Recientemente los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), han propuesto una reforma legislativa para ampliar la figura jurídica de la “legítima defensa privilegiada” como forma de hacer frente a los denominados “portonazos” que han alertado a la opinión pública. Dicha propuesta viene a reflejar una práctica legislativa que se encuentra asentada en nuestros parlamentarios, con independencia del color político: que la delincuencia se combate endureciendo la ley.
Durante las últimas dos décadas la gran mayoría de las soluciones para combatir la delincuencia propuestas por legisladores, se han enfocado en: 1) crear nuevos delitos, 2) endurecer la pena de los ya existentes y 3) flexibilizar las garantías procesales y constitucionales de aquellas personas que son investigadas por algún delito.
Es importante aclarar dos cosas: 1) el enfoque actualmente utilizado es ineficaz y 2) el problema de la delincuencia requiere de otro tipo de medidas, como desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia criminológica.
Como ciudadanos debemos hacernos la siguiente pregunta: si el problema principal es que la policía no logra “pillar” a los delincuentes o bien, en caso de hacerlo, muchas veces no hay suficiente evidencia para condenarlos, ¿de qué sirve aumentar las penas de los delitos? Asimismo, ¿de qué sirve reinstalar la detención por sospecha o disminuir los requisitos del control de identidad si no existen unidades policiales dedicadas al análisis delictual?
Merece la pena aclarar que el análisis delictual implica estudiar los delitos que ocurren en un determinado lugar buscando patrones que permitan, en este caso, generar estrategias de prevención del delito. Lo anterior, claramente debiera ser una prioridad, pero al interior de la estructura actual de nuestro sistema penal esto no ocurre porque el sistema está operando casi exclusivamente de forma reactiva, vale decir, las policías y el Ministerio Público solo reaccionan una vez que el delito ha ocurrido y tienen escaso margen para elaborar políticas de persecución preventivas.
[cita] El problema actual no es la delincuencia como fenómeno, sino esencialmente la gestión de los recursos policiales y la falta de recursos del Ministerio Público. Y si el problema es de manejo de recursos, entonces el Estado debiera preocuparse de medir tal gestión, de fiscalizar la eficacia de la gestión de dichos activos y evaluar cómo mejorar su eficiencia.[/cita]
En otras palabras, el problema de la delincuencia obedece a que la forma en la cual está pensado el sistema penal chileno es ineficiente para los resultados que la sociedad espera del mismo. Sin embargo, si bien esta crítica parece ser compartida por varios legisladores, muchos de ellos apuntan a que el problema estructural estaría en las garantías establecidas en el proceso penal, y es ahí donde cometen el grave error.
El gran problema de la Reforma Procesal Penal no es que haya creado un sistema “garantista”, sino que –tal como su nombre lo indica– la reforma fue de carácter procesal, vale decir, enfocada a establecer una serie de reglas e instituciones para el proceso penal y por tanto, más que mejorar la eficacia en la prevención de la delincuencia, su objetivo fue mejorar la administración de justicia penal.
El problema actual no es la delincuencia como fenómeno, sino esencialmente la gestión de los recursos policiales y la falta de recursos del Ministerio Publico. Y si el problema es de manejo de recursos, entonces el Estado debiera preocuparse de medir tal gestión, de fiscalizar la eficacia de la gestión de dichos activos y evaluar cómo mejorar su eficiencia.
Cuando la reforma procesal penal entregó la dirección de la investigación penal al Ministerio Publico, jamás se pretendió castrar la labor investigativa de las policías. Sin embargo, en la práctica eso fue precisamente lo que ocurrió: la policía no investiga nada si no existe una orden del Ministerio Público, orden que, por el exceso de trabajo de la Fiscalía puede demorar meses en llegar, tiempo en el cual la evidencia desaparece.
Por otro lado, la policía actualmente solo hace aquellas diligencias que la Fiscalía pide o sugiere hacer, siendo pocas las unidades policiales que aun cuentan con iniciativa en materia de investigación penal. Lo anterior también se ve agravado por el hecho de que la dotación del Ministerio Público, actualmente colapsada, no da abasto para suplir las carencias que puede dejar la labor investigativa de la Policía. Y esta situación redunda en una burocratización de las investigaciones penales. Lo cierto es que en Chile se necesita que las policías vuelvan a tener un rol activo e iniciativa en la investigación de algunos delitos, por lo menos de los delitos contra la propiedad.
Desafortunadamente, los problemas de nuestras policías no acaban allí. Hay que entender que la policía mantiene una doble labor: la estrictamente policial, resguardar el orden público, y la de investigar y prevenir delitos. Sin embargo, desde que las policías pasaron a estar bajo el comando del Ministerio del Interior, la labor investigativa ha quedado en el olvido.
Y lamentablemente existen numerosos incentivos perversos para que esto ocurra: 1) la eficacia de la policía se mide por cantidad de detenciones y no por cantidad de personas condenadas o delitos resueltos; 2) parte de la dotación de Carabineros se utiliza para labores burocráticas, de tránsito, contener protestas, notificaciones judiciales o tomar de denuncias, lo que merma la cantidad de efectivos dedicados a investigar delitos, y para qué hablar de prevención o análisis delictual; 3) sigue existiendo una duplicidad de funciones entre Carabineros y Policía de Investigaciones, lo que se suma a la ausencia de una base de datos común entre ellas e incluso con el Ministerio Publico; 4) cuando un caso va a un Juicio no existe ningún incentivo institucional para la participación de los funcionarios de policía en el Juicio; 5) falta que las policías y el Ministerio Público mantengan metas de gestión conjuntas por resolución de casos, solo en la medida que las tres instituciones compartan objetivos se puede esperar un cambio real.
En suma, lo que Chile necesita no es la creación de nuevos delitos o reinstaurar la detención por sospecha. Lo que se necesita es una reforma policial, que pueda medir la eficacia preventiva e investigativa de nuestro sistema actual y proponer cambios a los nudos críticos que son necesarios. Necesitamos empoderar a la Policía, no mediante la flexibilización de garantías procesales, sino devolviéndoles la responsabilidad de la investigación de algunos delitos y otorgándoles los recursos para que puedan ejercer labores de análisis delictual y prevención de delitos, que tanto se requiere.
