No hay duda de que nuestro país está viviendo una crisis política profunda. Esta puede convertirse en una oportunidad, si respondemos a este desafío con seriedad y hacemos los cambios necesarios para fortalecer las instituciones políticas, que son el sustento de la democracia. Por el contrario, si sucumbimos al atractivo de medidas populares, pero que no resuelven los problemas e incluso los agravan, no sólo habremos desperdiciado esta oportunidad, sino que además habremos debilitado aún más nuestra democracia.
Una de las medidas que actualmente se discute en el Congreso es la limitación de la reelección en los cargos de elección popular. ¿Qué se busca con ello? Evitar la eternización en el cargo, lo que conllevaría una mayor renovación de los parlamentarios. ¿Por qué, a diferencia de todas las otras profesiones, sería esto deseable en el caso de los parlamentarios? Porque una mayor rotación evitaría abusos de poder, tráfico de influencias y el clientelismo, los representantes serían más cercanos a la ciudadanía, permitiría mayor representación de las minorías y habría mayores incentivos para la participación ciudadana en las elecciones. Estas supuestas consecuencias que se desprenderían de limitar la reelección son muy buenos argumentos para proceder en esa dirección, pero ¿por qué entonces esta medida tiene tan alto rechazo entre los expertos en esta materia?
El argumento que comparten todos ellos (Eduardo Engel, Patricio Zapata, Claudio Fuentes, Jorge Correa Sutil, Isabel Aninat, Ascanio Cavallo, Marcela Ríos, etc.) es que limitar la reelección no resuelve ninguno de los problemas que hoy enfrentamos como país. Los estudios comparados nos muestran que de esta medida no se desprende ninguna de las consecuencias esperadas. Después de más de dos décadas de implementado el límite a la reelección en varios estados de Estados Unidos, observamos que no hay más mujeres o minorías representadas, que el perfil de los parlamentarios se mantiene, que estos no son más cercanos a la ciudadanía, que la participación electoral no aumentó y tampoco disminuyeron los abusos de poder o casos de corrupción. La experiencia en México y Costa Rica, por su parte, nos advierte que poner límites a la reelección favoreció las prácticas abusivas del poder. Actualmente, ambos países ampliaron los plazos establecidos para la reelección para subsanar sus nefastas consecuencias.
[cita] Según los expertos, el principal problema de nuestro sistema electoral no es su falta de renovación, sino la falta de diversidad, que se deriva de un sistema electoral que no promueve la competencia. En los últimos 25 años de nuestra democracia la tasa de rotación de los diputados ha sido relativamente alta, en promedio un 40 por ciento de estos no son reelegidos en cada elección. Sin embargo, a pesar de los nuevos rostros, se sigue manteniendo un perfil similar: mayoría hombres, sin diversidad étnica, geográfica ni socioeconómica. [/cita]
La limitación a la reelección no trajo aparejada ninguna de las consecuencias positivas que se esperaban y, en cambio, en todos estos países bajó la calidad legislativa y se debilitó significativamente al Congreso en relación con el Poder Ejecutivo, lo que en un régimen tan presidencial como el nuestro es complejo. Por una parte, poner límites a la reelección significa en términos concretos prescindir del aprendizaje que conlleva la experiencia; por otra parte, quienes están en su último período tienen menos incentivos para desempeñarse bien y responder a las necesidades de su región, pues estarán más preocupados de su futuro laboral que de su actual actividad, terreno fértil para los conflictos de intereses.
Según los expertos, el principal problema de nuestro sistema electoral no es su falta de renovación, sino la falta de diversidad, que se deriva de un sistema electoral que no promueve la competencia. En los últimos 25 años de nuestra democracia la tasa de rotación de los diputados ha sido relativamente alta, en promedio un 40 por ciento de estos no son reelegidos en cada elección. Sin embargo, a pesar de los nuevos rostros, se sigue manteniendo un perfil similar: mayoría hombres, sin diversidad étnica, geográfica ni socioeconómica.
Una democracia sana exige elecciones altamente competitivas con diversidad de candidatos que representen los distintos intereses de nuestra ciudadanía. Para avanzar en esta dirección debemos hacernos cargo de tres obstáculos: el sistema binominal, la falta de democracia interna de los partidos y un sistema deficiente de financiamiento de la política.
El primer paso ya lo hemos dado cambiando el sistema electoral por uno que promueve la competencia electoral y la diversidad. Los beneficios de este nuevo sistema sólo se materializarán si contamos con un sistema adecuado de financiamiento y regulación a la política. Este debe abordar dos aristas: las campañas electorales y los partidos políticos. El financiamiento y la regulación de las campañas deben estar orientados a fomentar la competencia, de manera que los incumbentes efectivamente puedan ser desafiados. Pero no tendremos diversidad de candidatos, si no fortalecemos a su vez la democracia interna de los partidos políticos. Ello sólo será posible si estos no dependen económicamente de agentes externos con intereses particulares y cuentan con normas claras y transparentes, que fomenten su democracia.
Dada la importancia de esta tarea, no podemos actuar con premura y de forma irresponsable para satisfacer en el corto plazo el clamor popular. Precisamente en estas ocasiones vale la locución latina festina lente.
