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De la agenda laboral a la agenda de trabajo: de la amenaza a la oportunidad

por 1 enero, 2015

El liderazgo de Bárbara Figueroa en la Presidencia de la CUT y de Andrés Santa Cruz en la Presidencia de la CPC puede llegar a representar una oportunidad de envergadura histórica como lo fue el acuerdo marco del año 90, pero esta vez el propósito es otro. Si el primero fue un acuerdo de mínimos para contribuir a la gobernabilidad democrática del país, ahora el aporte debería apuntar a la tarea de restablecer relaciones más equilibradas al interior de la empresa y avanzar de manera colaborativa hacia una mayor igualdad.
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El éxito de Chile del último cuarto de siglo es haber avanzado persistentemente en su camino al desarrollo, ese es nuestro vaso medio lleno, pero la parte del vaso medio vacío es que para consolidar la segunda mitad de ese camino requerimos de un diseño global de políticas públicas con enfoque integral y sistémico. En otras palabras, los atributos y competencias que necesitamos como país para esta etapa de nuestro desarrollo serán de mayor complejidad y densidad en comparación a los de la primera mitad y, por tanto, será un camino más difícil y con obstáculos no fáciles de sortear. Estaremos más exigidos, pero a su vez más desafiados.

Las reformas comprometidas por la Nueva Mayoría de cambio tributario, educacional y constitucional son, qué duda cabe, los pilares sobre los cuales se comenzará a edificar un nuevo tiempo caracterizado por la búsqueda de una mayor igualdad y una relegitimación de nuestro sistema democrático. Representan también la instalación de un proceso que redefinirá el modelo de sociedad que ha predominado hasta ahora y desde los inicios de la transición democrática.

En ese sentido, la focalización de las políticas sociales resultará insuficiente como herramienta para corregir la excesiva desigualdad por lo que se hará ineludible seguir fortaleciendo y profundizando un sistema de protección social. Asimismo, si bien el aumento de gasto social como consecuencia de la reforma tributaria que impulsamos nos permitirá, en parte, introducir una mejoría en la distribución de ingresos después de impuestos, habrá necesariamente que hacerse cargo del desafío de crecer distribuyendo equidad en la economía, es decir, distribuyendo capacidad de hacer las cosas bien en el mercado para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores y trabajadoras con menor dotación de capital humano.

La importancia de atacar simultáneamente los dos frentes se explica puesto que es en los sectores socioeconómicos medios y bajos, así como en las micros, pequeñas y medianas empresas donde se ubican las grandes brechas de ingresos y productividad y, por lo tanto, donde hay más espacios para ganancias de eficiencia y capacidad productiva. Solo así se torna alcanzable el crecimiento económico con mayor igualdad de manera sostenida en el tiempo. La calidad de la inserción laboral de nuestra fuerza de trabajo es la principal determinante de la distribución del ingreso de una economía en desarrollo.

El liderazgo de Bárbara Figueroa en la Presidencia de la CUT y de Andrés Santa Cruz en la Presidencia de la CPC puede llegar a representar una oportunidad de envergadura histórica como lo fue el acuerdo marco del año 90, pero esta vez el propósito es otro. Si el primero fue un acuerdo de mínimos para contribuir a la gobernabilidad democrática del país, ahora el aporte debería apuntar a la tarea de restablecer relaciones más equilibradas al interior de la empresa y avanzar de manera colaborativa hacia una mayor igualdad.

Es precisamente en este marco, en donde una nueva agenda laboral viene a representar un espacio privilegiado para enriquecer la dimensión de mayor igualdad en un nuevo proyecto país. Pero esta agenda laboral se debe ampliar pues representa sólo una parte de la tarea. La otra se refiere a la necesidad que tenemos como país en formularnos una Política Nacional de Empleo para el Desarrollo.

En consecuencia, la construcción de esta agenda deberá contemplar la generación de sinergias desde tres dimensiones distintas pero complementarias. Primero, corregir y superar los elementos regresivos que contiene nuestra actual legislación laboral que restringen el pleno ejercicio de los derechos laborales, particularmente, los derechos colectivos. Segundo, innovar en la formulación de una política nacional de empleo que se enmarque en la construcción de nuestro sistema de protección social garantizando el acceso a prestaciones y servicios que permita el desarrollo de una trayectoria laboral y profesional ascendente a lo largo de la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Tercero, perfeccionar nuestra institucionalidad laboral como un componente transversal que haga posible la correcta y oportuna aplicación de las leyes y normativas que regulan los derechos individuales y colectivos del trabajo y la eficiente implementación de la política nacional de empleo.

En este desafío deberían converger los intereses y énfasis de las organizaciones de trabajadores y empleadores.

¿Es esto una utopía? La realidad nos muestra que no. Así es, al inicio de la transición democrática, más específicamente el 27 de septiembre de 1990, fuimos capaces de firmar el primer acuerdo marco suscrito por el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Manuel Bustos, el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Manuel Feliú, el Ministro del Trabajo, René Cortázar y el Presidente de la República, Patricio Aylwin. Entonces, si en un marco de mayor polarización política y desconfianza entre los actores sociales pudimos alcanzar un acuerdo de mínimos para corregir situaciones inaceptables para los trabajadores y trabajadoras que luego nos permitió impulsar necesarias reformas laborales, por qué no va a ser posible que redituemos un nuevo acuerdo para esta vez impulsar las reformas que Chile necesita para instalar la dignidad del trabajo en el centro de un nuevo proyecto de desarrollo inclusivo para todos los chilenos y chilenas.

El liderazgo de Bárbara Figueroa en la Presidencia de la CUT y de Andrés Santa Cruz en la Presidencia de la CPC puede llegar a representar una oportunidad de envergadura histórica como lo fue el acuerdo marco del año 90, pero esta vez el propósito es otro. Si el primero fue un acuerdo de mínimos para contribuir a la gobernabilidad democrática del país, ahora el aporte debería apuntar a la tarea de restablecer relaciones más equilibradas al interior de la empresa y avanzar de manera colaborativa hacia una mayor igualdad.

Ambos líderes sociales no están condenados a definir su identidad desde una trinchera particularista y/o corporativista. Tiene razón la CUT cuando aspira a corregir las anomalías de nuestra actual legislación laboral, pero también tiene razón la CPC cuando acusa falta de iniciativa para abordar los temas del mercado del trabajo o empleo. En esto último, se ve poca decisión y diseño de política pública en el actual gobierno. No hay tiempo que perder, la administración del Presidente Piñera representó un conjunto vacío en políticas públicas de empleo, más allá de aprovechar el ciclo de bonanza del cobre, la actual administración puede retomar el camino que aún en un contexto de crisis, logramos instalar en el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, con iniciativas como una Bolsa Nacional de Empleo, generación de indicadores de medición de calidad de empleo y empleabilidad, el Programa Jóvenes Bicentenario, el Programa de Formación Sindical Profesional, entre otras.

Sigue pendiente una reingeniería del SENCE, falta afinar más la oferta de capacitación y entrenamiento de la fuerza laboral con la demandas específicas de los sectores productivos generadores de empleo, hay que corregir el déficit de coordinación entre una necesaria política de desarrollo productivo con las políticas educativas de nivel superior (técnico o universitario) y la oferta de perfeccionamiento con recursos públicos, por citar algunos pendientes.

Hacer la tarea completa, de seguro, nos permitirá pasar de la sensación de amenaza para algunos (empresarios) a una de oportunidad (para todos).

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