Lo principal del anuncio Presidencial es que cierra un ciclo de incertidumbre constitucional insana para el buen funcionamiento de la democracia. Y lo hace fijando cronograma, instancias y formas para resolver dicha incertidumbre.
No existen Constituciones perfectas. Los modelos perfectos solo existen en la utopía de unos pocos académicos o idealistas. Lo cierto es que existen constituciones más o menos respetadas por la ciudadanía. Y normalmente el grado de respeto estará dado por dos factores esenciales: su origen y su capacidad de evolucionar armónicamente con el desarrollo de una sociedad. Al menos sabemos que la Constitución de 1980 tiene un problema grave en su origen. Y tenemos razonables dudas sobre su capacidad de adaptarse a los cambios que vive nuestra sociedad. ¿Eso la hace inútil? Para nada. Está de más decir que no ha sido un obstáculo para los 20 años continuos de desarrollo que tiene Chile. Más bien es una espina en el zapato que nos aparece cada cierto tiempo cuando somos incapaces de resolver nuestros conflictos. Y es porque en su sombra ronda el fantasma del quiebre de la democracia y sus altos quórums para ser modificada si los tiempos lo requieren. En pocas palabras, está simbólica y formalmente desvalorizada.
En eso el camino trazado ayer por el Gobierno parece razonable para alcanzar una Constitución que sea valorizada como una norma de todos. La Constitución como la casa de todos. Y esto, ya que por fin puso certezas a un diagnóstico compartido.
Primera certeza: tendremos una nueva Constitución construida en democracia. Algo que a todas luces resulta necesario y que pocos podrían discutir. El problema de origen de la Constitución no se terminó de cerrar el 2005, aun cuando la Carta Fundamental tenga la firma de un Presidente electo en democracia.
Segunda certeza: esto no se trata ni de una monarquía ni de una decisión presidencial. Como en toda democracia representativa, el poder constituyente derivado se radica en el Congreso y es él el llamado a determinar la mejor forma para ejercer dicho poder. Será el nuevo Congreso, electo bajo nuevas reglas de competencia y financiamiento, el que deberá establecer la nueva arquitectura constitucional que regirá a Chile para los próximos años. Esto debe ser así por necesidad legal y continuidad institucional. Y tiene sentido si ya sabemos que en la próxima elección parlamentaria uno de los asuntos fundamentales a debatir será la cuestión constitucional.
En tercer lugar: los quórum establecidos por el Gobierno para iniciar el proceso son una clara señal de que se busca generar consensos amplios y transversales para hacer de la Constitución y su mecanismo de aprobación la casa de todos. En este caso permitirán que tanto el Gobierno como la oposición se sienten a dialogar para buscar acuerdos que le den la legitimidad suficiente a una nueva Carta Magna, que esperamos pueda mantenerse estable en el tiempo.
En cuarto lugar: el mecanismo para resolver y redactar la nueva Constitución se transforma en un abanico de posibilidades que permitirán la participación de los ciudadanos más allá del mismo Congreso. En esto no cabe demonizar ni santificar procedimientos, sino de buscar cuál es el más eficiente para hacer de la Constitución una ley materialmente eficiente y socialmente legitimada.
¿Cuáles son los desafíos que se deberán enfrentar? Partiendo desde lo más simple, no queda claro cómo se elegirá al Consejo de Observadores que acompañará a los diálogos ciudadanos. Y tampoco queda claro si el producto final de estos diálogos será un documento de carácter vinculante o simplemente un documento que resuma propuestas que el Ejecutivo pueda considerar en su proyecto de ley.
[cita] Al bloquear la formación de nuevas fuerzas políticas, los partidos tradicionales mantendrán el control de un debate que requiere necesariamente de la mayor representación de expresiones políticas en el Congreso, más allá de las fuerzas actualmente representadas. Tal como lo muestran las cifras, los partidos tradicionales gozan de una baja popularidad e incluso sus padrones de militantes son bastante escuálidos como para aceptar la idea de “representatividad” frente a la ciudadanía.[/cita]
Pero quizás el principal desafío del proceso constituyente no se deriva de su cronograma y propuesta elaborada por el Ejecutivo. El problema pasará por evitar que el Congreso repita sus pecados actuales. Aun cuando el nuevo sistema electoral permitirá romper la dinámica binominal, queda pendiente rebajar barreras de entrada para la creación de partidos políticos, someter a reglas de refichaje y democracia interna a los viejos partidos y otorgar acceso al financiamiento público todos los partidos políticos e independientes para que el Congreso sea representativo del tipo de sociedad en que vivimos y no solo del 45% enmarcado bajo la lógica del SI y el NO.
Al bloquear la formación de nuevas fuerzas políticas, los partidos tradicionales mantendrán el control de un debate que requiere necesariamente de la mayor representación de expresiones políticas en el Congreso,más allá de las fuerzas actualmente representadas. Tal como lo muestran las cifras, los partidos tradicionales gozan de una baja popularidad e incluso sus padrones de militantes son bastante escuálidos como para aceptar la idea de “representatividad” frente a la ciudadanía.
En resumen, el Ejecutivo cumplió su parte cerrando finalmente el ciclo de incertidumbre en torno a los mecanismos para diseñar la nueva Constitución. Es turno ahora del actual Congreso, el que debe estar a la altura de un doble desafío. Por una parte, deberá aprobar las iniciativas pro transparencia necesarias para dotar de mayor legitimidad a este “nuevo” Congreso en el cual el Ejecutivo ha depositado sus esperanzas. Y por otra, deberá necesariamente aprobar la modificación a la actual Constitución, para así iniciar formalmente el proceso de debate constitucional.
