Si lo que importa es fortalecer la educación pública, las reformas estructurales de fin al lucro, al copago y a la selección son el piso mínimo e indispensable para ello. Ahora viene el siguiente paso: desarrollar acciones y proyectos de ley enfocados directamente a favorecer la educación pública. Veremos si, esta vez, el Gobierno logra articular un discurso político que lo sustente.
Uno de los argumentos más utilizados para criticar el Proyecto de reforma educacional ha sido lanzar al aire la pregunta: ¿por qué no partir por la educación pública? Esta retórica crítica ha sido utilizada tanto por la derecha como por algunos sectores de la Nueva Mayoría, así como también por comentaristas políticos y “ciudadanos de a pie” de diversas tendencias. Más aún, la misma Presidenta –haciendo gala de una estulticia política asombrosa– señaló hace unas semanas que su “primer sentido fue partamos por la educación pública mientras hacemos otros avances”.
Y está bien. Es innegable que el sentido común nos lleva a pensar casi automáticamente que si lo que interesa es revertir el desmembramiento sistemático de la educación pública, lo lógico es partir por allí. Pero, qué duda cabe, como en muchos asuntos de la vida, gobernar y diseñar políticas públicas requiere superar el sentido común. Éste debe ser un buen compañero, pero no la última palabra.
[cita] Si lo que importa es fortalecer la educación pública, las reformas estructurales de fin al lucro, al copago y a la selección son el piso mínimo e indispensable para ello. Ahora viene el siguiente paso: desarrollar acciones y proyectos de ley enfocados directamente a favorecer la educación pública. Veremos si, esta vez, el Gobierno logra articular un discurso político que lo sustente.[/cita]
Entonces veamos, ¿qué puede significar “partir por la educación pública”? Estando de acuerdo con la necesidad de fortalecerla, se puede entender por ello –entre otras cosas– que el Estado entregue una subvención mayor por estudiante a escuelas y liceos públicos por sobre los particulares subvencionados. O, mejor aún, que tenga financiamiento basal y no por sistema de voucher, lo que permitiría sacar a la educación pública de la lógica de competencia mercantil por estudiante en que se encuentra sumida. Se puede entender también que debe contar con profesores destacados, por lo que éstos debiesen tener mejores sueldos que en la educación privada y contar con una carrera docente que incluya incentivos reales. O también puede entenderse que, ante la necesidad de abrir nuevas escuelas y liceos, debiese ser en primer lugar el Estado y no un privado el que responda a esa necesidad.
Pero ¿coinciden los políticos, los comentaristas de medios de comunicación, los sostenedores de colegios particulares subvencionados, los “ciudadanos de a pie” y la propia Presidenta Bachelet con estas ideas de “partir por la educación pública”? Probablemente no. Por eso es necesario superar el estado larvario de esta frase, que se ha convertido en una especie de punto de fuga vacío de contenido, “llena de sentido común”, y que parece contar con el beneplácito de todos. Como se sabe, cuando un asunto político no suscita desacuerdos, o es que está muy arraigado culturalmente o hay que sospechar. Me temo que estamos frente al segundo caso.
En consecuencia, la propuesta de partir la Reforma educacional con el fin al lucro, a la selección y al copago no puede entenderse como un error, aunque sea una intuición presidencial. Y esto por varias razones. La más importante es que el problema de la educación en Chile es estructural y, por tanto, no se trata sólo de aumentar los recursos o mejorar las prácticas pedagógicas en la educación pública (la manoseada “calidad”), pues hay que hacer frente a décadas de políticas dirigidas a destruir la educación pública –convirtiéndola en el espacio donde se entrega un “mínimo ético” a quienes “no tienen la posibilidad de pagar por un mejor servicio”– y a favorecer la entrada de privados al “mercado educativo”.
El origen y la causa de esta orientación del sistema educativo chileno es la implantación de una lógica política: el neoliberalismo. Es decir, nuestro sistema educativo responde a una ideología política que indica que todo lo que pueden hacer los privados deben hacerlo los privados, reservando al Estado sólo aquellos asuntos donde el mercado no satisfaga tal necesidad. Por lo tanto, y este es el punto que interesa rescatar, la educación en Chile es lo que es y está como está por criterios políticos, no técnicos.
De hecho, tan exitosa fue la implantación y naturalización de esta lógica política de “mercado educativo”, que es común escuchar a personas que se autodefinen de izquierda lanzar el argumento de que se debió partir por la educación pública y mejorarla tanto, que las mismas familias irían optando por llenar sus escuelas y liceos. De dicha tesis no sólo llama la atención la utilización de la lógica de mercado para corregir problemas causados, precisamente, por la imposición de esa lógica, sino sobre todo el uso de las falacias de la “elección racional” y de la “información perfecta”. Si ese argumento fuese válido, los semáforos de Lavín serían la solución a los problemas de la educación en Chile.
Pero, afortunadamente, basta revisar algunos estudios sobre educación para ver que la elección de colegios por parte de las familias no se explica así. Más aun, la baja en la matrícula de la educación pública y el aumento de los particulares subvencionados no encuentra sus causas en resultados académicos, sino en una serie de factores distintos, siendo el más destacado el interés claro y efectivo del Estado durante las últimas cuatro décadas por que eso sucediera. Nuevamente: las causas no son técnicas sino políticas.
Sin embargo, y no obstante el origen político de las causas del sistema educacional con que contamos, el Gobierno ha sido tibio y titubeante al momento de defender estas decisiones, cayendo constantemente en polémicas tecnocráticas y alambicadas. Vendría bien entonces recordar a Pepe Mujica, quien en forma insistente ha reiterado que “¡el problema no es económico, es político!”. En efecto, no se trata de discutir la Reforma en función de comparar los resultados de los colegios con y sin fines de lucro, las bondades del “efecto par”, o el puntaje Simce de los colegios con copago. No es que eso no importe en absoluto, pero la majadería tecnócrata suele pasar ideologías por contrabando, y eso se debe evitar a toda costa.
De lo que se trata es que, antes que técnico o económico, el problema de la educación en Chile se debe explicar y abordar políticamente, relevando el origen ideológico que lo impulsa y que representa a un tipo particular de sociedad, que cuenta con un sistema educativo a su servicio. Los procesos políticos y sociales que ha vivido el país en los últimos años han sido claros en indicar la necesidad de cambiar el rumbo, abogando por la desmercantilización de la educación, la salud, las pensiones, las relaciones laborales, etc.
En este contexto, si lo que importa es fortalecer la educación pública, las reformas estructurales de fin al lucro, al copago y a la selección son el piso mínimo e indispensable para ello. Ahora viene el siguiente paso: desarrollar acciones y proyectos de ley enfocados directamente a favorecer la educación pública. Veremos si, esta vez, el Gobierno logra articular un discurso político que lo sustente.
