El reciente anuncio de la Presidenta en relación a la reincorporación de la educación cívica entre las materias escolares ha despertado una esperable buena recepción por parte del mundo político y de la sociedad civil. Aun cuando el origen del anuncio (medidas recomendadas por la comisión Engels) lo embetuna con un perfume a oportunismo, hay que reconocer que los actores políticos habían dado señales en esta dirección que se anticiparon a la crisis política. Incluso, en julio del año pasado, el Senado había aprobado por unanimidad un proyecto con el mismo objetivo.
Aunque no se ha precisado el modo mediante el cual la educación cívica se instalará en las escuelas, tal parece que adquirirá la forma de una asignatura en tercero y cuarto medios, mientras que para el resto de los niveles la definición quedará a merced de los establecimientos. En palabras del ministro Eyzaguirre: “Tal como en educación sexual, cada colegio tendrá un plan de educación cívica”.
La relación que establece el ministro entre la educación cívica y la educación sexual se refiere a cómo las escuelas la sitúan entre sus prácticas. Pero la correspondencia entre educación cívica y educación sexual esconde otra coincidencia que pasó inadvertida para el ministro y que no se refiere a su gestión, sino a una finalidad común.
[cita]Numerosos investigadores han concluido que el espacio ideal para el tratamiento de la sexualidad no es la asignatura de biología (como mandata el currículo nacional para séptimo y octavo básicos), ni tampoco un ramo exclusivo, que implicaría un uso excesivo de los escasos tiempos escolares, sino justamente una asignatura como la que se está proponiendo. Esto no responde a pura ingeniería de tiempos, la sexualidad y lo cívico son materias que se llevan bien, se complementan y se potencian, experiencias exitosas lo confirman. ¿Por qué no articularlas entonces? [/cita]
Me explico: la educación cívica y ciudadana ha experimentado una transformación general, de un enfoque exclusivo en el conocimiento sobre las leyes y la política a una concepción más amplia, que incluye la formación en habilidades y actitudes para las relaciones interpersonales (el civismo) y las relaciones entre las personas y el Estado (la ciudadanía). No se trata de un cambio exclusivo en los contenidos, sino también en la pedagogía, que se ve exigida a producir más debate y reflexión donde antes reinó la pura información. A su vez, devela un interés por hacer de las escuelas un instrumento para fomentar valores democráticos en las nuevas generaciones.
Por su parte, la educación sexual también ha sufrido transformaciones. En lo fundamental, se observa un fracaso de los modelos que han intentado regular la sexualidad juvenil, ya sea mediante orientaciones moralizantes o a través de discursos enfocados en la salud sexual. Al parecer, los estudiantes serían poco receptivos a estos mensajes, lo que se constata en que en ambos casos los impactos en los comportamientos sexuales de los jóvenes son mínimos. Por este y otros motivos, a nivel internacional existe una tendencia a reorientar los objetivos de la educación sexual, desde un foco obtuso en la preparación para la propia vida sexual activa, a uno que busca producir reflexión sobre la sexualidad como manifestación personal, social y política. Así, los currículos sobre sexualidad hoy son protagonizados por conceptos que antes estuvieron ausentes, como el género, la heteronormatividad, la violencia sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, abordajes que sitúan la sexualidad como parte de relaciones más amplias entre personas, grupos y el Estado. Tal como en la educación cívica, incorporar esta noción de la sexualidad se constituye en una apuesta por fomentar la democracia.
Numerosos investigadores han concluido que el espacio ideal para el tratamiento de la sexualidad no es la asignatura de biología (como mandata el currículo nacional para séptimo y octavo básicos), ni tampoco un ramo exclusivo, que implicaría un uso excesivo de los escasos tiempos escolares, sino justamente una asignatura como la que se está proponiendo. Esto no responde a pura ingeniería de tiempos, la sexualidad y lo cívico son materias que se llevan bien, se complementan y se potencian, experiencias exitosas lo confirman. ¿Por qué no articularlas entonces?
Quedan elementos inconclusos, lo más complejo para Mineduc será resolver cómo garantizará una formación de calidad en los niveles menores a tercer año medio. Al respecto, organismos internacionales, entre ellos Unesco, han señalado con claridad que en el campo de la sexualidad no es recomendable dar autonomía completa al nivel local, por ser una materia que produce resistencias institucionales y porque no siempre existen las competencias en el personal docente (situación que se aplica a la educación cívica también). En este sentido, la apuesta de planes por escuela es riesgosa y debe acompañarse –al menos– de un mecanismo para el financiamiento y evaluación centralizado. Hecha la salvedad, el proyecto sin duda establece condiciones inéditas para que el Estado se haga cargo de una responsabilidad que ha evitado históricamente, y lo haga de manera que instale a Chile a la vanguardia de los sistemas educacionales en lo que respecta a la formación en sexualidad.
El desafío es abordable, el momento oportuno. Es de esperar que el ministro afine la puntería.
