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La ambigüedad

por 24 agosto, 2015

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En los últimos días se ha escuchado y leído muchas veces esta expresión para referirse al Gobierno, a la Presidenta de la República, al enfoque sobre los derechos humanos, al actuar de ciertos partidos políticos, etc.

Conviene entonces escudriñar en el diccionario y él nos señala que puede referirse tanto a un concepto o a una persona natural o jurídica y que puede servir para calificar una conducta permanente o una actitud frente a un problema particular. Se define como un estado o condición de carácter confuso, impreciso, inseguro, aquello que le falta precisión o que admite diferentes interpretaciones, que puede tener incluso un doble sentido, ser algo equívoco.

Si miramos la realidad chilena y en especial el quehacer político, es difícil no encontrar cierta ambigüedad en casi todos sus actores y casi podríamos decir que ha pasado a formar parte del proceso de toma de resoluciones el que, mientras no se adopten aquellas, todo parecerá indeciso porque analizamos los pro y los contra.

El Gobierno, al que más se acusa de ser ambiguo, está resolviendo de un modo que no todos entienden igual el problema que se produjo como consecuencia de sus reformas, muy necesarias, pero poco meditadas; de sacralizar su programa y de avanzar desde el primer día como si el mundo se fuera a acabar y de verse afectado gravemente por ilícitos penales. El gobierno en sus inicios no fue ambiguo y, por el contrario, presentó una reforma tributaria  que no discutió con nadie y dio  inicio a una reforma educacional de la misma forma y últimamente ha repetido esa misma conducta en el tema de la ley llamada de despenalización del aborto para casos específicos, que es una legalización y reglamentación para ciertos casos.

Sin embargo, a poco andar descubrimos que habría sido mejor tener un poco de calma para tomar decisiones con más meditación y que no llevaran al propio gobierno a una situación compleja frente a su electorado y a la opinión pública y a los partidos que lo apoyan. La existencia de un programa de acciones políticas no exonera de consultar a los partidos que lo apoyan en forma oportuna y vinculante.

En efecto, no hay que olvidar la forma que se utilizó para construir el programa de gobierno, el “Acuerdo Programático” que se hizo suprapartidariamente y sin formar una coalición política efectiva más allá del acuerdo temático, lo que es de suyo complejo, sobre el cual no es necesario, por obvio, abundar en consideraciones. Esta ambigüedad política está en la base de lo que hoy ocurre, algunos hablan de coalición y otros de mero acuerdo programático y eso no lo entiende nadie.

 O se es partidario de la República, con todo lo que ello conlleva, democracia y efectiva participación, o bien se juega a favor de quienes se están agrupando en torno a los más poderosos, entre ellos sus medios de comunicación, que constituyen la cara pública de los poderes fácticos que tanto daño han hecho a la democracia.

Un ex funcionario del Gobierno de  Piñera, en esta misma onda de moda, tacha a la Democracia Cristiana de ambigua y curiosamente no es capaz de observar que en su sector y dentro de cada uno de los partidos de la oposición existen muchas y serias ambigüedades. En un partido de derecha se desea la vuelta del ex presidente empresario, haciendo caso omiso de sus problemas con su financiamiento de campaña del año 2009, y en otro partido se enfrentan brutalmente los partidarios duros del régimen militar, que defienden las expresiones más brutales del mismo, con aquellos que buscan dejar atrás un pasado e insertarse en una sociedad política más inclusiva. Así vemos que hoy día se enfrentan y se descalifican a la luz de los hechos ocurridos en el Gobierno militar.

Hay partidos en la izquierda que tienen tantas vertientes que cuesta saber cuál es la diferencia entre ellas y tampoco resulta explicable que existan partidos que mantienen actividades de Gobierno y que se suman a manifestaciones sociales críticas al Gobierno y, que aún más, apoyan dictaduras en el extranjero o gobiernos autoritarios, que son condenados por otros miembros que apoyan el Gobierno. En partidos de la izquierda militan empresarios, pocos, pero existen, y personas que son directores de empresas, gerentes o dirigen asociaciones gremiales.

En la Democracia Cristiana existen también personas que piensan diferente y que trabajan en muy distintos ámbitos. Coexisten en dicho partido y en los adherentes a la Democracia Cristiana rectores de universidades públicas y privadas y, para qué decir académicos, que están en ambos mundos. Personeros dirigen actividades en la Central Unitaria de Trabajadores y sindicatos y mientras otros están  en gerencias empresariales y gremiales en relación con telefonía, agua potable, concesiones, distribución eléctrica pesca industrial o bancos y, por cierto, también existen empresarios que tienen la mirada propia de los empresarios y todo ello se expresa libremente.

Dicho lo anterior, que solo es a modo de ejemplo, no cabe sino concluir primeramente que acusar al que no piensa como uno es ambiguo, es decir, casi nada, ya que los procesos y encaminamientos de la toma de acuerdos en democracia hacen casi necesario que, antes de la decisión, lo más informada posible, se enfrenten todas las posiciones para evitar lo que ya pasó, por ejemplo, en la llamada primera etapa del actual Gobierno.

Por el bien, de Chile seamos en los asuntos de Gobierno claros y respetuosos, y en su momento tomemos las decisiones, porque tampoco es posible permanecer siempre en el terreno de la duda, porque en ese caso puede ocurrir que fuerzas políticas externas actúen sobre los elementos en duda y en un régimen democrático eso puede  llevar a un fraccionamiento de las actuales alianzas políticas, sin que se sepa a ciencia cierta si podrían construirse otras en su reemplazo con la debida coherencia y fortaleza.

Se hizo un cambio de gabinete recientemente por los problemas de los titulares de Interior y Hacienda en el caso Soquimich, pero se ha creado la imagen de que es un giro o cambio sustancial del gobierno. Hay aquí otra ambigüedad: ¿habría existido dicho cambio si no se involucra a Peñailillo y Arenas en el caso Soquimich? ¿Qué significó realmente? No hay total claridad.

Para nosotros, sin la menor duda, las reformas comprometidas hay que hacerlas y mejorar lo que hay hasta ahora. Si el ministro de Hacienda dice que simplificar no es corregir, cae en ambigüedad. Hay que corregir todo lo posible y revisar todo lo necesario, como el IVA a las viviendas, por sus efectos en el precio y actividad de la construcción y para evitar dar una señal que solo se actúa para favorecer a los grupos económicos y “holdings”. Hay que corregir el plan laboral de la dictadura, sin olvidar el tipo de economía que impera. Debemos avanzar en la educación pública y discutir el rol de los municipios, con calma y que decir de la Constitución que debe ser cambiada por una más moderna, más sencilla, menos programática que apruebe el pueblo en serio y en que se voten distintas posturas.

Tendremos que hacernos cargo en la economía de la concentración de la riqueza y su expresión en el control o dominancia en los mercados, más allá de las débiles medidas del programa sobre colusión, fusiones y regulación financiera. Si nos hacemos los lesos con esto último todo será en vano y la política y sus actores serán capturados por otras vías, que las hay, distintas al formato Soquimich, Corpesca, Penta y otros y así tendremos un crecimiento fuerte, inclusivo y más equitativo. La concentración del poder económico es un escándalo que dañó gravemente nuestra democracia.

La Presidencia de Chile no está en desuso, a esa institución hay que apoyarla porque es lo responsable y en eso no puede haber ni la más mínima ambigüedad. En eso sí que no. En el último tiempo pareciera que existe una extraordinaria coincidencia entre quienes promueven una campaña comunicacional destinada a detener cualquier cambio que pudiera afectarlos, en el orden social, económico e institucional, y aquellos quienes, diciendo pertenecer a la combinación de Gobierno, se suman a dicha campaña, sosteniendo que los cambios debieran hacerse de una manera tranquila y dosificada en el tiempo, cuando piensan realmente que no deben hacerse.

Disfrazan esto como una priorización de los cambios o darle una determinada  gradualidad. Eso es igual a sostener  que durante el presente régimen no debiera realizarse ningún otro cambio además de los que ya se realizaron. Todo ello dentro de un contexto que tiende a minusvalorar o ignorar el rol institucional que tiene la Presidencia de la República.

El país debe preservar en términos estables sus instituciones fundamentales. Una de ellas es, a no dudar, la Presidencia de la República. Más allá de los errores y muchos desaciertos, debemos apoyar, pese a nuestras legítimas y puntuales discrepancias, a la Presidenta Bachelet. Si  así no lo hacemos y no nos concertamos tras dicho objetivo, la campaña comunicacional feroz que se desarrolla podría lograr  éxito. Las grandes mayorías del país no están detrás de las campañas comunicacionales de los grupos más poderosos, ni apoyan ni respaldan a aquellos que se exhiben públicamente como formando parte de la coalición gobernante, pero que, en los hechos, en los duros hechos, actúan y se comportan tal como si pretendieran levantar una oposición al interior del propio gobierno.

Semejante proceder, además de ser irracional, podría afectar el funcionamiento de la institucionalidad esencial de la República de Chile. O se es partidario de la República, con todo lo que ello conlleva, democracia y efectiva participación, o bien se juega a favor de quienes se están agrupando en torno a los más poderosos, entre ellos sus medios de comunicación, que constituyen la cara pública de los poderes  fácticos que tanto daño han hecho a la democracia.

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