al plano del quehacer político. Ello contribuye a distorsionar el ejercicio de la soberanía popular, desvalorizando el poder del voto ciudadano, pilar fundamental de todo régimen democrático, y sin duda alguna el bien público de mayor trascendencia y sustancialidad frente a los mecanismos de mercado.
La política, en su dimensión sustantiva, se desenvuelve en un marco conceptual de valores y la democracia. No se concibe como “mercado político”, puesto que su objetivo es relievar la idea de un espacio y forma de pensar en conjunto, con afección a valores y no a intereses monetarios. Las prácticas y conductas que se han conocido son, además de delictuales, expresivas de un cinismo e hipocresía propios de una visión que consagra una mera relación instrumental entre medios y fines, y que desprecia a la democracia y al valor del pensar en conjunto.
De ello deben hacerse cargo tanto la UDI como los “empresarios” involucrados. Pero el foco no es solo la UDI. Lo que debe importar son los impactos en la valoración ciudadana de la política, porque su debilitamiento también debilita a la democracia y, con ello, los derechos, libertades e igualdad, cuestión fundamental de la cohesión social. De esto debe hacerse cargo el conjunto del sistema político institucional.
Llama la atención la relatividad ética y la superficialidad con que algunos actores enfrentan estos temas, y la carencia de contundencia en las respuestas sociales y jurídicas con que cuenta la sociedad y sus instituciones para sancionar delitos de esta naturaleza.
Una diputada de la UDI formalizada por fraude al fisco llegó a un acuerdo con la Fiscalía y devolvió la cantidad de 30 millones que habían llegado ilícitamente a sus manos. Seguramente hay una causa para ese pago. Pero la pregunta que queda rondando es ¿qué pasa con el daño inferido por su actuar a la fe pública y a la convivencia social? ¿Podría ocurrir lo mismo con las irregularidades detectadas en las asignaciones de fondos para Cultura, Deportes y Recreación en la V Región?
Lo que está en juego es el valor esencial de la moralidad cívica y no solo la cuantía de la defraudación, ya de por sÍ despreciable.
La democracia consiste esencialmente en el tratamiento público de nuestros problemas comunes y la función fundamental del debate político es relevar la voluntad política que subyace en la sociedad. Corresponde, por tanto, a los ciudadanos y al conjunto del entramado político e institucional asumir la responsabilidad de generar contenciones y sanciones sólidas en lo penal y en lo social para quienes traicionan los pilares de la convivencia ciudadana, la cohesión social y la democracia misma.
