El aborto, la DC y la libertad de conciencia

No se entiende el apuro de enviar un proyecto justo en el momento en que el Congreso entra en receso, salvo que lo asumamos como un triunfo de los lobbistas de la Nueva Mayoría (NM) que tienen como clientes a Penta y que, de ese modo, logran distraer la atención de los debates centrales. Quienes, cometiendo delitos, contribuyen a la corrupción de la política tienen un respiro gracias a este nuevo debate. Nos habría gustado que la misma premura se hubiera puesto para temas tan cruciales como la reforma al sistema de AFP y los problemas derivados de los seguros de salud (Isapres), todo lo que afecta millones de chilenos.

Puesto el tema en el debate, debemos pronunciarnos, pues es un tema importante que está incluido en el programa de la Presidenta y que afecta a muchas mujeres chilenas. En dos asuntos: sobre algunos aspectos del proyecto que pueden mejorarse en la discusión parlamentaria y sobre el aborto como tema.

Respecto de los problemas formales, la redacción del proyecto no deja completamente claro si el Gobierno considera el aborto –en los casos planteados– como un derecho de la mujer o simplemente despenaliza la conducta de los que intervengan en tales situaciones en la interrupción de un embarazo. Tomar uno u otro camino tiene consecuencias que la discusión irá despejando.

[cita] Me parece pertinente recordar una enseñanza católica que eluden los supuestos defensores de la vida, propietarios y administradores de grandes conglomerados y muchos políticos que colaboran dictando leyes: “La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable”. ¡Cuánta razón tiene el Papa Francisco en denunciar esta economía neoliberal que mata! [/cita]

Pero vamos al fondo, desde nuestra mirada como militantes de la Democracia Cristiana. En la prensa dominical y en las redes sociales circulan versiones de un documento en el que “la DC habría formulado reparos en el tema del aborto en la discusión del programa de Bachelet”. Ese documento no es una posición oficial del PDC, solo expresa la opinión de sus redactores. Estamos en una controversia que reclama de los dirigentes ciertas precisiones sobre la verdad. Walker, presidente de la DC, dijo ante el Consejo Nacional que él no conoció el programa hasta el día en que se le entregó a la candidata, lo que es grave en el caso de ser cierto; y también grave, más grave aún, si es falso. Walker envió, como representantes del PDC a la comisión programa, a René Cortázar, Alejandro Micco y Patricio Zapata. Más allá de mi reproche por el sesgo neoliberal de los dos primeros (sin olvidar la participación y sanción de Cortázar en el caso de La Polar), debo entender que sus representantes le informaron el resultado de su cometido, pues de no ser así el presidente ha cometido una grave falta a sus deberes partidarios y esos militantes a la disciplina, al atribuirse facultades y capacidades que no les correspondían. La reserva de la que se hace gala jamás fue conocida por la Junta nacional del PDC y no hay constancia de que la haya conocido el Consejo Nacional.

Tres son las posturas que se contraponen en el debate sobre el aborto: los que son partidarios del aborto a todo evento como un derecho de la mujer embarazada; los que son completamente contrarios a toda forma de interrupción del embarazo y consideran que debe ser un delito; y los que creemos que hay situaciones que justifican la interrupción del embarazo en ciertos y determinados casos. La discusión hoy se centra en torno a un proyecto que reduce las opciones al rechazo a toda forma de aborto o la aceptación de los casos que el propio texto propuesto señala.

Es curioso descubrir una vez más que los acérrimos partidarios de castigar con duras penas toda forma de interrupción del embarazo –invocando a Dios como fundamento– son los mismos que justificaron durante la dictadura las peores violaciones de los derechos humanos, los asesinatos, la desaparición forzada de personas. En esos momentos no les importó el derecho a la vida ni a la integridad de las personas. Basados en un presupuesto religioso, ellos asumen las posiciones de Jaime Guzmán en 1974, que proponía una norma de rango constitucional del siguiente tenor: “La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte”. Es decir, se promueve incluso el sacrificio de la madre, pues consideran que si ella decide salvarse es una falla moral y entonces debe optarse por un acto heroico, cercano al martirio.

Debemos preguntarnos si acaso es lícito que en nombre de una religión (de un sector de los teólogos de esa religión), de lo que algunos creen que sería la voluntad de Dios, se imponga a todas las personas el deber de ajustarse a esa ley moral, cualquiera que sea el dolor o daño que ello acarree. Es la tesis de Guzmán, de los católicos más fanáticos, de algunos obispos.

Mientras, se justifica el asesinato y la tortura de los que no piensan como ellos, de los impíos, de los que tienen una opción religiosa diferente y no están disponibles para acatar a su “bondad salvífica”.

La Democracia Cristiana es contraria al aborto. Debo reconocer que el Congreso Ideológico de 2007 no se pronunció con completa claridad sobre algunos aspectos de este tema, pero nos llama a ser cuidadosos en el tema del aborto terapéutico: “El aborto es una atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Frente al llamado aborto terapéutico, postulamos que es innecesaria una legislación que abra las puertas a la definición desde el Estado acerca de cuáles seres humanos pueden existir y cuáles no. Propiciamos la existencia de mecanismos de discernimiento para resolver los casos excepcionales y complejos que se presentan desde el punto de vista médico. La sociedad debe procurar que cada niño sea aceptado aun en las condiciones más difíciles para sus padres”.

Yo soy contrario al aborto. No tengo dudas. El proyecto de ley considera la interrupción del embarazo en los casos señalados, los que coinciden con lo acordado por el V Congreso al hablar de casos complejos y excepcionales. Tampoco repone la norma jurídica anterior, que establecía el aborto terapéutico.

He aquí la discusión que importa. Mis creencias me hacen sostener que debo defender el derecho a la vida de los involucrados, la madre y el ser que se encuentra en el vientre materno. No apoyaré nunca normas que favorezcan el aborto indiscriminado o masivo. En situaciones normales, las personas debemos ser responsables con nuestros actos, especialmente cuando hay tantos mecanismos para prevenir el embarazo.

El proyecto reconoce la posibilidad (el derecho) de la mujer a demandar la interrupción del embarazo en los casos que previene, pero no obliga a ello.

La propuesta elimina la sanción penal existente ante tres causales extremas: riesgo vital de la madre; embrión o feto incompatible con la vida extrauterina; o cuando el embarazo sea resultado de una violación. La madre tendrá la primera y última palabra, con los antecedentes médicos y de otra índole que se requieran para comprobar las causales que se invocan.

Hay que decir con claridad que la propia Iglesia Católica establece que, enfrentada una persona al conflicto entre salvar su vida y la de otros, debe cuidar de la propia, pues ella es sagrada, según su parecer. Aunque ello conduzca incluso a la muerte de otro, como es en el caso de la legítima defensa. Lo dice en el número 2264 del Catecismo de la Iglesia Católica (http://www.vatican.va/): “El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal”. Y en la misma línea está el propio Santo Tomás, padre teológico de todas las tendencias eclesiales. Y en el numeral siguiente, la idea hace extensiva la obligación de defensa a quienes deben tomar la decisión por otro, tal como lo considera el proyecto.

Mi posición se fundamenta en la conducta de los líderes del PDC que fueron ministros en gobiernos que mantuvieron la vigencia de la norma que permitía el aborto terapéutico. Recordando el gobierno de nuestro camarada Eduardo Frei Montalva, vilmente asesinado en la dictadura de los “defensores de la vida”, cuya autopsia no autorizada escondieron en el Hospital Clínico de la UC por décadas; teniendo presentes los argumentos jurídicos y valóricos de constitucionalistas católicos, militantes del PDC, en la década del 70, apoyo en general el referido proyecto, reconociendo sus dificultades, comprendiendo las opiniones diferentes y esperando la mejor y amplia discusión de los legisladores chilenos.

Pero no aceptamos que la ley imponga el aborto. El proyecto sólo trata de acercarse a “casos excepcionales y complejos que se presentan desde el punto de vista médico”. Ni siquiera repone la norma sobre aborto terapéutico que regía antes de la modificación de la dictadura en 1989 y que era más amplia: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos-cirujanos”.

En los documentos que circulan –uno de ellos de los camaradas Eduardo Saffirio y Sergio Micco– se sugiere que quienes así pensamos debiéramos ser expulsados por contravenir los acuerdos del Congreso del PDC. Como lo he demostrado, no contravengo los acuerdos al asumir esta posición, sino que, por el contrario, velo por ella. Y siempre lo hice así, como ha sido en torno a los ya mencionados temas de las AFP y las Isapres y a otros, como el financiamiento de la política, el lucro en la educación, el voto obligatorio, por sólo mencionar algunos, materias en las cuales muchos dirigentes, incluidos el presidente del PDC, han expresado opiniones en contra e incluso han votado en el Senado y en la Cámara de Diputados en sentidos inversos a lo resuelto por el partido.

¿Debieran ser ellos expulsados? Hay algunas presentaciones que se han hecho al Tribunal Supremo en este sentido. Los propios camaradas autores del documento han evitado estos debates y han rehuido tratar los temas en las organizaciones académicas y políticas a las que pertenecen.

Y cuando hay militantes que reclaman libertad de conciencia, debemos reconocer que hay áreas en las que ni el partido ni nadie puede obligarnos. Siendo Presidente del PDC estuve por la libertad de conciencia en el caso del divorcio y de la pena de muerte. No recuerdo haber sido amenazado con la expulsión, ni siquiera una censura. Parece que la conciencia o la disciplina no cuentan para ciertos temas. Por ejemplo, cuando defienden a las AFP ante la Comisión Bravo, a pesar de los acuerdos del Congreso. Cumplir los acuerdos en materia económica y social es una exigencia moral, ya que se trata de un derecho humano, de acuerdo a los Tratados Internacionales vigentes sobre la materia y la declaración de principios de la DC.

Finalmente, me parece pertinente recordar una enseñanza católica que eluden los supuestos defensores de la vida, propietarios y administradores de grandes conglomerados y muchos políticos que colaboran dictando leyes: “La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable”. ¡Cuánta razón tiene el Papa Francisco en denunciar esta economía neoliberal que mata!            

La jerarquía católica y los militantes DC debemos reflexionar, escuchar el dolor de los que sufren y darnos cuenta de que el integrismo religioso es dañino para todos. Es acorde con la fe católica y los acuerdos del PDC, que rechacemos el aborto como un derecho genérico a poner fin a la vida de un ser inocente, pero sí debemos apoyar la interrupción del embarazo, a pedido de la madre, para salvar la vida de ella, para evitarle sufrir los dolores físicos y síquicos de portar un feto no viable fuera del vientre materno o cuando la mujer ha sido violentada en su intimidad y libertad sexual.

Será tarea de los legisladores prestar atención a los medios con que se comprobarán las causales indicadas, pero, no por evitar los eventuales abusos que puedan producirse, obligaremos a las personas normales al martirologio o el heroísmo.