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Sobre pueblos y soberanías: el proceso independentista catalán y sus enseñanzas para Chile

por 2 octubre, 2015

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Después de las movilizaciones de 2011 en Chile hubo algunos “diagnósticos” que apuntaron a que estas movilizaciones no representaban un cambio importante en la política nacional. En la actualidad, no obstante, difícilmente puede mantenerse este juicio, dado que a largo plazo las movilizaciones de 2011 han ido y seguirán provocando profundos cambios en el panorama político chileno.

De la misma forma como es erróneo realizar un análisis de corto plazo para los grandes procesos en Chile, también sería equivocado desligar la fortaleza que ha alcanzado la opción independentista catalana en la actualidad, de un análisis más amplio y estructural en el que la implementación de políticas neoliberales en España, la crisis económicas y las movilizaciones del 15M no tienen cabida; pero también es imposible no considerar este proceso en el marco de la propia historia de España y de Cataluña.

En ese sentido, cabe destacar que el actual escenario independentista catalán se explica como consecuencia de dos procesos derivados directamente de la crisis y el movimiento social posterior, que renovó y recuperó el tejido social en respuesta a las privatizaciones, las carencias y el debilitamiento del Estado de Bienestar.

El primero de estos procesos, para Cataluña, fue el fortalecimiento, de manera posterior al 15M, de un partido político de postura anticapitalista y popular (Candidatura d'Unitat Popular o CUP), el que ha aglutinado un histórico rechazo de izquierda a la ocupación española originada en el absolutismo borbón de 1714.

El segundo proceso se justifica en el enorme descontento generado por la política de recortes del Estado de Bienestar llevada a cabo por el gobernante Partido Popular y por la política neoliberal del PSOE de manera anterior a la crisis, política que, a pesar de haber sido profundizada por el partido de derecha catalán en el marco del gobierno autonómico de Cataluña, ha sido entendida y utilizada por este último para unificar un rechazo a lo que sería un aprovechamiento por parte de España de las riquezas generadas en este territorio.

Es este sentimiento, sumado a la oposición provocada por la pérdida de derechos sociales y a la reacción de gran parte de los catalanes contra la política autoritaria del gobierno central –gobierno que ha visto como un deber, según las palabras del ex ministro de Educación, “españolizar” Cataluña–, lo que ha logrado una conjunción histórica de posturas en pro de la independencia de los “Países Catalanes”. Por esta vía se ha ido generando un movimiento político y de masas, según ha recalcado el académico catalán Antoni Domenech, en rechazo de la unidad con España.

En este marco, los resultados de las elecciones de gobierno autonómico del pasado domingo 27 de septiembre –las que se habían planteado casi como unas elecciones plebiscitarias–, mostraron un escenario difícil en el cual pocos pueden darse por ganadores y, sin embargo, tanto la postura del gobierno español como la de los independentistas se mantienen en la pelea. Si, por un lado, el Partido Popular perdió votantes, estos decantaron por una nueva opción de derecha (Ciutadans) contraria a la independencia y menos deslegitimada que el actual gobierno.

Los partidos del eje independentista (Juntos por el Sí) por su parte, lograron un alto porcentaje de escaños en el parlamento catalán, pero solo lograrían la mayoría necesaria para gobernar aunándose con la izquierda independentista de la CUP. No obstante, el gobierno de España ya ha reclamado que, más allá de los escaños, la cantidad de votos que han recibido los partidos por la independencia no supera el 50%, por lo que en la práctica su mayoría parlamentaria “plebiscitaria” quedaría nula.

Ninguna de las dos izquierdas ha enfatizado la dimensión democratizadora y antielitista que debiese articular la independencia "del pueblo" en todos sus sentidos y "de" todas las formas de dominación. La opción independentista queda entonces nula, si ella no va acompañada de una independencia de los poderes fácticos que rigen a España, Cataluña y cualquier Estado hoy llamado democrático, y no tiende hacia una superación “real” de las estructuras de dominación.

Por el lado de la izquierda, por su parte, el gran perdedor ha sido Podemos bajo la alternativa de “Cataluña sí se puede”, partido que lleva tiempo ya moderando el discurso y el que tampoco se manifestó claramente hacia abrir una alternativa plebiscitaria que zanjara libremente la independencia catalana. En este sentido, la opción de Podemos se ha mostrado más asidua, aunque no franca, en el camino de avanzar hacia una salida democrática, que no deje fuera a Cataluña de España, pudiendo por esta vía conformarse un frente de izquierdas a nivel nacional-español con el conjunto de movimientos sociales que existen en el país. Su postura ambigua, sin embargo, no ha encantado a los indignados por la crisis, a la vez que su débil discurso en torno a abrir una opción democrática para Cataluña hacia la autodeterminación, tampoco ha atraído a la izquierda más militante. Por su lado, la izquierda de la CUP queda en una difícil posición ante una posible unidad con la alianza independentista de centroderecha, en tanto no cuenta con ningún apoyo desde la propia izquierda para oponerse a la política privatizadora que, en un contexto de independencia, podría agrupar a la centroderecha nacionalista.

En este escenario cabe la pregunta entonces: ¿constituye la posibilidad de independencia en Cataluña una opción realmente democratizadora? Para responder a esta duda se debe ahondar en las nociones de pueblo que se levantan en este contexto. Si por un lado, la izquierda de Podemos, unificada con movimientos de base y comunitarios, apelaba a congregar a ciertos sectores que han ido perdiendo los derechos sociales y políticos ganados durante importantes luchas en el siglo XX, su opción, como ya se indicó, no develó lo suficiente las incoherencias del discurso “por el pueblo” de la derecha catalana, ni tampoco profundizó en el derecho de los catalanes a decidir su futuro.

Mientras tanto, la izquierda de la CUP, a pesar de plantearse como popular y anticapitalista, avanza hacia una disolución de fuerzas bajo una noción volátil de pueblo, frente a un capitalismo que no entiende de fronteras, ni de culturas y que mantendrá, en un contexto de independencia, las mismas posibilidades de implementación de políticas neoliberales que provocan el descontento en la actualidad. Sin embargo, ahora deberá manejar la opción “popular” frente a una izquierda más debilitada. En conclusión, ninguna de las dos izquierdas ha enfatizado la dimensión democratizadora y antielitista que debiese articular la independencia "del pueblo" en todos sus sentidos y "de" todas las formas de dominación. La opción independentista queda entonces nula, si ella no va acompañada de una independencia de los poderes fácticos que rigen a España, Cataluña y cualquier Estado hoy llamado democrático, y no tiende hacia una superación “real” de las estructuras de dominación.

De este modo, aun apoyando la opción democrática que puedan llevar adelante los habitantes de “los Países Catalanes”, y entendiendo como absolutamente esperable el rechazo a las políticas avasalladoras de la cultura catalana, los posibles resultados que traigan consigo las elecciones autonómicas del 27S no irán en un sentido democratizador si no traen aparejada una profunda discusión sobre modelo económico y soberanía "del pueblo no privilegiado".

Para el caso de Chile, por su parte, deberíamos tomar en consideración, a la luz de este ejemplo, las consecuencias que ha tenido la unidad europea a nivel geopolítico, deslegitimando los límites del Estado Nación en algunos países, especialmente en aquellos que se han conformado bajo una premisa de fuerza, o en los que sus Estados centrales han impedido la discusión sobre materias propias de cada pueblo, como sucede también en el caso chileno. En ese sentido, una enseñanza que deja el proceso independentista Catalán, que en ocasiones es comparado con la situación del pueblo Mapuche –erróneamente si lo pensamos desde la perspectiva de niveles de opresión y represión–, es que no se puede hablar de democracia si no se consideran las opciones de autodeterminación de las distintas culturas y naciones que coexisten, y muchas veces son avasalladas bajo una noción rígida de Estado-nación.

Por otro lado, tampoco se puede hablar de un proceso realmente democrático y democratizador, si este no incorpora la noción de pueblo desde una perspectiva de los no privilegiados, lo que necesariamente remite a hablar de políticas que superen la segregación y la desigualdad que genera el capitalismo y, en especial, el modelo neoliberal en la actualidad.

El uso de prácticas autoritarias y excluyentes –conformadas tanto a nivel político, como económico y cultural– llevará de manera permanente a generar violencia institucionalizada hacia los sectores dominados. En ese sentido, se hace necesario un debate crítico desde los sectores democráticos en todas partes del mundo hacia una transformación que problematice las opciones políticas realmente democratizadoras, que tienda hacia proponer una alternativa política de unidad y que sea a la vez respetuosa de las diferencias y de las propuestas de autodeterminación de cada territorio.

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