Las denuncias sobre corrupción y malas prácticas políticas cambiaron de forma dramática el cuadro político.
El primer año de gobierno de la Presidenta Bachelet, pese a las presiones de la derecha y los poderes fácticos, había culminado con gran éxito y con la aprobación de importantes reformas que significan importantes avances democráticos y significativos avances hacia la superación de la vergonzante desigualdad social que impera en nuestro país – una de las mayores del mundo – haciendo evidente la decisión de la Nueva Mayoría y su “solidez de convicciones comunes y la capacidad de sacarlas adelante”, exactamente al revés de lo que con los mismos conceptos afirmara el ex Ministro Insulza, al compararla con la antigua Concertación, a la que efectivamente le faltó lo que el ex ministro y, al parecer, adelantado precandidato presidencial, refiere.
Pese a la cocina de Zaldívar y sus amigos de la derecha, se aprobó un reforma tributaria que, generó un sistema impositivo algo más justo y en que los más ricos pagan más; se puso fin al binominal que la vieja Concertación fue incapaz de hacerlo; se creó el Ministerio de la Mujer y la equidad de género, se aprobó el acuerdo de vida en pareja y se envió un proyecto que permitirá la interrupción del embarazo por causales definidas si la mujer lo decide; se comenzó la reforma educacional para mejorar su calidad y recuperarla como derecho; se envió un proyecto para cambiar la actual legislación laboral heredada de la dictadura, se ha elaborado una propuesta de descentralización del país para darle más poder a las regiones y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, se avanza en la reforma del sistema de Isapres para ponerle límites al negocio que hacen algunos con la salud de los chilenos, algo similar, se hará con el sistema de AFP que ha permitido enriquecerse a algunos grupos económicos a costa de pensiones miserables para quienes han trabajado toda su vida, se ha definido una agenda energética que fomenta las energías renovables, en fin, por mencionar solo algunas de la iniciativas que superan con creces lo realizado por cualquier gobierno anterior en su primer año.
[cita] El sistema, como ya hemos dicho, expropia no solo lo bienes materiales y lo derechos a los ciudadanos, también la política, es decir el campo del poder, aquel que determina prácticamente toda la vida de los seres humanos. [/cita]
Toda la gigantesca operación mediática fáctica montada en torno a la corrupción y las malas prácticas en política, la desmedida campaña contra el ex Ministro Peñailillo tenían y tienen el único objetivo de impedir que el Gobierno cumpla su programa y comience a terminar con los múltiples privilegios que la derecha y el gran empresariado tienen en desmedro de la inmensa mayoría de los chilenos.
El ladrón detrás del juez.
La frase aquella que Chile no es un país corrupto es, como todo en nuestro país, una media verdad. Tal vez lo único nuevo en este aspecto es que hoy es más generalizada que en otros momentos históricos.
Lo evidente, hasta el momento, es que los únicos formalizados judicialmente son personeros ligados a la derecha, que lo que pueden serlo en los próximos días son de la derecha, y que parte del objetivo de la campaña mediática es encubrir esa realidad.
Cada día se suman más: el senador Orpis, el Sr. Eguiluz y, ahora se sabe, que hasta en el caso CAVAL están metidos operadores y personeros ligados a la UDI (el operador Díaz y el síndico Chadwick Larraín), que muestra que este partido es el más corrupto de todos.
La derecha ha sido históricamente corrupta. Valgan algunos antecedentes históricos: hasta 1873 nunca un opositor fue electo al Senado de la República, por obra y gracia del cohecho y de la intervención presidencial en los comicios. Hasta la Reforma Electoral de 1958 la derecha hizo uso abierto del cohecho y el acarreo como la forma privilegiada para elegir a sus parlamentarios. Esa ley restringió severamente estos métodos aunque no los eliminó totalmente. Con el sistema electoral impuesto por la dictadura, estos métodos fueron reemplazados por el clientelismo y “aportes generosos”(pago de cuentas de servicios básicos, entre otros, campañas multimillonarias, que hoy sabemos quienes las financiaban: los PENTA, los SQM, Los CORPESCA , Aguas Andinas y otros, evadiendo y eludiendo impuestos de todos los chilenos), como la forma privilegiada, vía por la cual esos “donantes” “legislaban” comprando parlamentarios. Con toda razón se plantea hoy que la Ley de Pesca debe declarase nula pues es evidente que las grandes empresas influyeron decisivamente en su aprobación.
Durante la dictadura, personeros ligados a la derecha – algunos fueron hasta miembros de sus comisiones políticas y hasta candidatos presidenciales – se apoderaron a precio vil de empresas públicas construidas con el esfuerzo de todos los chilenos para convertirse en los millonarios que hoy son.
En la actualidad, la corrupción y las malas prácticas actuales tienen su origen en el sistema, en particular en su actual fase neoliberal, es decir, en el modelo impuesto por la dictadura. Como todo es mercado, el gran capital convirtió la política, como lo hizo con la educación, la salud, la previsión y tantos derechos más en un negocio, un bien de consumo como gustaba decir a nuestro anterior presidente.
Es fácil suponer, sin temor a equivocarse, que si a Penta y otras empresas revisando solo algunos años le encontraron múltiples negociados que involucraban a políticos de derecha y de otros sectores, que se utilizaban como formas de eludir y evadir impuestos – es decir, de robarle dinero al país y a todos los chilenos – esa acción que se hizo también en años anteriores. Sucede algo similar con lo que ha sucedido con SQM, con Aguas Andinas, con Angelini, con CORPESCA, con las empresas del Sr. Piñera (que habría “donado” dos mil millones a RN) y todas las demás.
La derecha ha hecho un gran escándalo con el caso CAVAL – que como ya hemos dicho involucra a la UDI – por cierto un negocio fraudulento, especulativo, aunque no obligatoriamente ilegal. Más aún, cotidiano. La especulación con inmobiliaria es pan de cada día en nuestro país y, se sabe, es una de las vías privilegiadas del lavado de dinero. Es escandalo no es por el negocio en sí, el escandalo fue para encubrir los negocios de los grandes grupos, fue para encubrir los delitos de los financistas, dirigentes y parlamentarios de la UDI.
Ahora se inventa lo de las precampañas. ¡Tremenda novedad! Siempre hay lo que hoy se llama precampaña y es natural que así sea pues deben realizarse estudios y trabajo para presentarse con seriedad a la ciudadanía. Pero valgan algunas precisiones. Para que haya campaña presidencial debe haber candidato o candidata. Mientras ello no ocurra, no es posible. Distinto es en el caso de los parlamentarios pues estos se candidatean antes, más sin son parlamentarios en ejercicio. Como el financiamiento está débilmente regulado es normal que ello ocurra. Pero, en las presidenciales se requiere un candidato, mientras no lo haya no puede haber tal cosa. Al respecto sería interesante, solo por transparencia, ya que esta se ha puesto tan de moda, que el ex presidente Piñera explique cómo financió los grupos Tantauco que prepararon su candidatura. ¿Fue con recursos propios, de sus empresas, con boletas reales o ideológicamente falsas?. Ya sabemos lo del ex Director de Chilevisión y por tanto la duda es legítima. Sería bueno que los chilenos lo sepamos, pues el si era y es candidato. ¿Y hoy como lo hace?
Si se hace tanto escándalo con el caso Martelli, y se dan cifras que parecieran enormes – aunque lo evidente es que si esos recursos se distribuyen entre 20 personas y por un periodo de dos años o algo así, la realidad es que quienes realizaron esos trabajos necesarios recibían sueldos mensuales normales entre profesionales y no eludían impuestos, lo que si hacían las empresas donantes, sería obligatorio que el ex Presidente diga como financió su “precampaña”..
Lo nuevo y lo triste que se desprende de todo esto es que el sistema y sus dueños materiales e ideológicos hicieron caer a casi todos en su juego corrupto.
¿Por qué?
Porque el problema es del sistema político, económico, social y cultural impuesto. Por ello en un fenómeno que se repite en todas las latitudes: España, Italia, Brasil, China, México, por nombrar sólo algunos viven situaciones similares, y ahora, hasta la FIFA.
El sistema, como ya hemos dicho, expropia no solo lo bienes materiales y lo derechos a los ciudadanos, también la política, es decir el campo del poder, aquel que determina prácticamente toda la vida de los seres humanos. El que determina desde el trabajo, la salud, la educación, la previsión, la vivienda, la relación con el medio ambiente, los derechos de los pueblos, de las mujeres, de los hombres, de las minorías sexuales, de los jóvenes, de los niños, hasta el bus o la micro que tomamos cada mañana o cada tarde. Y para facilitar la expropiación, la desprestigia, la convierte en un mal. Y se la entrega, una mal llamada “clase política”.
Por ello, resolver el problema de las malas prácticas y la corrupción requiere el cambio del sistema político y económico, requiere una nueva Constitución que no puede ser elaborada solo por la “clase política”, debe ser hecha por la ciudadanía que así, por esta y otras vías, puede comenzar a recuperar la política como su derecho y patrimonio.
